Los vecinos de Losa del Obispo se rebelan contra el proyecto de almacén de fibrocemento a 250 metros del casco urbano

Los vecinos de la localidad de Losa del Obispo (500 habitantes), en la comarca valenciana de Los Serranos, se han movilizado para mostrar su rechazo al proyecto de una planta para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos de fibrocemento que la mercantil Reciclajes Losa S.L. pretende ubicar en el municipio. La instalación se situaría en un antiguo hueco minero a unos 250 metros del núcleo urbano, lo que ha encendido las alarmas: “No se ha evaluado de forma específica el riesgo para la población residente ni se han analizado los riesgos derivados del transporte y depósito de residuos que puedan contener amianto”. El fibrocemento, compuesto principalmente de amianto o asbesto, se utilizaba en cubiertas de uralita y tuberías antes de su prohibición en España en 2002.

La Asociación NO al vertedero de Losa apunta que la legislación marca que una instalación de esas características debe estar a más de 2.000 metros de un núcleo urbano, “y además se encuentra a apenas 100 metros de la ermita del calvario, el principal atractivo del pueblo, que se vería directamente afectado, y unos 80 metros del cementerio”. El almacén sería “la muerte del pueblo”. En dos días recogieron 900 firmas en formato papel y otras tantas on-line.

Demandan una “valoración rigurosa” del riesgo potencial

En las alegaciones presentadas ante la Conselleria de Territorio, los afectados apuntan que la Declaración de Interés Comunitario (DIC) no incorpora un estudio específico de dispersión de fibras en caso de rotura, manipulación o incidente; tampoco incluye una modelización de transporte por viento, análisis de escenarios accidentales ni un estudio de riesgos para los residentes.

La gestión y depósito de residuos con contenido en amianto, “aun tratándose de fibrocemento encapsulado, requiere una valoración rigurosa del riesgo potencial para la salud humana, especialmente cuando existen viviendas en un radio inferior a 250 metros”, sostienen, al tiempo que añaden que el proyecto podría resultar “contrario al principio de precaución sanitaria”.

La Estrategia Europea hacia un Futuro sin Amianto (2022) y la Directiva (UE) 2023/2668 refuerzan el principio de máxima protección frente a la exposición a estas fibras, “lo que obliga a extremar los criterios de ubicación de instalaciones de eliminación, priorizando emplazamientos alejados de núcleos residenciales y compatibles con la planificación territorial”. Sin embargo, denuncian que en las proximidades del lugar elegido “encontramos múltiples explotaciones agrícolas, tanto de gran como de pequeña extensión, la mayoría en producción, destacando el cultivo de olivos, algarrobos y almendros”.

Riesgo potencial para la salud pública

Tal y como recuerdan en el texto de alegaciones, el amianto está reconocido como una sustancia carcinógena. Aunque el proyecto se refiere a residuos de fibrocemento encapsulado, advierten que “su transporte, manipulación, descarga y depósito pueden generar situaciones de riesgo en caso de rotura de embalajes, deterioro del material, manipulación accidental o episodios de viento”. Critican, además, que la documentación sometida a información pública “no incorpora un estudio específico de dispersión de fibras ni una modelización de escenarios accidentales”.

La proximidad del proyecto al casco urbano “genera una razonable preocupación entre la ciudadanía respecto a los posibles efectos sobre la salud pública y la calidad ambiental”, por lo que insisten en que es imperativo aplicar el “principio de precaución”.

Falta de justificación del interés comunitario

Los vecinos consideran que no está acreditado que el uso proyectado responda a un interés comunitario “real y directo, ni que resulte imprescindible su localización en suelo no urbanizable”. A su juicio, la planta “responde a una iniciativa privada cuya carga ambiental recae principalmente sobre el entorno inmediato”. Además, señalan una incompatibilidad con el modelo rural del municipio: la planta apenas prevé crear cuatro puestos de trabajo, una cifra “manifiestamente insuficiente” para justificar la instalación. A ello se suma el impacto negativo que aseguran tendría para el turismo rural de la zona y de poblaciones vecinas como Chulilla.

