Medio Ambiente estima sobrecostes de 1 millón de euros en las 59 depuradoras de València que controla Egevasa
La gestión de las 59 depuradoras de la provincia de València que controla Egevasa, empresa participada por la Diputación de València en un 51% y por Aguas de València en un 49%, está tensando las relaciones entre la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián (Compromís) y la administración provincial que preside Jorge Rodríguez (PSPV).
Desde la Entidad Pública de Saneamiento (EPSAR), entidad dependiente de la Conselleria, están decididos a recuperar la gestión de estas instalaciones que además son de su propiedad.
Fuentes de la EPSAR han explicado que fue en el año 1997 cuando la Generalitat cedió en exclusiva a Egevasa, hasta ese momento empresa 100% pública, la gestión de las depuradoras a través de un convenio. Casualmente, un año más tarde, la empresa se privatizó tras adquirir Aguas de València un 49% de la compañía.
Las mismas fuentes han explicado que la intención de la EPSAR es denunciar este convenio, ya que entienden que no se ajusta a la nueva ley de Régimen Jurídico del Sector Público del año 2015, la cual obliga a revisar estos acuerdos entre administraciones.
Además, han cifrado en entre 500.000 euros y 1 millón de euros anuales los sobrecostes de los precios que se generan en virtud de este convenio debido a que desde que se firmó el servicio no se licita ni se saca a concurso, con lo cual, no existe competencia que obligue a Egevasa a ajustar precios y a mejorar sus servicios y las instalaciones.
Así, la EPSAR paga a Egevasa unos 5,5 millones de euros anuales por la gestión de sus 59 depuradoras, entre un 10% y un 20% más que otras explotaciones de Castellón o Alicante que se sacan a concurso cada ocho años.
En el último consejo de administración de la EPSAR se abordó la propuesta de denuncia del mencionado convenio para recuperar la gestión de estas depuradoras. Sin embargo, el consejo acordó solicitar un informe jurídico a Abogacía de la Generalitat y abrir una mesa de negociación con la Diputación sobre esta cuestión.
Con el informe jurídico en la mano, se producirá una segunda reunión para abordar la cuestión. Sin embargo, las posturas están distantes y desde la Diputación no están dispuestos a claudicar. Al menos, no van a ponerlo fácil.
Al respecto, fuentes provinciales han comentado que Egevasa es una entidad mayoritariamente pública y que si se sacara a concurso, en la práctica se estaría privatizando la gestión puesto que se adjudicaría a alguna empresa privada.
Además, han asegurado que sus informes jurídicos entienden que la Ley de 2015 no obliga a modificar los convenios anteriores a su aprobación.
Por este motivo, han ofrecido la posibilidad de hacer un estudio con los precios del resto de explotaciones para ajustarlos si efectivamente están por encima del precio de mercado.
Además, las mismas fuentes han explicado que la pérdida de la gestión de estas depuradoras supondría dejar en el aire unos 70 puestos de trabajo de los 350 empleados que tiene actualmente Egevasa.
Así pues, se dibuja en el horizante un nuevo tira y afloja entre Compromís y el PSPV que servirá para medir la capacidad de ambos para entenderse, o la fuerza de uno y otro para anteponer su criterio.
