En el Día Mundial del Agua: “no dejar a nadie atrás”

Este es el lema de Naciones Unidas para conmemorar el Día Mundial del Agua este año. No dejar a nadie atrás. A pesar de los casi 10 años transcurridos desde que la Asamblea de Naciones Unidas declarara que el acceso al agua potable y el saneamiento constituye un derecho humano esencial, miles de millones de personas en el planeta no tienen garantizado este derecho; especialmente mujeres y población infantil y anciana empobrecidas o desplazadas de sus hogares víctimas de guerras, catástrofes climáticas, acaparamiento de tierras y agua, explotación laboral, marginación social, discriminación, etc.

Así planteado, podemos pensar que este problema es ajeno a nuestro día a día: no tenemos más que acercarnos a un grifo o a un baño en nuestra casa, escuela o centro de trabajo para comprobarlo.  Sin embargo, cuando reflexionamos un poco sobre el significado y el alcance del derecho humano al agua potable y el saneamiento, vemos que aún nos queda bastante camino por andar.

Garantía, accesibilidad y asequibilidad

Según Naciones Unidas, por derecho humano al agua “se entiende el derecho de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica”.

A la vista de esta definición ¿cuántas personas y familias vulnerables, empobrecidas por la crisis-estafa financiera, la desigualdad y la precariedad, sufrieron cortes de suministro del agua potable por no poder pagar la factura del agua? Esta privación del acceso al agua manifiesta la dimensión hídrica de la pobreza. Las estimaciones –porque registros consolidados no hay- hablan de miles. Muchos ayuntamientos, como el de València, pusieron en marcha fondos sociales para sufragar estos servicios a las personas vulnerables y evitar los cortes de suministro; y en les Corts Valencianes aprobamos por ley el establecimiento de la renta valenciana de inclusión para garantizar que toda persona pueda hacer frente a sus necesidades básicas. Sin embargo, hemos de avanzar más, haciendo un reconocimiento explícito de este derecho en nuestro ordenamiento jurídico, prohibiendo del corte de suministro doméstico de agua por motivos de vulnerabilidad socioeconómica y garantizando el acceso gratuito a un volumen mínimo vital de agua potable para todas las personas. Diversos estudios sitúan este mínimo vital en 100 litros/persona/día para satisfacer las necesidades de higiene y consumo en nuestra sociedad.

Calidad del agua y protección de las captaciones

Otra dimensión del acceso al agua potable es la calidad del agua. En esta legislatura que acaba, llevamos a cabo en les Corts Valencianes una comisión de investigación para conocer las causas y los efectos de la contaminación de las aguas subterráneas en el suministro de agua de boca a la población. En la Comunitat Valenciana, la contaminación del agua del grifo por nitratos procedentes de la agricultura intensiva afectaba a más de 600.000 personas a principios de la década de 1990. En la actualidad, las personas expuestas se han reducido a una tercera parte, principalmente en pequeños núcleos de población y urbanizaciones, que en muchos casos no se hallan conectadas a redes municipales de abastecimiento y saneamiento.

Aunque se han cambiado las fuentes de captación de agua, generalmente abandonando los pozos contaminados y captando aguas superficiales de buena calidad, no se ha abordado eficazmente el problema de fondo: evitar la contaminación y la degradación de las aguas subterráneas. La contaminación de las aguas subterráneas por nitratos y algunos fitosanitarios ha continuado afectando a los acuíferos de la Comunitat Valenciana. Las administraciones públicas, junto a los sectores económicos, han de continuar trabajando para prevenir la contaminación en la fuente, proteger las captaciones frente a la contaminación y garantizar que el agua del grifo en todas las viviendas sea potable.

Agua pública contra el cambio climático

Son muchas las personas que diariamente acarrean y consumen litros de agua embotellada, principalmente, en envases de plástico, en muchos casos por desconfianza hacia la calidad del agua del grifo. Esto es doblemente paradójico. Por una parte, porque los controles para garantizar la calidad y potabilidad del agua de la red municipal, tanto por parte del gestor como de la conselleria de salud pública, son continuos, y abarcan tanto calidad del agua que entra en la red de suministro como la que sale de nuestros grifos. Por otra parte, también es paradójico que en el “Occidente desarrollado”, en pleno siglo XXI, se produzca el mismo comportamiento de transporte manual de agua potable que en las sociedades pobres, en las que no existen redes municipales de abastecimiento de agua potable.

Y es más grave aún si tenemos en cuenta el coste energético, económico y ambiental de transportar en camiones y coches esas ingentes cantidades de agua embotellada (1 litro de agua = 1 kilogramo de peso), la cantidad de tiempo y esfuerzo físico y el elevado precio que soportan las personas consumidoras por esa agua (entre 300 y 1000 veces más, el litro de agua) así como la gran cantidad de residuos plásticos que generan esos envases que luego hay que gestionar… y muchos acaban contaminando nuestros montes, ríos y mares. ¡Pensemos cuántas emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes nos ahorraríamos si consumiéramos agua del grifo para beber y cocinar en lugar de agua embotellada!

