Líneas de acción para la evolución hacia una realidad ecológica

Los acontecimientos traumáticos derivados de la destrucción de la naturaleza son cada vez más frecuentes y más intensos, como lo acreditan los recientes impactos meteorológicos y la pandemia que padecemos a escala planetaria. La naturaleza nos exige cambios radicales en nuestro modelo de sociedad y en nuestra relación con ella. La “nueva normalidad” no está aportando visiones, estrategias o soluciones realmente nuevas, más bien parece ser un lavado de cara de la vieja normalidad, una cara más limpia, pero la misma cara.

Acció Ecologista-Agró ha hecho llegar a la Comisión de Reconstrucción de Les Cotrs las principales Líneas de Acción que, desde nuestro punto de vista, se han de seguir a fin de encaminarnos realmente hacia una nueva realidad, completamente diferente de la vieja normalidad remozada que se nos quiere imponer.

El objetivo es demasiado ambicioso para plasmarlo en un documento, hay demasiadas incógnitas por resolver y, finalmente, el camino lo hemos de trazar entre todas. Conscientes de sus limitaciones hacemos públicas, no obstante, nuestras propuestas como una contribución a una reflexión seria y urgente.

Los tres primeros bloques abordan lo que consideramos líneas estratégicas y el resto se refieren a sectores concretos de contenido netamente medioambiental.

I.- Relación entre pandemia y calentamiento global

La pandemia ha puesto de manifiesto la estrecha relación existente entre crisis sanitaria y calentamiento del planeta. No se puede abordar la reconstrucción de la sociedad sin tener en cuenta los requerimientos que la mitigación y adaptación al cambio climático plantean.

La emergencia sanitaria de la COVID-19 ha creado un marco ambiental y social en el que la puesta en práctica de una economía del decrecimiento orientada al bien común deviene necesaria.

Se debe entender esta crisis como una oportunidad si creemos que es posible y necesario establecer unaa relación armónica entre la especie humana y la naturaleza siempre que seamos capaces de adoptar una forma de organización social justa, feminista y solidaria. Una sociedad de ciudadanos y ciudadanas responsables de cuidar la vida y los recursos naturales heredados y transmitirlos mejorados a las futuras generaciones.

Solo extirpando de raíz el actual modelo de sociedad podremos afrontar este reto con posibilidades de éxito.

II.- Educación ambiental

Estamos superando la primera oleada de la pandemia gracias, fundamentalmente, a dos tipos de medias: las sanitarias y las sociales. De estas últimas destacan dos: el confinamiento y el cumplimiento de las normas recomendadas desde el conocimiento científico.

Se ha pedido a la ciudadanía la asunción de niveles de responsabilidad colectiva totalmente nuevos que implican autocontrol, solidaridad y respeto por lo común, lo que es de todas. Sin la colaboración de la ciudadanía no habría sido posible llegar a donde nos encontramos en estos momentos.

Ante un futuro que nos anuncia la proliferación de amenazas, entre las que son perfectamente posibles nuevas pandemias y eventos de mayor gravedad que los vividos, la colaboración ciudadana va a ser aún más necesaria, y para que sea efectiva es imprescindible el convencimiento individual y colectiva de esa necesidad. Esa convicción solo la proporciona la educación, la educación ambiental en este caso.

Se necesitan educadoras y educadores ambientales que puedan explicar a la sociedad los problemas socioambientales a los que nos enfrentamos, de forma crítica pero con optimismo, evitando así que al salir de esta pandemia, y en el intento de salvar la actual crisis económica, se produzca un ‘todo vale’ que nos acerque aún más rápido al colapso que puede provocar el cambio climático.

Debemos asumir de una vez por todas que el planeta no nos necesita, sino que nosotros le necesitamos a él y, para esto, la educación ambiental es imprescindible. Un modelo de educación ambiental permanente, transversal, dirigido a todos los sectores de la sociedad, incluidos los agentes políticos, económicos y responsables de la gestión administrativa de quienes, en principio, depende la adopción de decisiones y su aplicación y que, por su trayectoria colectiva no han destacado hasta el presente, en general, por su sensibilidad ecologista. Una educación con una perspectiva eco-social, y con una programación orientada implantación de hábitos de huella ecológica nula y eco-saludables.

