La oficina del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo valenciano: la agencia de colocación de PP y PSPV-PSOE
La Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo valenciano, es una institución fundamental para el funcionamiento y la transparencia de la administración autonómica. Su trabajo de fiscalización ha servido para colorear la cara a más de un político y ha sacado a la luz malos usos y abusos de la Generalitat para con los ciudadanos.
Pero esta transparencia en sus trabajos contrasta con la opacidad en la contratación de su personal. De los 35 puestos de trabajo contemplados en la RPT (relación de puestos de trabajo) aprobada en 2014, el cien por cien son puestos elegidos por libre designación, es decir, a dedo. Bien con puestos de asesores, bien con el traslado de funcionarios desde otras administraciones de manera eventual que buscan mejorar sus emolumentos. Eso sí, todos elegidos por el síndic, que se renueva cada cinco años para evitar coincidir con las legislaturas políticas y que siempre han pactado PP y PSPV-PSOE.
El proyecto de ley por el cual se regula la Sindicatura de Greuges pasa este jueves por la reunión de subsecretarios de la Generalitat que a su vez lo trasladará al Consell para su aprobación este viernes. Si no hay cambios de última hora, el documento ha estado paralizado varias ocasiones, del Gobierno valenciano pasaría a las Corts para su aprobación como ley antes de que se acabe la legislatura.
Fuentes del Consell explican que la norma se podría aprobar antes de las elecciones y así entrar en vigor antes del relevo del actual síndic, José Cholbi, que acaba su mandato en julio de 2019. Entre las novedades más destacadas está el fin de la discrecionalidad en la elección de los empleados, introduciendo los procesos de selección de mérito y capacidad y el cambio del peso de diputados de las Corts necesarios para la elección, que pasa de los actuales 2/3 de la Cámara necesarios a los 3/5. Una mayoría menos reforzada pero que todavía hace necesarios los pactos entre los bloques de izquierda y derecha para nombrar al Defensor del Pueblo valenciano.
Actualmente la ley de la Sindicatura permite al síndic, José Cholbi, elegir a los 35 empleados de la institución. Sólo son elegidos por la Cámara los dos síndics adjuntos, que en la actualidad son Ángel Luna, abogado y exdiputado socialista, y Carlos Morenilla, pareja de la que fuera consellera de Bienestar Social Angélica Such, gracias a un acuerdo de las mayoría PP y PSPV en la pasada legislatura.
El resto de personal que trabaja para la Sindicatura depende directamente del síndic y cesarán cuando cese el síndic. Pero no todos los empleados los ha nombrado Cholbi, sino un acuerdo político entre populares y socialistas que ha acabado por llenar la institución de afines a los dos partidos, al menos en una veintena de los 35 puestos.
Así, en la plantilla de la institución trabajan exdiputados socialistas como Manuel Bueno, Consuelo Català o María Dolores Gay. Importantes cargos de Gobierno de la etapa del PP como David Calatayud, quien fuera jefe de gabinete de Juan Cotino como presidente de las Corts y delegado del Gobierno.
Familiares de políticos valencianos también los hay, como la sobrina de Rafael Maluenda, quien fuera síndic del PP en la etapa Camps, o una prima de Angélica Such, a quien hay que sumar que su pareja es el síndic adjunto. También está como oficial de gestión Antonio Godoy, hijo del histórico diputado socialista, quien también formó parte de la Sindicatura de Comptes.
Recientemente ha entrado en la institución Angel Alfredo Albir, que es el hermano del jefe de gabinete de Cholbi, Ricardo Albir. Ricardo Albir fue secretario de ayuntamiento en Teulada en la época de José Císcar, exvicepresidente del Consell de Alberto Fabra, como alcalde del municipio de la Marina.
En la lista también hay militantes y concejales de ayuntamientos de ambos partidos e, incluso, personas muy vinculadas a las fiestas de las Hogueras de Alicante.
La intención del Consell del Botànic es acabar con esta situación de discrecionalidad y que la institución se base en la meritocracia. Ponen como ejemplo la Agencia Antifraude, donde el director solo puede elegir a su jefe de gabinete y varios puestos más. El grueso de la plantilla debe ser personal funcionario que haya pasado un proceso de selección.
