La confusión hecha de encargo

“Sí, amics meus, les set muses han estat violades.

(…) totes han de ser violades.

O si em permeteu l’expressió, ‘shan tirat a l’art’.

Això sí, pagant…”

Tomás Ribera Tena. Castelló, 1971

No se sabe por qué se han instalado las verdades a medias cuando la política necesita claridad. Esquivando el mito de Sísifo, en la eterna ascensión, como condena. Empujando una gran piedra a la cumbre que no llega jamás, mientras Píndaro escribe: “No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible”. Después de cinco años de Consell del Botànic, hay varias cuestiones pendientes. Como siete musas.

El puerto de València, caja de resonancia de la economía, ventana abierta al reencuentro de la ciudad y crisol de intereses particulares. El Consell Jurídic Consultiu, sólo reducto de asesoramiento y refugio de políticos en retirada. La inexistente política de comunicación del Consell. Decidido a inculcar a los estudiantes las bondades de su actuación, en vez de enseñar a las nuevas generaciones cómo detectar las informaciones falsas y tendenciosas. La radiotelevisión pública – ¿todavía Àpunt? —cuya maraña no aclara si se trata de la televisión para un pueblo o la teoría de un imposible. La eterna convocatoria de cónclaves -empresariales y públicos- en favor del quimérico Corredor Mediterráneo. Ahora han surgido el Cantábrico y el Central, ante el fracaso en cuatro décadas. La financiación justa de la Comunitat Valenciana que la Generalitat tiene la responsabilidad de alcanzar en equidad como meta ineludible. El replanteamiento racional del territorio por la comarcalización y el desarrollo eficaz de las conurbaciones.

Puerto

No es absurdo que dimita Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de València (con Gandia y Sagunt). Ha recibido la lección ejemplar que le ha brindado José Vicente González, al dejar Feria València. En los cargos de relevancia responsable, cuando se yerra en el enfoque del proyecto, conviene ejercitar el relevo. La polémica sobre la ampliación de las instalaciones de la APV en València y la construcción del acceso norte, se han resuelto sin chulerías ni imposiciones. Con diálogo. Sobraban levantamientos airados de los grupos de influencia. No hace falta movilizar a las huestes —transportistas o Propeller Club- ni a los medios de comunicación afines. Patética la cesión, por parte de la patronal CEV, de su representante en el Consejo de Administración de la APV para enmendar al president Puig por no renovar a Vicente Boluda. La solución que anunció -no el conseller de Política Territorial i Infraestructures, Arcadi España, sino el president Ximo Puig- es resultado de la negociación entre las tres administraciones competentes por este orden: ministerio de Fomento (José Luís Ábalos y dirección general de Puertos del Estado), Generalitat Valenciana (Conselleria de Transports i Infraestructures) i Ajuntament de València. Las decisiones en el puerto afectan al futuro (negocio y empleo) y a la sostenibilidad de la ciudad. Como el mal se hizo en tiempos del PP (Rafael Aznar), se acabará la nueva terminal que explotará MSC. No se ampliará el dragado de la bocana y el Acceso Norte –pendiente desde 1990—será sólo para ferrocarril.

Jurídic

Uno de los rincones que permanecen obscuros en las dos ediciones del Consell del Botànic es el del Consell Jurídic Consultiu de la CV. Concebido siguiendo el modelo del Consejo de Estado se trata, como su denominación indica, de un ente asesor susceptible de ser consultado en asuntos de trascendencia pública. Sus dictámenes no son concluyentes ni por tanto, está capacitado para tumbar ni aprobar nada. Únicamente son preceptivos y vinculantes sus informes, cuando el acto sometido a consulta es nulo de pleno derecho. Nunca para remodelaciones, cambios, modificaciones ni para Vaersa ni para Feria València. Dictámen sobre esta institución que indujo a error -¿buscado?-. Entidades en las que el Consell Jurídic puede opinar, pero nunca decidir ni resolver si se han de reformar .Ni decidir que la institución Feria Muestrario Internacional de València, es pública o privada. Varias autonomías –Madrid, País Vasco- han prescindido de los consejos consultivos en materia jurídica. Cuentan, como la valenciana, con cuerpos técnicos competentes. Con solvencia para determinar la legalidad de cualquier acto administrativo.

Comunicación

Además de la reconducción del proyecto de la radiotelevisión pública valenciana convendría analizar el estado de los medios de comunicación y de la profesión periodística en la Comunitat Valenciana. Concretar cuál habría de ser el papel a desempeñar por la Generalitat para garantizar que los ciudadanos dispongan de información suficiente, equilibrada e independiente, ajena a las manipulaciones tendenciosas —“fake news”— que propagan los grupos de presión económicos, ideológicos y confesionales. Más importante que informar sobre las acciones de gobierno y las políticas públicas de la Generalitat, es enseñar a las nuevas generaciones la necesidad de informarse libre y pluralmente. Para ser ciudadanos de pleno derecho. Conviene contrastar la información que fluye de los medios de comunicación. Que tendrían que declarar las vinculaciones que mantienen con“ lobbys” de influencia financiera, política o religiosa. Además de salvaguardar el estatus profesional de los periodistas. Para que puedan afrontar su lucha por la independencia, ante las amenazas y coacciones que ejercen, sin contemplaciones, los grupos de presión. Siempre los grupos de presión.