III.- Incorporación de la población a la construcción de la nueva realidad.

En los más recientes proyectos de normas o planes para avanzar hacia la nueva normalidad o para enfrentar el cambio climático, como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático o el borrador de la ley valenciana de cambio climático, se mantiene la vieja actitud de considerar a la población como el sujeto pasivo de las estrategias o actuaciones: una masa de personas que deben ser informadas, educadas y, en ocasiones, consultadas pero que nunca seran requeridas para asumir responsabilidades y ejercer funciones concretas.

Esta actitud no se puede seguir manteniendo. La envergadura de los riesgos, la capacidad agresora de los impactos, la gravedad de las consecuencias, van a superar con toda seguridad a la capacidad de los poderes públicos para afrontarlas y, sobre todo, para paliar sus efectos. La colaboración activa de la población deviene inevitable.

Los poderes públicos deberán transformar su idea de la población como un conjunto de ciudadanos individuales y pasivos en la de un colectivo colaborador responsable. Y, a modo de ejemplo, habrá que localizar en todos los barrios o pequeños núcleos de población, a aquellos grupos de personas ya organizadas y transformarlos en grupos de apoyo que actúen como los mejores conocedores de las vulnerabilidades materiales y personales de su entorno, que transmitan la información, que exijan la solución y puedan responsabilizarse de colaborar en la aplicación de medidas paliativas. En materias como salud, grupos de riesgo, calidad de la edificación, funcionamiento de infraestructuras y servicios…. la colaboración de estos colectivos en estrecho contacto con los servicios sociales, empresas, redes de servicios con implantación distrital o barrial, pueden ser de gran eficacia.

IV.- Contaminación y movilidad:

El confinamiento social y la paralización de la mayoría de las actividades económicas, ha tenido el efecto de recudir la contaminación asociada al uso de los vehículos a motor y de industrias contaminantes. La ciudad ha experimentado una notable mejoría en la calidad del aire, en el nivel de ruido, en las dimensiones del espacio público, etc… y hemos podido disfrutar de “la ciudad tranquila”.

Ha llegado el momento de reducir el uso de vehículos, cualquiera que sea el combustible que utilicen; de promover el uso de la bicicleta como medio más adecuado para implantar una movilidad saludable, priorizando su uso mediante redes de carriles-bici segregados y seguros o en las propias vías de circulación. Ha llegado el momento de fomentar el uso del transporte público no contaminante mejorando su eficiencia y aplicando una política de precios adecuada a dicho objetivo. Se ha de implantar el modelo “ciudad de los 15 minutos”, minimizando los desplazamientos y relocalizando en los barrios las actividades básicas de la vida (escuela, trabajo, compras, vida social...). Y, sobre todo, ha llegado el momento de devolver la ciudad al peatón, al/la paseante.

Con carácter generalse debe incrementar el número de puntos con estaciones de control de la calidad del aire en todos los núcleos urbanos que los precisen.

Hay que fomentar el uso colectivo de los vehículos, sean estos particulares, sean tipo taxi, e incluso diseñar sistemas de utilización de vehículos similares a los actuales de uso colectivo de bicicletas y patines, para trayectos específicos.

En los núcleos urbanos, salvo en los muy reducidos, se adoptarán medidas encaminadas a su progresiva peatonalización, dotando a todos los barrios de zonas peatonales amplias que permitan respetar fácilmente las distancias de seguridad y sean compatibles con el transporte público, la bicicleta y el patín.

V.- Biodiversidad urbana y bienestar

Los paseos por las ciudades vacías nos han animado a buscar espacios de naturaleza cercanos a nuestras viviendas para mejor sobrellevar el confinamiento, encontrando en muchos casos solo cemento y desolación. Esta búsqueda ha sido más necesaria, si cabe, en los barrios periféricos, en los que concurren abundantes casos de viviendas pequeñas, sin contacto con el exterior a través de balcones, superocupadas, y generalmente infradotados de espacios públicos y equipamientos adecuados.

