Las instituciones valencianas presionan a Rajoy para que el sistema de financiación esté reformado en 2018
Los trabajos de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica van avanzando. Esta comisión se ha reunido este miércoles con el equipo de expertos que realizó el informe sobre la infrafinanciación valenciana, Francisco Pérez, para establecer los puntos en los que es necesario trabajar y establecer un calendario.
Según se ha concluido, se debe hacer hincapié en el principio de suficiencia financiera, el principio de equidad y en el reconocimiento del endeudamiento de las comunidades afectadas por el sistema de financiación. El borrador con el proyecto de reforma del sistema estará listo el 10 de agosto, según ha explicado el Conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien prevé que el nuevo modelo de financiación autonómica arranque el año que viene. En cualquier caso, el conseller Soler ha explicado su 'plan B' en caso de que el modelo no pudiera estar listo para 2018: la creación de unos fondos para paliar el déficit diferencial de la Comunidad Valenciana.
Podemos, sin embargo, se muestra más escéptico con los plazos. A juicio de su síndic, Antonio Montiel, si el borrador se presenta en agosto, no llegará a tiempo para el anteproyecto de presupuestos de 2018, lo cual ya retrasaría un año su implantación. Esto, sumado a la falta de voluntad política del Gobierno central, complica la cuestión.
A la voluntad del Ejecutivo de Marianjo Rajoy han apelado todos los representantes parlamentarios y el conseller de Hacienda. Los síndics reconocen que, por muy buen trabajo que esté realizando la comisión, es el Gobierno central quien debe aplicar el nuevo modelo. Para alentar la voluntad de Rajoy los grupos proponen diversas vías, entre ellas “visibilizar el problema valenciano en Madrid”, que pasa para Podemos y Compromís por instar a las movilizaciones de la ciudadanía. Ciudadanos por su parte propone “hacer pedagogía” e intentar sumar a las comunidades autónomas que no están infrafinanciadas, convencerlas para ejercer la solidaridad entre regiones para cambiar un modelo que es “perjudicial para todos”.
Los populares temen que la negativa de Cataluña a participar en las reuniones lastre los trabajos de reforma. “No queremos que se considere que falta legitimidad en este acuerdo. Es necesario que Cataluña forme parte”, ha explicado su representante Rubén Ibáñez. Desde el PSPV-PSOE, José Muñoz recuerda que el acuerdo político también es necesario para fijar el Estado del Bienestar y la distribución de la riqueza.
