El juez investiga malversación y prevaricación en contratos de la Generalitat para la visita del Papa
El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que investiga el “caso Vaersa”, ha remitido al decanato de los Juzgados la información que hay en la causa sobre las contrataciones de Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, una sociedad de la Generalitat) con la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó la visita del Papa a Valencia, para que estos hechos sean investigados por otro juzgado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En el “Caso Vaersa”, Instrucción 15 investiga desde junio de 2014 a dos exdirectores de esta empresa pública, (Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños), a la exconsejera delegada, (Ángeles Ureña), a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru, por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), en el curso de esa investigación, se practicaron registros y se intervino documentación y correos electrónicos algunos de los cuales hacían referencia a la relación de Vaersa con la Fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.
Constituye, según recoge el auto de la instructora, un “hallazgo casual” sobre hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y malversación “presuntamente cometidos por las personas que firmaron dichos contratos, tanto el responsable de la empresa pública Vaersa como el de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias”.
Se trata, según la jueza, de “hechos nuevos que no guardan relación alguna con los que inicialmente dieron lugar a la incoación” del llamado Caso Vaersa, motivo por el cual estima la petición de la Fiscalía y, de conformidad con lo indicado por la Audiencia Provincial de Valencia, acuerda enviar esa parte de la causa al decanato para que sea investigada por el juzgado de instrucción en el que recaiga por orden de reparto. El TSJ no ha dado más detalles sobre los supuestos delitos objeto de investigación.
El saqueo de una empresa pública
El juzgado de Instrucción número 15 y la Fiscalía ya investigan tres supuestas ilegalidades en la empresa medioambiental de la Generalitat. La centrada en el pago de dos millones de euros en productividad a la cúpula de la empresa de manera supuestamente ilegal, el gasto de casi 1.5 millones en la compra y arrendamiento de vehículos todoterreno sin el preceptivo concurso público y el desmesurado e injustificado presupuesto dedicado a abogados privados -dos millones de euros en seis años- por tareas que podían hacer los servicios jurídicos de la Generalitat.
