El juez de Púnica investiga otro desvío de más de 275.000 euros de fondos públicos para campañas de reputación online de políticos del PP

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga en el marco de la trama Púnica un desvío de más de 275.000 de dinero público que se habría destinado a sufragar campañas de imagen en Internet de políticos del PP en Madrid y la Comunitat Valenciana. Esta cifra es la suma de las decenas de facturas que están bajo la lupa del juez y de la Fiscalía Anticorrupción y que aparecen recogidas en el auto por el que el magistrado acordó este 3 de noviembre imputar a 17 personas, entre ellas cinco exalcaldes del PP. Uno de ellos, Ignacio García de Vinuesa, que fue regidor de Alcobendas entre 2007 y 2019, dimitió este jueves de su actual puesto como Comisionado para la Atención a las Víctimas de Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras trascender su imputación. 

La Fiscalía Anticorrupción, que solicitó estas diligencias, sospecha que estas campañas de reputación “con un objeto personal y privado” se abonaban con fondos públicos y se camuflaban mediante contratos para campañas de “publicidad simulada” de la administración concernida o supuestas actividades de formación y auditorías. Los contratos están ligados en todos los casos a empresas de Alejandro de Pedro, a quien se considera uno de los conseguidores de la trama. De Pedro está acusado de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude y llegó a pasar 56 días en prisión provisional cuando estalló el caso en 2014. 

Las nuevas diligencias tratarán de arrojar luz sobre supuestos amaños de contratos en tres ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y cuatro de la Comunidad de Madrid, así como en la Consejería de Educación madrileña en la época en la que su titular era Lucía Figar, ya imputada en esta causa. Figar fue consejera de Educación entre 2007 y 2011 cuando Esperanza Aguirre era presidenta. Además de García de Vinuesa el juez ha imputado a los exregidores Ana Maria Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxa (Majadahonda) y a varios de sus colaboradores, entre los que hay exconcejales del PP y otros ex altos cargos. Otras dos líneas de investigación del caso, diferente a esta, indagan en las actividades de De Pedro y sus empresas en Murcia y la provincia de León, por lo que la cifra de dinero desviado podría ser mayor. 

“Conceptos imprecisos”

Ignacio García de Vinuesa, que hasta este jueves era alto cargo en la Comunidad de Madrid con un sueldo de 75.084 euros anuales, es un veterano aguirrista al que juez atribuye indiciariamente delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación por estas contrataciones. 

Según la investigación, las empresas de De Pedro ingresaron entre 2011 y 2014 —con él como regidor— al menos 69.051 euros del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas, un organismo autónomo dependiente del consistorio, por supuestos trabajos de posicionamiento web para el ayuntamiento apoyados en facturas “con conceptos imprecisos y sin concreción del trabajo concretado” y que encubrirían “el pago de los servicios de reputación personal del alcalde”. Sin embargo, correos intervenidos aportados a la causa prueban que por lo menos entre abril y octubre de 2012 se confeccionaron informes de reputación online de García de Vinuesa. 

En su informe, las fiscales del caso llaman la atención sobre el hecho de que el organismo contratante fuera el citado Patronato —que tenía como fin la ejecución de eventos culturales— y no el consistorio y que los trabajos se tramitaran como contratos menores, “adjudicados por decreto, fraccionando la prestación, lo que impidió la aplicación del procedimiento abierto de la contratación pública”. Además del exalcalde, el juez ha acordado citar como investigada a su exdirectora de comunicación. 

Periódicos 'zombies'

El informe de Anticorrupción que ha llevado al juez a acordar estas nuevas imputaciones pone de manifiesto cómo los políticos implicados acudían a De Pedro para mejorar su imagen pública en Internet y “neutralizar” las noticias negativas. El empresario ponía a su disposición una red de periódicos sin actualizar —que los propios implicados llaman “zombies”—, y contrataban a periodistas que los activaban y que se dedicaban a replicar las notas de prensa que les pasaban desde la administración concernida o a inventarse noticias “de complacencia” que después posicionan en Google o en otros buscadores. También creaban seguidores ficticios en Facebook o Twitter con el objetivo de “fabricar comentarios positivos del cliente o para potenciar los negativos de los contrincantes políticos”. 

El problema es que esos todos esos trabajos, que en ningún caso se orientaban a prestar un servicio público de información a los ciudadanos o en beneficio de las instituciones de gobierno, los pagaban las administraciones públicas. Para camuflar los trabajos, siempre según el relato de Anticorrupción, se “urdieron justificaciones de cobertura”, se fraccionaron contratos y se emitieron facturas con “conceptos simulados”. Según las fiscales, todo ello evidencia que los implicados eran “plenamente conscientes de la irregularidad”. 

La creación de estos periódicos “zombies” fue el modus operandi que supuestamente se siguió en varios municipios. Por ejemplo, en Majadahonda, donde se investigan facturas por valor de más de 62.000 euros. Además del exalcalde están imputados una exconcejala y otro alto cargo. La trama también promovió la creación de periódicos ad hoc con los mismos fines en Gandía, donde se investigan facturas por valor de 21.570 euros; Coslada, donde el consistorio supuestamente abonó 12.152,51 euros para mejorar la reputación de su alcalde encubiertos en en facturas con conceptos “mendaces”; o Castellón, donde se investigan contratos por valor de al menos 41.400 euros aunque la Fiscalía dice que no consta que se pagasen las facturas por el estallido de la operación judicial en octubre. 

El juez también investiga un supuesto desvío de fondos en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid cuando Lucía Figar era su máxima responsable. La investigación ha acreditado pagos a empresas de la trama entre 2011 y 2014 por valor de más de 80.000 euros por trabajos para mejorar la reputación online de la entonces consejera. En este caso, el juez imputa también a los empresarios Abel Linares Palacios, vinculado a la empresa Nunyworld SL, y a Víctor Daniel Steinberg Rubin, administrador de la sociedad Víctor Steinberg y Asociados, que habrían aceptado “realizar a la consejería facturación ficticia a nombre de su empresa, recogiendo conceptos que no eran reales y encubrían los trabajos personales que se realizaban para la exconsejera”. Otros de esos contratos se habrían camuflado a través de facturas emitidas por una fundación vinculada a la consejería llamada Madrid+D.