Desarbolar las instituciones

“Les armes han caigut. El temps esmussa

caires i talls, espases curtes, fúria,

i esmola el marbre. Però la batalla

perdura en l’indecís vaivé: turgències

d’amor i d’odi, pau no declarada.

I encar els membres es desfacen pòstums

i l’ànima es dissolga en desmemòria,

serà sempre triomf el més lleu tacte“

Antoni Ferrer. “Pietà”- L’Alcùdia de Crespins, 1993

Para Confucio y Sócrates si pretendes entender las cosas hay que llamarlas por su nombre y desentrañarlas. Quienes quieren ejercer poder por métodos inconfesables tienen un impedimento: las instituciones. Las entidades económico-empresariales del País Valenciano han sufrido el ataque constante en su sentido y en su esencia en la etapa inicial – y nada inocua– de la Transición en el asentamiento de la democracia. Las insidias y las amenazas no provienen de los mismos sitios ni de similares posiciones de influencia. La democracia tiene en el respeto a los límites y en los procedimientos, sus fundamentos y defensas. Las instituciones son vigías y guardianes para que los principios no sucumban y lleguen a ser transmisibles a las generaciones venideras. Los gobiernos pasan y las instituciones permanecen. La organización patronal autonómica – hoy CEV– de amplia base y comportamiento democrático, las Cámaras de Comercio –cinco en territorio autonómico– rigurosas y de representación general y las instituciones feriales– Feria Muestrario Internacional de València e IFA– fueron desde 1975 hasta finales del siglo XX los tres pilares que sustentaban el quehacer económico y comercial de las empresas valencianas.

Menos y débiles

La concentración de interlocutores y el combate a los entes intermedios de la sociedad son el caballo de batalla que ocupa a los grupos de poder. La escalada en la Comunidad Valenciana se inició a partir de 1982 con la creación de la Asociación Valenciana de Empresarios, en virtud de un acuerdo entre sus dos fundadores: Silvino Navarro Vidal y José María Simó Nogués en la barra del restaurante vasco Kailuze, cuando estaba ubicado en Xàbia. AVE consiguió– al eliminar al presidente de CEV Vicente Iborra en 1986 – situar a tres de sus miembros en las presidencias de Feria (Ramón Cerdá Garrido), Cámara de València (José María Simó) y Pedro Agramunt Fontdemora (CEV) en connivencia con el Partido Popular. Las tendencias en AVE se escindieron. Una consideró extinguida su razón de ser y se convirtió en institucional. La otra se reservó la capacidad de intervención en acciones futuras desde los resortes de respuesta rápida que le otorga su condición ‘outsider’ no sujeta a reglas ni a la exigencia de dar cuenta de sus métodos y fuentes de financiación. El cerco prosiguió, en 1988 con la salida violenta–con un portazo que aún resuena– de José María Simó de la Cámara por las condiciones inaceptables que trató de imponer el todopoderoso secretario de la CEV y de AVE simultáneamente, Luís Espinosa Fernández. Espinosa fue “premiado” por el Partido Popular cuando accedió al poder. Se le adjudicó la secretaría de Estado de Cooperación Internacional en el ministerio de Asuntos Exteriores, después de eclosionar el escándalo de los cursos de formación y el desfalco irregular que quebró las cuentas de la CEV. Episodios que le obligaron a dimitir en 1997. Jiménez de la Iglesia fue junto con Federico Félix (AVE) uno de los muñidores del llamado Pacto del Pollo que fraguó el acuerdo para que Eduardo Zaplana accediera a la presidencia de la Generalitat en 1995 por el Partido Popular. En la presidencia de Feria, Ramón Cerdá fue sustituido primero por Antonio Baixauli, jefe del sector de la Madera y Mueble en la CEV, primero y después por Rafael Catalá, persona próxima a Rita Barberá, alcaldesa del PP en València durante 25 años. En la Cámara de Comercio de València, Simó cedió la presidencia a su vicepresidente, Enrique Silla Criado, hasta que asediado, amenazado y traicionado tuvo que presentar la dimisión en enero de 1995. La presidencia de la Cámara fue ocupada por el vicepresidente segundo, Arturo Virosque Ruíz, quien puso la institución al servicio del Partido Popular y de Eduardo Zaplana, después de cumplir instrucciones para llevar a cabo una purga del personal y ultimar el control político de la corporación.