El contacto con la naturaleza produce bienestar físico y mental, por los servicios ambientales que la mismo proporciona. Es necesario renaturalizar la ciudad, en general, promoviendo en todos los barrios los huertos urbanos, aumentando en todos los barrios el número y variedad de árboles en las calles y plazas, así como parques de unas dimensiones mínimas adecuadas que actúen como entornos de confort capaces de mitigar los efectos de las altas temperaturas que se avecinan. Este sistema de espacios verdes ha de estar conectado entre sí generando una red de infraestructura verde que se prolongue hasta los espacios naturales periurbanos.

Trabajar en la permeabilización del suelo: SUDS para minimizar la subida de las temperaturas del asfalto en las ciudades.

VI.- Residuos

Los residuos sólidos urbanos son responsables de entre un 3 y un 5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los residuos están estrechamente relacionados con las pautas de consumo y hasta que éstas cambien, habrá que regular el envasado de los productos. Pero la base de una correcta política de residuos sobre la que hay que continuar incidiendo sigue siendo su reducción, su recogida y reciclaje.

Uno de los efectos colaterales de la pandemia es la intensificación del uso de productos de usar y tirar (las mascarillas y guantes ya están creando un problema de recogida y tratamiento). Lo mismo ocurre con los envases y embalajes, que han aumentado con el auge del comercio online en la pandemia. Se ha de apelar a la responsabilidad de la población y de las empresas sobre fabricación y la utilización de productos reutilizables

VII.- Soberanía alimentaria

El documento titulado El cambio climático y la tierra, elaborado por especialistas de 52 países que integran el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), insta a conseguir un equilibro entre el sector primario y el uso de las tierras, así como la adopción de hábitos alimenticios más sostenibles: “las políticas que apoyan la gestión sostenible de la tierra aseguran el suministro de alimentos para personas vulnerables y mantienen el carbono en el suelo, mientras reducen las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Por otra parte, el informe destaca que actualmente alrededor de un tercio de la comida se pierde o se desperdicia, lo que contribuye en torno a un 10% al cambio climático. Habrá que encontrar la forma de evitar semejante despilfarro mediante llamadas a un consumo responsable, penalización por la producción excesiva de residuos, aprovechamiento mediante su reciclaje, etc.

La Comunitat Valenciana es una potencia agrícola (no en vano la FAO ha puesto de ejemplo la huerta de València como sistema resiliente frente a pandemias), y ese hecho hay que ponerlo en valor. Es cierto que las productoras agroecológicas han experimentado un incremento de las ventas online durante la crisis, pero podemos calificarlo de anecdótico en comparación con la demanda total. Hay que apoyar el consumo responsable y de proximidad, es decir, el comercio de productos locales y los mercados agroecológicos, como garantía frente a futuras pandemias y un seguro frente a los impactos del cambio climático en este ámbito.

Hacer de la producción ecológica, agrícola y ganadera y la silvicultura, el instrumento para la defensa del territorio.

Para poner fin a la competencia desleal con la producción ecológica, se deben adoptar medidas para que la ganadería y la agricultura intensivas incluyan en sus costes los costes ambientales, acabando de una vez con el actual dumping ecológico.

El fomento de una alimentación saludable y ambientalmente sostenible debe incluir la reducción del consumo de carne, dado el excesivo consumo agua y de suelo para producir piensos. A lo que hay que añadir la utilización de técnicas de ingeniería genética, cuya inocuidad no está adecuadamente demostrada, que van asociadas al uso de productos químicos peligrosos para la salud, como lo demuestra el que la multinacional Bayer, actual propietaria del herbicida RoundUp, uno de los más utilizados del mundo en el cultivo de la soja transgénica, haya aceptado pagar indemnizaciones por más de diez mil millones de dólares por los efectos nocivos del citado producto

VIII.- Biodiversidad y espacios naturales:

Tanto en las informaciones sobre los efectos del cambio climático como en las explicaciones difundidas sobre el origen de la pandemia ha quedado patente el importantísimo papel que, como defensa frente a estas calamidades, tiene la biodiversidad. No en vano, casi se puede asegurar que la pandemia es la consecuencia de la desaparición galopante de la biodiversidad provocada por la especie humana, es un impacto más del cambio climático.