Asimismo, aducen que este tipo de infraestructuras produce un efecto de “especialización funcional” del territorio asociado a usos industriales de baja compatibilidad con actividades agrícolas y turísticas, lo que “reduce el atractivo del municipio para la inversión y la fijación de población”. Se trata de decisiones que “pueden suponer una auténtica hipoteca territorial irreversible”.

Posible afección a las aguas subterráneas y al entorno natural

El emplazamiento se encuentra en una zona catalogada como Área Estratégica de Recarga de Acuíferos, con una elevada permeabilidad del terreno: “Estas condiciones incrementan la vulnerabilidad del sistema hidrogeológico frente a procesos de infiltración”. Al no constar un estudio hidrogeológico completo en el expediente, alertan de que “no puede descartarse una posible afección a los recursos hídricos”.

Por otro lado, la zona se halla en el ámbito funcional de la ZEPA Alto Turia y Sierra del Negrete (Red Natura 2000), “un espacio protegido de gran importancia ecológica”, colindante al Barranco de la Cava. Este cauce desemboca en el Parque Natural del Túria y se sitúa próximo al Paraje Natural Municipal de Los Calderones. “El desarrollo del proyecto puede suponer consecuencias muy negativas en el estado de conservación de las especies por la acumulación de polvo en suspensión y su posible inhalación”, indican.

Aumento del tráfico pesado e incendios

Otro aspecto crítico es el tránsito regular de vehículos pesados: “Este incremento en el entorno puede generar efectos indirectos sobre la movilidad y la seguridad vial en carreteras utilizadas habitualmente por residentes y visitantes”. Además, el ámbito se encuentra en una zona con riesgo de incendios forestales, lo que requiere una evaluación de riesgos que, según los vecinos, no se ha realizado.

Por todo ello, solicitan a la Conselleria una resolución desfavorable a la DIC promovida por Reciclajes Losa S.L., al considerar que el proyecto “perjudica gravemente la salud pública, el medio ambiente, la economía y el modelo territorial del municipio”.

El Ayuntamiento de Losa del Obispo, tal y como hizo público en un mando municipal, ha comunicado de manera expresa la oposición social a la empresa promotora de la instalación, “dejando constancia de la preocupación existente en el municipio y de la postura mayoritaria de sus vecinos y vecinas”.

Paralelamente, tal y como reseñan desde el consistorio, mantienen un contacto “constante y permanente” con la Conselleria de Medio Ambiente, infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, “a la que se le está trasladando de forma reiterada el compromiso firme del Ayuntamiento con la defensa de los intereses y el bienestar de la población de Losa del Obispo”.

La plataforma ciudadana reconoce que el Ayuntamiento, a pesar de que no se ha posicionado como han hecho otros, “ha contratado una técnico medioambiental para elaborar un informe que es bastante contundente”. Además, resaltan que el proyecto surge y la población no tiene ninguna información hasta año y medio después. “No existe ninguna comunicación municipal oficial”, sostienen.

La Conselleria de Territorio explica que el expediente es una Declaración de interés Comunitario que se encuentra en fase de recabar informes sectoriales tras finalizar la fase de alegaciones. Ahora, se están analizando para incorporar propuestas o realizar modificaciones. De forma paralela se está recabando información municipal de Carreteras de Diputación, de Espacios Naturales, de la Sección Forestal y de Sanidad Ambiental o de residuos, que consideran “fundamental” y está en elaboración: “Hasta que no se complete la tramitación del expediente, con todos los informes y las respuestas de alegaciones, no se podrá incluir en la Comisión Territorial de Urbanismo para su resolución”.

De momento, la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, ha emitido un informe desfavorable a la declaración de Interés Comunitario en los términos planteados, al no quedar acreditada la idoneidad sanitaria del emplazamiento ni la suficiencia de las garantías preventivas necesarias para proteger la salud de la población y del entorno.

La plataforma espera que se hagan públicos el resto de los informes que se han solicitado.