Las facturas de la 'trama Púnica' con el PP valenciano: casi 4.000 euros por abrir una cuenta en Twitter de las conselleries de Cotino o de Blasco
La trama Púnica, presuntamente capitaneada por el empresario Alejandro de Pedro, tuvo una intensa relación con el gobierno autonómico del Partido Popular en la Comunitat Valenciana que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón investiga un desvío de más de 275.000 euros de fondos públicos que se habrían destinado a sufragar campañas de imagen en Internet de políticos del PP madrileño y valenciano. El magistrado mantiene imputados a la exalcaldesa de Dénia Ana Kringe, y al exalcalde de Castelló Alfonso Bataller y su último auto ha dejado a Víctor Soler, exdiputado del PP en las Cortes Valencianas y actual líder del partido en Gandia, al borde de la imputación, tal como ha adelantado ValenciaPlaza.
El presunto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, facturó 61.403 euros a varias conselleries del Gobierno autonómico de Francisco Camps. Las facturas incluyen conceptos genéricos e importes que cuadriplicaban el precio que la misma empresa cobraba en otras comunidades autónomas, según el portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri. El diputado valencianista aportó las facturas a la instrucción del caso en la Audiencia Nacional y fue denunciado por injurias por el empresario.
La mercantil EICO Reputación Management SL facturó a la conselleria de Rafael Blasco, condenado por corrupción, por la “prestación del servicio de realización de un estudio, puesta en marcha y parametrización del perfil CEVEX [Centros Valencianos en el Exterior] en las redes sociales Facebook y Twitter”. El gasto se justificó por la “imposibilidad de realizar el servicio a través de medios propios de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía” que dirigía Blasco. La factura asciende a 3.964,8 euros, según la documentación en poder del juez de la Audiencia Nacional.
A la Conselleria de Educación, en aquel momento dirigida por Alejandro Font de Mora, la empresa de la trama Púnica facturó 6.068 euros por la “escucha activa mensual en medios digitales, redes sociales y globosfera”. La mercantil también hizo trabajos similares para la Conselleria de Medio Ambiente, entonces en manos del fallecido Juan Cotino. Y así hasta 16 trabajos para varios departamentos de la Generalitat Valenciana de la época del PP de Camps.
El diputado de Compromís solicitó, tras el cambio de Gobierno en 2015, los informes elaborados por la empresa de Alejandro de Pedro pero o no existen o no han aparecido nunca. Fran Ferri aportó la documentación a la instrucción de la Audiencia Nacional, aunque Compromís no se personó como acusación popular.
La investigación, tal como ha informado este diario, rastrea más de 275.000 euros pagados con fondos públicos para campañas de reputación online de políticos del PP, tanto en Madrid como en la Comunitat Valenciana, o la creación de periódicos zombis. Por este último concepto, la presunta trama facturó 21.570 euros al Ayuntamiento de Gandía, cuando gobernaba el PP.
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