Dos entidades públicas recuperan 1,6 millones de euros de los más de 20 millones robados en la depuradora de Valencia con el PP

El caso Emarsa supuso un monumental saqueo de la depuradora de Pinedo, que da servicio a València y su área metropolitana, por parte de los cargos directivos nombrados por el Partido Popular valenciano. Una auténtica trama dedicada en cuerpo y alma a esquilmar las cuentas públicas de dos empresas públicas —la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat Valenciana, y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi)— cuyos máximos responsables de entonces cumplen largas penas de prisión confirmadas por el Tribunal Supremo. En paralelo a las sentencias penales, los responsables del fenomenal robo también han sido condenados a devolver un total de más de 20 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas.

Ambas entidades han logrado recuperar, de momento, 1,6 millones de euros como perjudicadas y ahora persiguen quedarse con el patrimonio de los responsables del saqueo. Durante el procedimiento, ambas entidades públicas acordaron un reparto de las indemnizaciones (un 45% para la Emshi y un 55% para la Epsar). Así, la entidad metropolitana ha logrado ingresar hasta el momento cantidades que suman 770.517,06 euros.

El equipo jurídico de la entidad metropolitana consiguió además que se le reconociese a la Emshi el derecho al cobro de las costas del procedimiento, una cantidad que han logrado recuperar de algunos de los condenados que alcanzaron un pacto. Respecto a aquellos condenados que no entraron en el acuerdo, la Emshi se prepara para tasar las costas y proceder a su cobro.

Del total de la cantidad saqueada, 10,5 millones, además de los intereses, las costas y los costes de liquidación, irán a parar a la Emshi, según el reparto acordado por las entidades públicas dedicadas a la gestión y depuración del agua. Así, la justicia ha embargado inmuebles, fincas rústicas, vehículos, participaciones sociales y cuentas bancarias a los condenados.

Algunos de los condenados, entre los que destacan el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, y Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa, o Esteban Cuesta, exgerente, poseen un importante patrimonio inmobiliario que incluye fincas rústicas, industriales o urbanas, garajes y trasteros e incluso apartamentos en Andorra, lugar de destino de algunos de los fondos públicos blanqueados por la trama corrupta.

Las entidades públicas víctimas del descomunal saqueo han acordado iniciar la vía de apremio, por lo que los bienes inmobiliarios irán ejecutándose para cobrar las cantidades adeudadas.

La concejala del Ayuntamiento de València y presidenta de la Emshi, Elisa Valía, reconoce que el proceso de recuperación del dinero saqueado es lento por los embargos a los condenados de los bienes que conservan a su nombre. “Cuesta mucho esfuerzo, estamos en ello y confiamos en poder recuperar todo el dinero robado”, señala Valía. “Ahora mismo es poco pero tenemos previsto reinvertirlo en el suministro de agua en alta”, explica la presidenta de la Emshi.