Por todo ello es necesario que las administraciones públicas redoblen los esfuerzos para garantizar la buena calidad del agua de boca e informar detalladamente sobre la calidad del agua potable a la ciudadanía –aprovechando, por ejemplo, las facilidades que ofrece internet para hacer esa información accesible- y promuevan activamente campañas que prestigien y difundan las ventajas de beber agua del grifo. Ya hay iniciativas a escala europea y también en algunas comunidades autónomas, y ayuntamientos como Xàbia se han puesto manos a la obra.

Gestión de lo servicios públicos de agua y el interés general

Otra dimensión fundamental para el ejercicio efectivo de este derecho humano es la gestión de los servicios públicos municipales y el mantenimiento de las infraestructuras que lo hacen posible. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, la ciudadanía, quién, cómo, con qué eficacia, bajo qué criterios gestiona estos servicios e infraestructuras? O ¿de dónde viene y a dónde va el agua que utilizamos?

En las últimas décadas en la Comunitat Valenciana se ha tendido a la privatización de la prestación de estos servicios por periodos de 25, 30 o 50 años. En multitud de ocasiones, los ayuntamientos, por falta de financiación pública suficiente o por otros motivos, han utilizado el “canon concesional” pagado por la empresa adjudicataria -los ingresos obtenidos por esa privatización- para reducir deuda, hacer obras o actuaciones que nada tienen que ver con la renovación de redes de suministro y saneamiento u otros servicios vinculados al agua, mientras la empresa adjudicataria va recuperando dicho canon concesional (con los correspondientes intereses) a través del recibo del agua que cobra a la ciudadanía, a lo largo de todo el periodo concesional. Ello implica que una parte de lo que pagamos por el agua realmente no se ha invertido en mejorar y garantizar el servicio público del agua.

Se estima que más del 90% de las personas que vivimos en la Comunitat Valenciana nos abastecemos de redes municipales gestionadas por empresas concesionarias privadas o empresas mixtas, frente a un 50% en España. Sin embargo, aún no tenemos información disponible que permita hacer una evaluación comparada de la calidad y los costes de estos servicios. Durante esta legislatura, a iniciativa de Compromís, les Corts Valencianes encargaron a la Sindicatura de Comptes la elaboración de un informe completo de fiscalización de estos servicios municipales en la Comunitat Valenciana, cuyo resultado se conocerá, previsiblemente, a lo largo de este año.

La ausencia de una normativa específica que establezca las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, cómo han de computarse los costos a cobrar a las personas usuarias de estos servicios, cómo ha de medirse la calidad, la eficacia y la eficiencia de la prestación de estos servicios, cuáles deben ser los estándares mínimos exigibles de inversión para el mantenimiento de las infraestructuras y cómo se ha de garantizar la asequibilidad, sostenibilidad y progresividad en la repercusión de los costes a las personas usuarias, da lugar a situaciones de desigualdad y favorece decisiones arbitrarias. El coste, el control y las decisiones sobre las inversiones y la gestión de estos servicios públicos no pueden estar supeditadas a maximizar la cuenta de resultados empresariales; de la misma manera que no lo pueden estar las inversiones y la gestión de los servicios públicos sanitarios.

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de crear un marco normativo específico que garantice el interés público, la transparencia y la rendición de cuentas en la prestación de estos servicios públicos esenciales. También la necesidad de articular, en la administración autonómica -y también la estatal-, los medios de apoyo técnico, jurídico y económico para que todos los ayuntamientos adquieran las capacidades necesarias para poder ejercer sus competencias en materia de agua con plena efectividad, garantizando el interés general de la sociedad; y, si así lo deciden, llevar a cabo una gestión pública directa que sea eficaz, eficiente, equitativa, sostenible ambiental y económicamente, transparente y participada por la ciudadanía.

El derecho humano esencial de acceso al agua y al saneamiento nos interpela como sociedad para garantizar el control democrático y el ejercicio público de los servicios públicos que aseguran su disfrute a todas las personas, sin distinción. Nos interpela a la responsabilidad ciudadana en nuestras decisiones individuales y en nuestras decisiones colectivas. Nos interpela a la equidad y la solidaridad intergeneracional en la conservación y salud de los ecosistemas y acuíferos que nos proporcionan el agua así como en el mantenimiento y renovación de las infraestructuras que nos dan servicio en nuestras casas y centros de trabajo. Nos interpela a una transición hídrica, responsable y justa, para abordar los efectos del cambio climático y garantizar la dignidad de las personas. Este es el camino que nos proponemos transitar. Y no, no vamos a dejar a nadie atrás.