Dimite un alto cargo de Ayuso tras ser imputado en Púnica junto a otros cuatro exalcaldes del PP

Ignacio García de Vinuesa ha dimitido de su puesto como Comisionado para la Atención a las Víctimas de Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras trascender su imputación en la trama Púnica por supuestas irregularidades cometidas en la etapa en la que era alcalde de Alcobendas.

El instructor del caso, Manuel García Castellón, ha imputado a García de Vinuesa y otros cuatro exalcaldes del PP acusados de pagar con dinero público campañas personales de mejora de su imagen y reputación. Se trata de los exregidores Ana Maria Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxa (Majadahonda). El magistrado les atribuye delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil o prevaricación.

En un auto fechado el 3 de noviembre, el juez también solicita información sobre Víctor Soler, que fue diputado del PP en les Corts Valencianes durante la pasada legislatura, para proceder penalmente contra él. Soler fue primer teniente de alcalde y portavoz en el Ayuntamiento de Gandía entre 2011 y 2015 y ahora es concejal en ese consistorio.

Estas imputaciones se producen en el marco de la pieza de 10 de la macrocausa, en la que se investiga un supuesto desvío de fondos públicos para sufragar trabajos para mejorar la reputación online de políticos ligados al PP realizados por los empresarios Alejandro de Pedro y Alonso Conesa a través de las sociedades Eico y Madiva. La Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado estas diligencias, sospecha que los empresarios camuflaban esos trabajos, que en realidad eran campañas de reputación personal de los cargos públicos, como campañas de “publicidad simulada” de la administración concernida o supuestas actividades de formación y auditorías.

La red disponía de varios medios digitales creados al efecto —“Noticias de Castellón”, “Noticias de Valdemoro”, “Noticias de Coslada”...— que se utilizaban para simular la contratación de publicidad institucional. Las facturas recogían importes que habitualmente no superaban los 18.000 euros —para no superar el umbral del contrato menor y favorecer su adjudicación directa— e incluían conceptos que no eran reales, “ocultando la verdadera prestación”, sostienen las fiscales del caso.

Las nuevas diligencias, solicitadas por Anticorrupción, tratarán de arrojar luz sobre supuestos amaños de contratos en tres ayuntamientos de la Comunitat Valenciana —Denia, Gandía y Castellón— y cuatro de la Comunidad de Madrid —Valdemoro, Alcobendas, Coslada y Majadahonda—, así como en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la época en la que su titular era Lucía Figar, ya imputada en esta causa. Figar fue consejera de Educación entre 2007 y 2011 cuando Esperanza Aguirre era presidenta.

El juez acuerda la imputación de ocho ex altos cargos vinculados a los antiguos alcaldes, en la mayoría de ocasiones jefes de gabinete o responsables de comunicación y también cita como investigado a Pablo Balbín, que fue jefe de gabinete de Figar, y que hasta noviembre de 2019 fue director General de Comunicación del Ejecutivo regional de Ayuso. Balbín, que también dirigió la campaña electoral del presidente del PP, Pablo Casado, es en la actualidad jefe de gabinete de la concejala del PP en Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy.

Relacionado con los supuestos trabajos de reputación que De Pedro hizo para Figar, el juez también imputa a los empresarios Abel Linares Palacios, vinculado a la empresa Nunyworld SL, y a Víctor Daniel Steinberg Rubin, administrador de la sociedad Víctor Steinberg y Asociados, que habrían aceptado “realizar a la consejería facturación ficticia a nombre de su empresa, recogiendo conceptos que no eran reales y encubrían los trabajos personales que se realizaban para la exconsejera”.