La coordinadora para la prevención de la tortura denuncia cuatro casos de violencia policial en territorio valenciano
Al menos una decena de personas, en cuatro casos diferentes, sufrieron malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en la Comunidad Valenciana el pasado año, según señala la coordinadora para la prevención y la denuncia de la tortura en su informe anual correspondiente a 2016. Los episodios se produjeron en Valencia, Benidorm y Cheste.
Según la documentación presentada este miércoles por la asociación Obra Mercedaria de Valencia, integrantes de la coordinadora, en el conjunto de España han los episodios de violencia policial sucedidos en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) y en las manifestaciones. En total, según sus datos, en 2016 hay registradas 117 situaciones que afectaron a 259 personas.
En los casos valencianos, cinco ciudadanos de origen argelino y marroquí denunciaron haber sufrido malos atratos por parte de la Policía Nacional que custodia el CIE de Zapadores y fueron deportados a sus países de origen; un portero de discoteca de origen rumano denunció -y aportó un vídeo como prueba- haber sido agredido por la Policía Local de Benidorm tras un altercado entre clientes; dos hombres de nacionalidad rusa, tras ser detenidos y puestos en libertad, fueron agredidos en Valencia por dos policías nacionales, posteriormente detenidos y que quedaron en libertad con cargos; y una mujer cuya nacionalidad no se detalla denunció haber sido lesionada, vejada y humillada por la Guardia Civil en el circuito de Cheste.
En 2014 se registraron 14 situaciones que afectaron a 31 personas aunque, según la entidad, el descenso de casos no se debe a una disminución de la violencia policial, sino a las trabas para recabar denuncias y a la opacidad de las instituciones. El informe recoge únicamente los casos en los que consta denuncia y de los que se tiene conocimiento a través de la prensa o de movimientos sociales.
Maria Ángeles Orti y César Manzanos, representantes de la coordinadora, señalan que cuentan con testimonios de más agresiones, pero que al no existir denuncia formal la entidad rehúsa incluirlas. “La mayor parte de las personas están indefensas y no denuncian por miedo”, han recordado. Además, quienes están más protegidos suelen decaer del procedimiento judicial, por falta de apoyos o de medios económicos, han insistido.
Para prevenir las agresiones, la entidad propone que un organismo independiente del Estado pueda acceder a las comisarías y centros de detención de forma aleatoria para inspeccionar las condiciones en las que se encuentran los arrestados y garantizar que los protocolos sean efectivos.
