Una exdirectiva dice que el 'yonqui del dinero' le indicaba a quién contratar y que no sabía que existieran 'zombies'

María Escrihuela, quien fuera directora de Formación y de Gestión de Personas y Conocimiento de la extinta empresa pública Imelsa, ha negado irregularidades en la entidad y ha apuntado que era el exgerente Marcos Benavent quien le indicaba a quién contratar, “pero dentro de una relación laboral normal”, ha aclarado. Así mismo, ha negado que supiera la existencia de personas que no iban a trabajar, los conocidos como 'zombies'.

Escrihuela se ha pronunciado en estos términos durante su declaración, como acusada, en el juicio que se sigue contra ella y otras 24 personas más en la Audiencia de Valencia por las piezas B y F del 'caso Taula'. Estaba previsto que este viernes comenzar a declarar el ex secretario autonómico de Educación y exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla, pero su testimonio se ha tenido que posponer por un problema con una documentación a la que no se tenía acceso.

La ex alta directiva, que se enfrenta a seis años de prisión —tal y como le reclama provisionalmente el ministerio fiscal—, ha explicado que comenzó a trabajar en Imelsa en marzo de 2008 tras proponérselo Benavent, autodenominado 'yonki del dinero'.

La acusada, licenciada en Psicología, ha indicado que el motivo por el que ingresó en Imelsa fue para fomentar la motivación y el rendimiento del empleado: “Se pretendía un cambio de cultura y yo era especialista”, ha expuesto. Así, en la empresa llevaba la gestión de personas y había otro departamento jurídico-laboral.

Las contrataciones, ha dicho, dependían de ella “en parte” y también al departamento jurídico, pero no los salarios. Ha comentado que ella no intervenía en el proceso de selección y que era Benavent o el personal de Brigadas quien le decía a qué personas había que contratar.

“La contratación no me venía impuesta, sino que una persona jerárquicamente superior a mí me decía que había que contratar a alguien. Era una orden laboral normal que se tiene en las empresas, una comunicación”, ha afirmado, e interpelada por si se podía oponer a una contratación, ha respondido: “Nunca ví nada que me hiciera pensar que me tenía que oponer a algo”.

La acusada ha indicado, además, que los contratados en Imelsa podían trabajar en otros edificios de la Diputación “haciendo labores, por ejemplo, de apoyo a consejeros delegados, de prensa o del departamento de Turismo”.

Sobre la existencia de asesores y su legalidad, Escrihuela ha señalado que consultó con el director jurídico esta figura y éste le contestó que “sin problema”, que existía desde 1998 y que no había ningún problema jurídico: “A mí me decían que contratara a una persona con un contrato de asesor y el jurídico de la empresa no le daba más importancia, no le veía problema. Así que para mí tampoco lo había”.

No lo detectó

La acusada, preguntada por los 'zombies', ha asegurado que no detectó la existencia de trabajadores que no trabajasen y tampoco nadie se lo comentó. “De ser así, inmediatamente hubiera abandonado mi puesto de trabajo”, ha apostillado. “A mí no me vino ningún asesor para decirme que no le daban trabajo”, ha agregado.

Para controlar la asistencia de empleados, ha explicado que ella puso en funcionamiento un sistema de fichaje electrónico pero al que no podía acceder todo el mundo, sino únicamente los que contaban con ordenador.

En relación con la productividad y las dietas, que la acusada también disfrutaba en Imelsa, ha expuesto que se quería fomentar la motivación y ha señalado que su productividad la aprobaba el gerente: “Yo cobraba siempre la productividad máxima porque cumplía con objetivos y de sobra”, ha apuntado.

“Ningún problema”

En la sesión de este viernes también ha declarado, como acusado, el ex director financiero de Imelsa José Enrique Montblanc, para quien la Fiscalía también reclama una pena de seis años de prisión.

Montblanc ha explicado que comenzó a trabajar en la empresa pública en febrero de 2008 tras entregar un currículum y ha afirmado que quien le contrató fue Marcos Benavent. En unos meses pasó de ser director de inversiones a director financiero tras un despido, ha explicado.

En su testimonio, ha defendido su gestión y ha aseverado que Imelsa estaba sometida al control financiero de la Diputación, a una Intervención y a una auditoría privada, “y en ningún momento se mencionó ningún problema” con el asunto, por ejemplo, de productividades, ha dicho.

Sobre la retribución variable que cobró, ha aclarado que se trata de “error informático” en algunos meses en los que aparece este concepto y, en relación a las dietas, ha afirmado que se le pagaron porque, aunque no viajaba, se quedaba por las tardes a trabajar en la empresa y “se pagaba ese sobrecoste, esas comidas y esas horas de más que Imelsa no pagaba. Tengo un horario excesivo que me supone un coste a mi bolsillo, como es quedarme por las tardes”, ha aseverado.

Por último, preguntado por si podía hacer objeciones a contrataciones propuestas en la empresa, el acusado ha indicado que a él no le consultaban estos temas: “No me llegaban, era materialmente imposible”, ha apostillado.

Otro acusado que también ha declarado este viernes ha sido Ángel Ramón Sanchís, amigo personal de Rus, quien ha manifestado que hizo trabajos como asesor para Imelsa, en concreto, para el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis.

Ha indicado que su jornada laboral era “como mínimo” de seis horas y ha expuesto que se ocupaba de dar información a Llopis, a quien conocía desde hacía 20 años por ser alcalde de un pueblo próximo al suyo, sobre zonas forestales y trabajos de las brigadas.

Por su parte, un acusado más, Francisco José Antequera, ha señalado que comenzó a trabajar en Imelsa en 2011 auque desconoce de quién surgió la idea de contratarle. Ha manifestado que su labor era la de asesor y que no trabajaba en las oficinas de Imelsa porque no había espacio, según le comentaron. Le asignaron otro puesto físico para trabajar en Diputación. Ha aclarado que “nunca” trabajó para el PP.

La última en declarar ha sido Carolina de Miguel, quien ha afirmado que trabajó en Imelsa como asesora del exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, quien contactó con ella para el empleo.