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Sacrificadas las 50 vacas maltratadas en Navalpino para las que pedían traslado a santuarios

Proanimal CLM estudia la posibilidad de denunciar a varias comunidades autónomas por “actuaciones irregulares” y “falsear la realidad”

La Consejería de Agricultura explica que ha cumplido con la resolución judicial que pedía evitar el riesgo para la salud pública

FOTO: Guardia Civil

Indignación en la asociación Proanimal CLM tras haber procedido la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha al sacrificio del medio centenar de vacas de Navalpino (Ciudad Real) que habían sido víctimas de abandono y maltrato animal. Este colectivo era depositario de estos animales para su traslado a diferentes santuarios pero, según apuntan “la supervivencia de estas vacas ha llegado a su final”. Por todo ello, dice estudiar la posibilidad de denunciar a altos cargos y funcionarios de varias comunidades autónomas por “actuaciones irregulares”.

Desde la asociación animalista, precisan que esta decisión cumple con la pretensión de la Junta, que ya solicitó a un juzgado de Ciudad Real en mayo de 2018 el sacrificio e incineración de las vacas, a las que había abandonado y maltratado un ganadero. Tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno regional el pasado mes de abril y la resolución judicial de mayo, donde se acordaba que Proanimal CLM fuese depositaria de los animales para su traslado a los diferentes santuarios de animales, finalmente no ha sido así.

“Este desenlace ha estado envuelto en una serie de actuaciones irregulares, por parte de funcionarios de diferentes comunidades autónomas, y ha contado con la autorización judicial”, añaden. Por ello, la asociación está estudiando la posibilidad de interponer denuncia penal ante la Audiencia Nacional frente a altos cargos y funcionarios de varias comunidades autónomas por “ciertas irregularidades y contradicciones en la actuación de solicitud de traslado de estas vacas”.

Entre otros motivos, destaca que la Junta de Castilla-La Mancha, previamente a conocer la situación sanitaria de las vacas, se comunicó de manera informal a través de e-mails con funcionarios (Jefes de Servicios de Sanidad Animal) de diferentes comunidades para "saber qué requisitos tenían que cumplir estos animales para autorizar su traslado", poniendo de relieve que los bovinos de Navalpino provenían de una calificación "de alta prevalencia de tuberculosis".

Pero Proanimal destaca que se realizaron dos saneamientos en la explotación de Navalpino: en la primera, tres vacas dieron positivo en tuberculosis y fueron sacrificadas, y en la segunda se obtuvo un resultado negativo en el resto de animales a dicha infección. Solo faltaba una tercera comprobación del estado de salud de los animales que hubiese permitido que viajasen a los santuarios y afirman no se llevó a cabo. Con ello, entienden que la Junta “actuó de mala fe” ya que, lejos de cumplir con su obligación de proceder al último saneamiento antes de solicitar el traslado a otras comunidades, “dejó constancia de la situación de infección en el primer saneamiento” (solo tres bovinos que fueron sacrificados). Por su parte, añade que diferentes Jefes de Servicio de las Administraciones de destino no dieron permiso para que los santuarios pudiesen acoger a las vacas.

"No se denegó la acogida de los animales"

Para Proanimal, la gravedad del asunto se centra en que, a diferencia de lo que mantiene el Gobierno regional, algunas administraciones de los santuarios “no denegaron la acogida de los animales”. Afirman que Frente L.A. Santuario Animal recibió acta de inspección de la Consellería Do Medio Rural de la Xunta de Galicia en la que expresamente admitía incorporar las reses vacunas procedentes de la explotación de Navalpino. Por otra parte, la Asociación Vacaloura Santuario Animal, tras requerir a la Xunta de Galicia información relativa a la tramitación de la solicitud de la Junta de Castilla-La Mancha sobre la autorización del certificado sanitario de movimiento, recibió comunicación de la Consellería Do Medio Rural donde informa literalmente: "En esta unidad no se recibió ninguna solicitud de autorización sanitaria de traslado por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que no puede haber la denegación de la misma que presupone en su escrito, así como ningún expediente con resolución desestimatoria alguna".

“Resulta obvio que se ha falseado la realidad de la situación y ello ha impedido salvar estas vacas. Todo ello, con la connivencia de los altos cargos responsables en esta materia. La asociación concluye afirmando que es “intolerable” que las administraciones, “lejos de velar por el bienestar animal, realicen ciertas prácticas porque les molesta la labor que realizan los santuarios y asociaciones animalistas.

Agricultura ha intentado "buscar la mejor solución" a este asunto

Por su parte, fuentes de la Consejería de Agricultura han explicado a eldiarioclm.es que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha intentado en todo momento buscar la mejor solución a este asunto. Precisa el Ejecutivo que en cumplimiento del auto dictado por el juzgado de Ciudad Real que lleva el caso, el Ejecutivo se hizo cargo de la custodia de los animales y se ha responsabilizado de la gestión y mantenimiento de la explotación ganadera abandonada (reunir las vacas escapadas, reponer mobiliario desaparecido, sanear y alimentar a los animales), desde el 23 de febrero de 2018.

Con fecha de 19 de julio de 2019 recibió el auto por el cual el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Real tras comprobar, tal y como indica el documento, la “ausencia de autorización de los diversos santuarios para acoger los animales”, requiere a la Consejería que “adopte las medidas que considere oportunas para salvaguardar y evitar riesgo para la salud pública”.

La Administración, ante la "imposibilidad de mantenerlos en un santuario", y tal como se indica en el auto, “si las mismas son el sacrificio, decomiso y destrucción de los animales, llévese a efecto de manera inmediata”, así lo ha ejecutado tal y como se ha dictaminado, trasladando al Juzgado, como así se solicitaba además, el informe de los gastos ocasionados a la Administración a los efectos de una posible responsabilidad civil.

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