Un informe cuestiona la mina de wolframio de Abenójar por “déficits en la toma de decisiones”

Los proyectos de minería a cielo abierto en la provincia de Ciudad Real siguen generando polémica entre los ecologistas y movimientos ciudadanos creados contra estas iniciativas. En el caso de la mina de wolframio proyectada en Abenójar (Ciudad Real), estos colectivos han puesto sobre la mesa un documento del Instituto de Estudios de la Tierra (IET), que auditó en 2017 la situación ambiental de la mina conocida como ‘El Moto’, y al que ha tenido acceso eldiarioclm.es. El IET es una entidad privada e independiente dedicada a la asesoría en materia de Planificación y Gestión Ambiental y que reúne para ello a un variado grupo de expertos.

En primer lugar señala una serie de “déficits en la toma de decisiones” referentes a varios ámbitos como el agua. Sobre este punto considera “anómalo” que se haya dado el visto bueno al Estudio Hidrológico “relatando sus carencias” pero condicionando en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se presente un nuevo estudio integral, cuando “lo más lógico hubiera sido esperar” a las conclusiones de este último.

“Es preciso resaltar la necesidad de extremar las alertas en este sentido, tras los accidentes ocurridos por malas praxis y déficits de vigilancia, en las actividades mineras y en sus infraestructuras asociadas (balsas) cuyos accidentes han provocado desastres ecológicos de enorme entidad”. En este caso concreto, el estudio detalla la cercanía del azud del que se abastece el municipio: habría que “incrementar cautelas para evitar la contaminación de mercurio y arsénico que se derivarían de la explotación” y de sus aguas residuales.  

También establece que el cercano Arroyo de la Virgen posee un régimen estacional muy marcado secándose en los meses estivales prácticamente en su totalidad. Por tanto, cualquier detracción de agua como la que plantea la mina “alteraría el régimen desecándolos en su totalidad”, una situación que no queda aclarada ni en el Estudio de Impacto Ambiental de la promotora, ni en la DIA del Gobierno regional.

En un segundo bloque, en cuanto al medio natural y la biodiversidad, se refiere a la falta de información en los informes técnicos del promotor de la mina, con un listado de especies de potencial presencia solo por avistamientos pero sin recoger “la capacidad de acogida faunística de la zona”, en el caso del buitre negro, el águila culebrera, el milano real o la nutria. “Ligado a esto tampoco se realizó una valoración adecuada a la Red Natura 2000 pues aunque no se afectara directamente por ocupación, sí afecta a los objetivos declarados para su conservación, es decir, los efectos indirectos en la misma”, añade. Refiere que la zona donde se pretende instalar la mina ejercería de interconector entre los distintos espacios de la Red, “corredores ecológicos esenciales para el mantenimiento de la biodiversidad”.

Otro aspecto relevante que señala el estudio es la situación sociológica o económica del lugar, que “haría pensar en que la calidad de vida y el mantenimiento poblacional dependen de la mina, aún con sus riesgos”. Estos expertos explican que hay una realidad constatada en otros casos: la mano de obra prometida “se reduce en la realidad”, ya que es especializada en gran medida y requeriría de cursos de formación que no están contemplados en el proyecto. “Establece un número de empleos sin determinar claramente la tipología, pareciendo más una opción al optimismo que una realidad técnica”.

“Realmente preocupante” no asegurar los nulos riesgos para la salud pública

El Instituto de Estudios de la Tierra considera así que el proyecto es “cuestionable” pues no presenta las características necesarias para “asegurar los nulos riesgos que deben estar garantizados tanto por razones ecológicas sino (ligado a estas) sobre la salud pública que es lo que realmente es preocupante”, tanto al personal de la finca y sus actividades como en especial a los núcleos de Abenójar, Navacerrada e incluso Almodóvar del Campo.

Concluye que la mina producirá unos efectos evidentes en un territorio “donde existen recursos naturales explotables”, rompiendo “una realidad de calidad ecológica tan útil y necesaria para posteriores acciones”. Y recomienda lanzar en contraprestación una iniciativa en conjunto con los ayuntamientos de la zona y otras organizaciones sociales, culturales y ambientales, incluida la Junta, de un “Plan de Desarrollo Sostenible” en la zona, de cara a potenciar el “uso adecuado de los recursos naturales y su renovabilidad”.

Este Plan podría contener conjuntamente desarrollos agrícolas coexistiendo con otras acciones ecoturísticas (por ríos, en cuevas o con la instalación de puntos de observación de aves), potenciando elementos como sendas ecológicas, gastronomía de recursos propios (caza), o áreas de interés cultural del entorno. Y para ello propone desbroces en pequeñas parcelas, revegetación en vaguadas, implantación de setos y comunidades arbustivas, forestación, podas de producción, clareos en masas artificales, creación de charcas y puntos de agua, o áreas de cortafuegos.

La mina de wolframio está proyectada por la empresa Minning Hill’s. Este elemento, también llamado tungsteno, puede encontrarse en forma de óxido y de sales minerales, y se ha convertido en un mineral estratégico a nivel mundial, según la Comisión Europea, que lo ha incluido en el listado de materias primas críticas: aquellas con una alta importancia económica y con alto riesgo de falta de suministro. Se utiliza hoy en día en la construcción de teléfonos móviles, placas de circuitos, instrumental odontológico, fuentes de luz, maquinaria pesada, plantas de producción de energía, coches, aviones o trenes, e industria militar.

El proyecto fue autorizado en diciembre de 2015 después de que comenzara a tramitarse en la anterior legislatura, y en agosto de 2016 recibió la primera concesión para la explotación minera. Cuenta también con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y en abril de 2017 recibió además su calificación urbanística para la construcción de un acceso desde la carretera comarcal. Fue en este último trámite cuando la Consejería de Fomento ofreció algunos detalles de la iniciativa, entre los que destacó la creación de 175 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. Para el Gobierno regional, según comenta el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, es importante esta apuesta por la industria como “sector que posibilita la creación de empleo, el crecimiento económico y la fijación de población”.

Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra la concesión de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) instando no solo a que se negara esa moratoria, sino también a que se archivara el expediente administrativo. Los primeros motivos que expuso este colectivo se referían a la falta de agua, a los riesgos de contaminación y a la afección a fauna de “altísimo valor”, comparando además esta situación con la denegación de los permisos del proyecto de tierras raras en el cercano Campo de Montiel. El Gobierno castellano-manchego niega este extremo. Agustín Espinosa resalta que la Consejería de Medio Ambiente es “muy escrupulosa” en estas cuestiones y que si la medición del impacto fue positiva es porque no existe ninguna afección ambiental. A partir de ese momento, la Junta considera que el proyecto debe seguir delante de la misma forma: “Cumpliendo con la transparencia y con todos los trámites previstos”. 

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