La Fiscalía de Valencia sopesa investigar por delito de odio a las patrullas ultras de los 'Ángeles de la noche'

La Fiscalía de Valencia estudia la apertura de diligencias de investigación contra la actividad de las patrullas de extrema derecha autodenominadas 'Ángeles de la Noche', que han iniciado rondas de intimidación a personas migrantes en la zona de la Malva-rosa y el Marítim de la capital valenciana. La fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, ha confirmado que el Ministerio Público analiza las grabaciones difundidas en redes sociales ante la posible comisión de delitos de coacciones y de odio.

“Están intimidando o coaccionando, y cuando hablamos de coacción podemos hablar de un delito, y puede ser un delito de odio si se refieren a personas migrantes, personas extranjeras, por el hecho de serlo”, ha explicado Gisbert en declaraciones a RTVE. La fiscal ha recordado además que la institución acumula “muchos procedimientos” contra la formación ultra España 2000, una organización “que está muy acostumbrada a jugar con el límite de la legalidad”.

La Policía Nacional mantiene identificados a varios de los miembros de los 'Ángeles de la noche', entre los que figura Ramón Castro, alias “Levis”, un histórico dirigente de extrema derecha con antecedentes penales, así como el ideólogo de España 2000, José Luis Roberto. Este último ha vinculado la creación de estas escuadras a la entidad Hogar Social Patriota María Luisa Navarro para ofrecer supuestos consejos de seguridad y retención de transeúntes.

El caso ha provocado la reacción del Ministerio del Interior y del Congreso de los Diputados. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha remarcado que la persecución de los grupos violentos de extrema derecha constituye una prioridad dentro del plan nacional contra los delitos de odio, con previsión de “detenciones cuando las pruebas así lo puedan determinar”. Por su parte, el grupo parlamentario Compromís-Sumar, mediante el diputado Alberto Ibáñez, ha exigido explicaciones por escrito al Ejecutivo central sobre la apertura de expedientes sancionadores y la posible presencia de agentes infiltrados en la cúpula de estas organizaciones.

Discurso de inseguridad ligado a la inmigración

El despliegue de estos grupos pretende instalar un discurso de inseguridad ligado a la inmigración que no coincide con las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior. Según datos de la Subdelegación del Gobierno, las infracciones penales en el distrito del Marítim han experimentado una bajada del 1,4 % en el último año, con un descenso del 21,9 % en las faltas y delitos leves, una caída del 3,5 % en los robos en viviendas y un desplome del 75 % en la sustracción en trasteros.

Desde el punto de vista legal, la normativa española reserva de forma exclusiva el ejercicio de la seguridad pública y el uso de la fuerza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Especialistas en derecho penal advierten de que la simulación de funciones policiales, la imposición de patrullas organizadas por particulares o el uso de indumentaria reflectante con vocación de uniformidad pueden incurrir en vulneraciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, delitos de usurpación de funciones, detención ilegal y violaciones de la normativa sobre protección de datos por la grabación continua de viandantes.