Es una necesidad imperiosa restaurar los espacios naturales, y todas las formas de presencia de naturaleza y vida en todos los territorios aptos para ello, y especialmente bosque, espacios acuáticos y zonas húmedas, espacios naturales protegidos de cualquier tipo y condición, procurando la conectividad entre ellos. Recuperar en las mejores condiciones posibles los servicios ambientales que prestan los espacios naturales es absolutamente necesario para proteger la salud de las personas y evitar las pérdidas materiales derivadas de los excesos climáticos, de las transmisiones de enfermedades, de los estragos de las avenidas e inundaciones, etc.

La Comunidad Valenciana tiene muchos espacios naturales sin normas de gestión. Hay que desarrollar estas normas, promoviendo una participación ciudadana real en la conservación de los espacios naturales,

IX.- Turismo y globalización:

El turismo de masas, el turismo de sol y playa o el monocultivo turístico “aporta un bajo valor añadido” según el actual Ministro de Consumo. Se basa en un modelo de empleo precario y estacional y sobrevive a base de grandes concentraciones de personas en cortos periodos de tiempo en el mismo lugar a precios ridículamente bajos o lowcoast, provocando gran cantidad de desplazamientos nacionales, continentales e intercontinentales que se repiten en una y otra dirección en plazos de una semana o quince días.

El monocultivo turístico nos hace vulnerables en la medida en que nos hace dependientes de las decisiones adoptadas por otros o de epidemias, confinamientos, olas de calor, subidas del nivel del mar, totalmente fuera de nuestro control. Es insostenible por el derroche de energía y materiales que requiere

Este modelo turístico, como todos los procesos productivos de la actual economía de mercado, no tiene en cuenta sus costes ambientales, funciona a costa del expolio de los recursos naturales y eso le permite funcionar a base de productos “lowcost”, lo que no sería posible si se tuvieran en cuenta. La actividad turística debe incorporar los costes ambientales.

Es una fuente de contaminación acústica y lumínica, de emisión de gases de efecto invernadero, de despilfarro de todo tipo de productos de consumo, de agua, de alimentos y de objetos de todas clases para satisfacer los caprichos de la demanda durante una breve temporada. Obliga al sobredimensionamiento de servicios públicos municipales, sanitarios, etc. para cortos periodos de tiempo. Sobrevive a base de puestos de trabajo temporales con condiciones laborales indignas, provoca la infrautilización de infraestructuras y equipamientos turísticos durante la mayor parte del año, y entraña un riesgo de transmisión de enfermedades.

Hay que transformar completamente la industria turística empezando por aplicar una estrategia de decrecimiento en los grandes destinos turísticos que permita repensar modelos alternativos.

X.- Agua para consumo humano

La promulgación por parte del gobierno de los decretos ley 8 y 11 de 2020 prohíben, durante el estado de alarma, los cortes del suministro de agua potable tanto de los sectores sociales vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social (RD ley 8/2020), como de los que, debido a la crisis de la COVID-19 y al actual estado de alarma, lo son potencialmente (RD ley 11/2020). De este modo garantizan el disfrute del derecho humano al agua de las familias y la prohibición de los cortes, y exigen la solidaridad de los operadores de agua hacia la ciudadanía que resultará golpeada por la actual crisis sanitaria y social. En este sentido, en plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud y en última instancia para lavida

Con fecha de 3 de abril (solo cuatro días después) la patronal de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) dirige al gobierno de España un escrito en el que, en aras de mantener la sostenibilidad del servicio es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit estructural. También plantea la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas (que de existir aún tardará mucho tiempo en verificarse) por la disminución del consumo que se producirá por la crisis sanitaria.

Por su parte, EMASESA, Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla, anuncia (Diario de Sevilla del 25 de mayo) que a partir del día 28 establecerá la nueva tarifa social que fija un precio público ajustado a las rentas de los hogares, con bonificaciones de entre el 50 y el 100 % para los ingresos más bajos. Con esta medida se consolida la garantía de un mínimo suministro vital para todos los hogares en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión. La tarifa social se suma así a otras bonificaciones y préstamos sociales que la empresa pública tiene en marcha desde hace años.

