El Gobierno valenciano, contra la burbuja del alquiler
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio está analizando las zonas y municipios de la Comunitat Valenciana con mayor presión en los precios de alquiler. El objetivo de esta iniciativa de la dirección general de Vivienda es “intentar controlar una situación que se ha vuelto insostenible para muchas familias”, tal y como señala la consellera María José Salvador. Así, la conselleria ha detectado en los últimos años “una clara disminución del mercado privado de alquiler y un notable incremento de los precios” en algunas zonas.
Al Gobierno valenciana le preocupa la práctica desaparición de las viviendas de alquiler asequible, con precios por debajo de los 500 euros al mes, que se han reducido en un 82% según los estudios de la propia conselleria. Por ello, la Administración autonómica está elaborando un índice de referencia por zonas y municipios que determine el margen de los precios actuales “y los recomendables para la zona”, que sirva también para “aportar transparencia, información y seguridad, tanto a los propietarios como a los inquilinos”.
Salvador muestra su preocupación por la “creciente burbuja del alquiler” a la que desde las administraciones públicas, “de forma coordinada, tenemos que buscar solución, tanto en el largo como en el corto plazo”. En las zonas “con urgente necesidad habitacional, potencialmente tensionadas y donde los precios del alquiler se hayan incrementado porcentualmente muy por encima de la media” el Consell estudiará, junto con el Gobierno central, distintas medidas que, de forma temporal, puedan ayudar a controlar la subida de los precios de los alquileres.
Precisamente, La Ley de la Función Social de la Vivienda estipula que el Gobierno valenciano podrá proponer al Estado el establecimiento de un sistema que limite el precio máximo de alquileres en determinadas zonas. Estas medidas, que deben ser estudiadas “con detenimiento y siempre en coordinación con el Ejecutivo central, responsable de su implantación”, tendrían carácter temporal y se aplicarían en zonas donde “excepcional y justificadamente” exista una emergencia habitacional o necesidad de vivienda.
Vivienda digna y asequible
La conselleria sigue trabajando “para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible a todos los ciudadanos e instaremos al gobierno a que implante sus propuestas de ampliar de 3 a 5 años la duración de los contratos de alquiler o la construcción de 20.000 viviendas sociales”, ha explicado Salvador.
Hasta el momento, y dentro de los Planes de Alquiler Asequible, ya son 880 las familias que han obtenido alquileres en viviendas de la Generalitat. Con estos planes, se adapta el precio del alquiler que cada familia abona por las viviendas a su situación socioeconómica. Para ello, se estudia el caso específico de los componentes de la unidad familiar teniendo en cuenta tres criterios: ingresos, número de miembros y municipio donde se ubica la vivienda.
Estos planes aumentan las bonificaciones para las familias con menos recursos. Por ejemplo, en el caso de las familias con un IPREM menor o igual de 1,25 el arrendamiento no puede superar el 20% de sus ingresos totales. Además, en los últimos tres años la conselleria, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sól (Evha), ha invertido más de 14 millones de euros en la reparación del parque público de Viviendas, lo que ha permitido la reparación de más de 670 viviendas sociales que se han adjudicado a las familias más necesitadas.
