El Gobierno valenciano aprueba el proyecto de ley que debe acabar con los enchufes en la Sindicatura de Greuges

El proyecto de ley de la Sindicatura de Greuges que debe acabar con los enchufes y la discrecionalidad en la elección de personal de la institución se ha aprobado tras varias semanas bloqueado en la reunión de subsecretarios. Esta norma, que ahora se tramitará en las Corts, era una prioridad para la Conselleria de Transparencia y Compromís pero vista con reticencia por Presidencia. A cambio, la coalición ha cedido y ha permitido la aprobación del reglamento de la Conselleria de Transparencia.

Presidencia había condicionado la aprobación del proyecto de ley de la Sindicatura de Greuges a que Compromís desbloqueara el Reglamento Orgánico y Fucional (ROF) de la Conselleria de Hacienda. Esta actitud no se entiendía en Compromís donde aseguraban que las normativas nada tienen que ver y que la única intención de los socialistas era perpetuar el actual modelo de la Sindicatura de Greuges que beneficia a los dos grandes partidos. Finalmente las propuestas de los dos partidos del Consell han salido adelante.

La Sindicatura de Greuges es la institución encargada de defender a los ciudadanos valencianos ante la administración autonómica, pero también se ha convertido en una agencia de colocación para familiares y excargos de PP y PSPV-PSOE durante las últimas legislaturas. Los 35 empleados de su plantilla, según su relación de puestos de trabajo, son elegidos por el síndic por libre designación tras un acuerdo previo de los dos grandes partidos y gozan de unas retribuciones idénticas a las de los empleados de las Corts valencianes, pese a no haber superado ningún proceso de selección.

Así, según las retribuciones de 2017 publicadas en el portal de transparencia, doce de sus técnicos superiores -puestos ocupados por expolíticos y familiares- y el secretario general de la institución cobran más de  68.975 euros brutos año, el sueldo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En concreto, más de 70.000 euros anuales siendo generosos y contabilizando solo un trienio, que en la mayoría de los casos cuentan con más de tres. A estas 13 personas hay que sumar al síndic José Cholbi y sus dos adjuntos, que perciben 95.824,82 euros y 86.149,56 euros respectivamente.

La intención del Consell del Botànic es acabar con esta situación de discrecionalidad y que la institución se base en la meritocracia. Ponen como ejemplo la Agencia Antifraude, donde el director solo puede elegir a su jefe de gabinete y varios puestos más. El grueso de la plantilla debe ser personal funcionario que haya pasado un proceso de selección.