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Anticorrupción ve indicios de delito de los dos últimos alcaldes de Benidorm por no cerrar el restaurante ilegal en la isla protegida

Restaurante en la isla de Benidorm, empresa que ocultaría el número real de visitantes con la connivencia de los funcionarios.

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La falta de actuación de los dos últimos alcaldes de Benidorm respecto al restaurante ilegal ubicado en isla que está dentro del parque natural de la Serra Gelada, podría ser constitutivo de un delito. Así lo ve la Fiscalía Anticorrupción, tras la denuncia efectuada por Antifraude, que encuentra indicios de delitos tanto en el actual alcalde desde 2015, Toni Pérez (PP), como en su predecesor socialista Agustín Navarro, alcalde entre 2009 y 2015.

El restaurante propiedad del empresario José Cervera, continúa funcionando a pleno rendimiento con más de 100.000 turistas anuales, y supone un negocio millonario que está abierto desde 1959, siempre de forma ilegal.

Según avanza el digital Alicante Plaza, la Fiscalía Anticorrupción ha trasladado la causa a los juzgados de Benidorm para iniciar la instrucción penal del caso.

La denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude se produjo tras una exhaustiva investigación de más de año y medio, y concluyó que la inacción del Ayuntamiento de Benidorm ante este negocio ilegal construido en un paraje protegido podría se constitutivo de delito de los alcaldes Navarro y Pérez.

El restaurante no tiene licencia ni título concesional y está en dominio marítimo-terrestre dependiente del Estado a través de la Dirección General de Costas, que no ordenó hasta febrero de 2019 su demolición, cuando Antifraude inició la investigación, pero todavía sin ejecutarse. Así la denuncia también se va contra los responsables de Costas en los últimos años por su tolerancia ante una actividad que, según la denuncia, no podían desconocer dado su tamaño y relevancia.

El negocio tiene una denuncia de la Conselleria de Medio Ambiente por vertidos ilegales en el parque natural. Hasta el departamento de tributos del Ayuntamiento de Benidorm inició en 2013 un proceso para dejar de cobrar el dinero que el negocio pagaba fuera de todo control y sin criterios objetivos. Pero las cocinas y los tiradores de cerveza en el paraje protegido siguen funcionando sin que los alcaldes del municipio hayan hecho nada por evitarlo.

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