Colombia se rebela contra la venta de un consorcio sanitario a Ribera Salud
La Procuradoría -una especie de fiscalía encargada de supervisar el gasto de dinero público, la Contraloría -una suerte de Tribunal de Cuentas-, algunos politicos (el senador Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali) y varias organizaciones sociales se oponen o han criticado la venta de un consorcio de salud de Colombia a un grupo empresarial participado por Ribera Salud, la gestora del Hospital de Alzira.
La empresa española, participada por una compañia estadounidense, Centene, y el el Banco Sabadell - está en armas contra la Generalitat Valenciana, que ha anunciado la reversión a la sanidad pública de un área de salud que gestiona, la que incluye al hospital de Alzira.
En ese contexto, el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, presentó su entrada en Colombia como “un gran reconocimiento para el modelo de gestión que la compañía desarrolla desde hace más de dieciocho años en la Comunidad Valenciana”. La sociedad gestiona parte de la sanidad pública valenciana gracias a una concesión de un gobierno autonómico del PP.
No todos en Colombia están satisfechos con la operación que lleva a Ribera Salud a aquel país. Cafesalud era una aseguradora con seis millones de clientes y una red de más de 60 hospitales y centros de salud. Fue rescatada por el Estado tras la quiebra de su matriz y ahora ha sido vendida al mejor postor, Prestasalud.
Este consorcio está formado por Ribera Salud y más de una decena de socios locales, que han pagado 250 millones de euros por Prestasalud. La procuradoría se opone a la venta, porque en ésta no se ha garantizado “la pluralidad, idoneidad y la selección objetiva”, según recoge el diario colombiano El País. Además, el concesionario carece de experiencia en “materia de aseguramiento en salud”, lo que pondría en duda su capacidad.
La contraloría también expresó dudas sobre la operación. El senador Ospina califica de “equivocación” la venta a Prestasalud. “No tendría la capacidad para atender las necesidades de los 6 millones de usuarios”, dice. Las organizaciones líderes en control social -la red de Veedurías- han anunciado “acciones legales” por la afectación al “patrimonio público y la calidad de prestación del servicio”.
En medio de la “verdadera tormenta y el manto de duda” del asunto, como lo califica El País, algunos comentaristas de El Espectador, el diario decano de Colombia, han mencionado las supuestas irregularidades cometidas por Ribera Salud en la Comunidad Valenciana, donde está siendo investigado por cobrar comisiones por prótesis pagadas con dinero público.
La “venta de Cafesalud debe echarse atrás”, escribe José Roberto Acosta. “Entre los gestores del consorcio ganador existen muchos de dudosa reputación”. La expansión de Ribera Salud en Hispanoamérica -ya tiene intereses en Perú y Chile- no parece fácil.
