Compromís insta al Tribunal de Cuentas a investigar la presunta financiación ilegal del PPCV en las campañas de 2007 y 2008
El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Enric Morera, he emitido un escrito a la Subdirección Técnica de Fiscalización de la Contabilidad de los partidos políticos del Tribunal de Cuentas para solicitar que este organismo abra una búsqueda de oficio sobre la presunta financiación ilegal del PPCV en las campañas de las elecciones municipales de 2007 y generales de 2008, según informa la coalición nacionalista.
Según Morera, existen motivos suficientes para abrir una investigación de oficio por parte del Tribunal de Cuentas, “de acuerdo con el artículo 134.2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 19 de junio, de Régimen Electoral, le corresponde a esta entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora, pronunciarse sobre la regularidad de las contabilidades electorales y puede proponer la no adjudicación o reducción de la subvención estatal al partido, federación, coalición o agrupación de la que se trate”.
El portavoz de Compromís también ha preguntado al Tribunal de Cuentas que, una vez finalizado el proceso jucicial “en el que se demuestre que esta financiación ha sido irregular”, Si van a tomar las “acciones oportunas para recuperar para el erario público” las subvenciones concedidas al PPCV con motivo de los comicios anteriormente mencionados (2007 y 2008).
En el escrito, Morera argumenta que existen “indicios razonables” para considerar que el presunto caso de financiación irregular “ha incurrido en falsedad de la información contable enviada por el PPCV al Tribunal de Cuentas, y por tanto, un grave daño a las arcas públicas en forma de subvención electoral a la citada formación de dudosa legalidad”.
Por ello, el síndic de Compromís solicita al Tribunal de Cuentas que abra un informe interno para delimitar si las subvenciones electorales otorgadas al Partido Popular “se ajustaron a derecho y, en el caso de contemplar irregularidades en la información presentada y exceso de los gastos electorales, se retribuyan al erario público y se adopten las medidas legales y sancionadoras contempladas”.
