El ministro Guirao compró en el Reina Sofía obras originales de Rueda y rechazó copias como las del fraude del IVAM

El actual ministro de Cultura, José Guirao, sale muy bien parado en un auto de la juez que investiga el fraude producido en el IVAM con la compra como originales de obras de Gerardo Rueda que, en realidad, eran copias realizadas cuando el artista ya había fallecido. La actuación de Guirao cuando era director del Museo Reina Sofía sirve a la magistrada de comparación para resaltar los aspectos fraudulentos de la operación por la que está imputada la exdirectora del museo valenciano Consuelo Ciscar.

José Luis Rueda, hijo del pintor y escultor madrileño Gerardo Rueda, trató de hacer pasar por originales ante el IVAM “copias o reproducciones póstumas” de obras de su padre y “ocultó deliberadamente” que las piezas que vendió y donó al museo valenciano eran póstumas.

Así lo afirma la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València, que investiga el conocido como caso IVAM, en un auto hecho público este lunes, en el que realiza algunas consideraciones de varias páginas sobre la declaración de José Luis Rueda como investigado en esa causa el pasado 15 de junio.

Según el auto, Rueda hizo continuos paralelismos entre las adquisiciones de obras de arte de su padre materializadas por el Museo Reina Sofía, siendo director el actual ministro de Cultura, José Guirao, y las adquisiciones realizadas por el IVAM, siendo directora Consuelo Císcar.

Sin embargo, la jueza considera que existe “una clara diferenciación” entre los términos que se utilizan entre ambas adquisiciones, ya que el Reina Sofía fue “especialmente cuidadoso” al exigir que las obras que ingresaban en sus fondos “hubieran sido manufacturadas o ejecutadas por Gerardo Rueda o bajo su dirección”.

Esto, añade, “contrasta de una manera escandalosa con los términos de los contratos suscritos con el IVAM en 2004 y 2006”, en los que, a su juicio, se esclarece “la intención del heredero de hacer pasar copias o reproducciones póstumas por originales”.

Destaca que en los contratos con el IVAM “se oculta deliberadamente” que son obras póstumas que “ni tan siquiera existían a la firma del contrato” y “se difumina el término originalidad jugando al equívoco”.

Además, señala que tanto José Luis Rueda como Consuelo Císcar sabían tras la firma del convenio de 2006 que el IVAM debía pagar más de medio millón de euros por la manufactura de las obras por parte de la Fundición Eduardo Capa, empresa impuesta por Rueda.

“En la adquisición del Reina Sofía se compra obra de arte ya materializada por el artista Gerardo Rueda, mientras que el IVAM compra obra por hacer que no existía cuando se firman los contratos y que debe ser manufacturada y fundida por un tercero ajeno al artista”, concluye.

La única similitud que existe en ambos casos, destaca la jueza, es la valoración que se da a las obras, a pesar de que el museo madrileño compra obras originales de Gerardo Rueda y el IVAM adquiere reproducciones póstumas.

La jueza señala que el IVAM ni tan siquiera exigió al vendedor, heredero del artista, que acreditara ser el propietario de las obras transmitidas, algo que sí exigió el Reina Sofía, y lo atribuye a que en 2004 y 2006 José Luis Rueda “no detentaba título legítimo y válido para arrogarse la propiedad de las obras que transmitía” al IVAM.

El auto añade que 96 de las 98 obras vendidas y donadas en 2004 y 2006 al IVAM forman parte de una adición de herencia efectuada por Rueda en 2007, once años después de fallecer el artista, cuando su hijo incorporó a su patrimonio unas 600 obras de arte alegando que se debió a “una omisión involuntaria” que no estuvieran incluidas en el inventario.

Tomás Llorens y Francisco Calvo Serraller “confiaban” en Consuelo Ciscar

Por otra parte, el auto analiza el papel que jugó el Consejo Rector del IVAM en la adquisición de las copias de Gerardo Rueda como si fueran originales y hasta qué punto ejerció un control sobre la compra.

La relación de dos expertos muy conocidos, Tomàs Llorens y Francisco Calvo Serraller, con el museo valenciano es revisada por la juez, que recuerda que ambos, integrantes del Consejo Rector de entonces y propuestos como testigos de la defensa por la propia Consuelo Ciscar, desempeñaron funciones de comisarios de exposiciones con remuneraciones de 138.000 euros entre 2005 y 2012, en el caso de Llorens y su hijo, y de 66.000 euros, entre 2006 y 2011, en el caso de Calvo Serraller, cuyo hijo trabajó además varios años para el IVAM contratado por Ciscar.

La juez considera “llamativo” el hecho de que “ambos como miembros del Consejo Rector deben fiscalizar la gestión del museo por parte de la señora Ciscar, al mismo tiempo desarrollen servicios remunerados para el Instituto”. Pero acaba asumiendo que el Consejo Rector no fue conocedor de “los términos que se usaban en el contrato referido a obra original de Gerardo Rueda” debido a lo “escueta e incompleta” de la documentación que se ofreció a sus miembros.

Y da por buena la declaración de Calvo Serraller en el sentido de que “confiaban en las decisiones adoptadas por la señora Ciscar, ya que previamente habían sido aprobadas por la Comisión de Adquisiciones del IVAM (en las que ella era la presidenta y de quien partían las propuestas de adquisicón en muchos casos, sin previa oferta del artista, e integrada en ambas adquisiciones por el señor Juan Carlos Lledó, investigado en la causa”. La juez, sin embargo, apostilla: “Pero da la sensación después de lo razonado con anterioridad que se trataba de una confianza a ciegas despositada en la persona de la señora Ciscar Casabán”.