He aquí dos maneras de hacer efectiva la vigencia de un derecho humano: la infamia de los intereses privados, que busca sacar partido de la vulnerabilidad de las personas, y la solidaridad de los intereses públicos. Vienen a reforzar la idea de que en materia de abastecimiento de agua el interés general no puede estar en manos de empresas privadas o mixtas de mayoría privada. Las previsibles futuras situaciones de emergencia requieren que el sector público controle la gestión del ciclo integral del agua, única manera de asegurar la protección y defensa de los ecosistemas acuáticos que proveen el abastecimiento, el uso eficiente de las infraestructuras de distribución, la austeridad solidaria que garantice el suministro sea cual sea la gravedad de las crisis climáticas que se avecinan y la vulnerabilidad de las personas, la reutilización eficiente, el adecuado mantenimiento de las infraestructuras.

XI.- Energía:

La pandemia del coronavirus abre una ventana de oportunidad para intentar cumplir el Acuerdo de París y, a la vez, impulsar la economía mediante una transformación energética basada en las energías renovables(primer informe sobre las perspectivas mundiales de las energías renovables, Global Renewables Outlook, publicado el 20/04/2020 hoy por la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, por sus siglas en inglés)Agencia Internacional de Energías Renovables,. Los empleos en el sector de las renovables podrían aumentar hasta los 42 millones a escala mundial de aquí a 2050. Este plan ayudaría a reducir el 70% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía en 2050, apunta el informe.«Al acelerar las energías renovables y hacer que la transición energética sea una parte integral de la recuperación en el sentido más amplio, los gobiernos pueden lograr múltiples objetivos económicos y sociales en la búsqueda de un futuro resiliente que no deje a nadie atrás».

Transición hacia las energías renovables, reducción del consumo energético, aproximación de las fuentes de producción y los puntos de consumo evitando pérdidas innecesarias por transporte, fomento de iniciativas ciudadanas locales de producción y suministro de energía y de consumidores locales. Las administraciones, han de liderar la bioconstrucción, y construcción bioclimática, con ayudas, acompañamiento y asesoramiento, así como actuaciones ejemplificadoras.

XII.- Urbanismo

Pensar el territorio buscando el redimensionamiento de las ciudades y la distribución de la población, las iniciativas culturales y de ocio, las actividades económicas y las infraestructuras con criterios de sostenibilidad y desarrollo del actual mundo rural, sobre la base de la implantación de las nuevas tecnologías que posibiliten la comunicación física y virtual rápida y eficaz.

Moratoria urbanística para todos los planes y proyectos no esenciales de uso residencial, industrial, turístico y comercial. Estudio basado en el cambio climático del impacto ambiental de cada plan y cada proyecto previo a su reelaboración y puesta en marcha tomando como punto de partida la “alternativa cero”.

Priorizar en los desarrollos urbanos que el municipio sea autosuficiente en la producción de servicios ambientales para su población: agua, recarga de acuíferos, contaminación del aire, sumideros de C02, depuradoras, vertederos y capaz de obtener niveles suficientes de reutilización de aguas y resíduos

Dado que la reconstrucción ha de llevarse a cabo en un contexto de emergencia climática, en el que las medidas a adoptar deben priorizar la seguridad y la salud de las personas en general y de las más vulnerables en particular, la administración responsable debería definir un nuevo concepto de vivienda, a la que podríamos llamar “vivienda saludable”, que tuviera en cuenta las necesidades de espacio por habitante, la climatización, el aislamiento de ruidos, la accesibilidad, que cumpliera con un determinado Código Técnico de la Edificación, etc….. procediendo a derribar todas las que no cumplieran los estándares establecidos y facilitando el traslado de las personas afectadas a este nuevo tipo de viviendas mediante la fijación de precios sociales, sistemas de alquiler indefinido o compras a plazos asequibles.

Esta medida iría acompañada de un plan de rehabilitación del parque inmobiliario para todas aquellas viviendas que necesitaran una adaptación parcial. Existe un acuerdo generalizado, incluso entre las propias empresas del sector, en que esta actividad actuaría como motor para la recuperación económica de otros muchos sectores y facilitaría la rápida creación de puestos de trabajo

Regulación del uso obligatorio de materiales naturales y respetuosos con el medio ambiente en la construcción, así como la priorización de la arquitectura bioclimática, ya que la construcción es uno de los sectores con mayor huella ecológica.

*Antonio Goytre es miembro de la Comisión de Territorio de Acció Ecologista-Agró