Feria errante

La situación en 2023 refleja la hecatombe en Feria València, donde tras el apartamiento extemporáneo del Ayuntamiento de València, ocupa la presidencia, de no se sabe qué ente público, el secretario autonómico de la conselleria de Economía, Natxo Costa. El sesgo empresarial por el aire. Tras varios años de deliberaciones extravagantes acerca de la naturaleza pública o privada –media un dictamen confuso ‘de encargo’ emitido por el Consell Jurídic Consultiu– de la institución que creó el Ayuntamiento con los comerciantes de Unió Gremial (1917), en suelo municipal que incluye la edificación y negocio de la economía valenciana en su conjunto para la promoción y el progreso de los intereses generales de los valencianos. La deuda de Feria València, desde la presidencia del Consell de Joan Lerma, siempre ha sido financiada y avalada por la Generalitat Valenciana. Ente de gobierno autonómico que ha de servir al total pueblo valenciano. En Feria València que celebró su centenario en 2017 en presencia del rey Felipe VI, ha sido imposible el acuerdo y el diálogo constructivo y eficaz para consensuar una solución que aglutine a Ayuntamiento, Generalitat en sus consellerias de Hacienda (PSOE) y Economía (Compromís) –cada una con su tozudez–, los empresarios de la CEV, de Unió Gremial, y la Cámara de Comercio (entidades fundadoras) y los diferentes sectores económicos que todavía apuntalan el quehacer ferial con empeño encomiable. El resultado económico de explotación, gestión y mantenimiento ha sido catastrófico. Desde el prisma político la disensión y fuga de las administraciones involucradas no logran coordinar sus competencias en aras al entendimiento que se merecen los valencianos. En credibilidad empresarial, la estela de incapacidad de lograr una acción conjunta – CEV, Cámara de Comercio, Unió Gremial y sectores empresariales partícipes– para imponer el sentido común entre los órganos políticos y si fuera preciso, llegar a la presidencia de la Generalitat y a los principales partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas, para acabar con las disputas y disensiones. Con el fin de reconducir la actividad ferial por la senda y con los objetivos que nunca debió abandonar. Víctimas: todos los valencianos, los intereses generales de la economía, los sectores de servicios que actúan en la ciudad de València, la imagen y el prestigio de la ciudad de València–Cap i Casal– y con ella los de toda la Comunidad Valenciana. Han sido perjudicadas muy especialmente, las personas que han perdido su puesto de trabajo por los sucesivos expedientes de regulación de empleo, y junto a ellos, todos los que vivían en torno a las ferias comerciales y que contribuyeron a su éxito. Queda por reconocer el esfuerzo de técnicos y ejecutivos por reavivar la celebración de certámenes y eventos que pudieran salvar la imagen ferial de València con resultados económicos viables. Lo que falta: la expiación y el acto conjunto de reconocimiento de responsabilidad y culpa por parte de quienes han permitido y contribuido a que Feria València sea hoy un resto irreconocible de lo que fue y de lo que debería seguir siendo.

Declive institucional

Nadie quisiera pensar en un cúmulo de maquinación, incompetencia y mala fe, en la ruina o desviación en las instituciones económico-empresariales. En las que podrían incurrir quienes han tenido la obligación, la posibilidad y los instrumentos para evitar el desastre en Feria València–arruinada–, Cámaras de Comercio –desvirtuadas y apartadas de su misión– junto a organizaciones empresariales – controladas y supeditadas, además de quebradas (caso CIERVAL) y contradictorias– en las que pervive el conflicto de intereses entre las superestructuras dirigentes y las bases federadas o sectoriales. Queda por aclarar la transparencia sobre la representatividad comprobable de las patronales y sin resolver el cisma entre las pequeñas y medianas empresas– más del 95%-- y las grandes unidades de negocio–holdings y multinacionales–, cuya disparidad en intereses y necesidades las sitúa en posiciones antagónicas e irreconciliables en el seno de la misma organización.

Examen de conciencia

En 2023 hay previsto un apretado calendario electoral – municipales, autonómicas y generales– que debería provocar el balance de gestión en la conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana en cuyas competencias se incluyen las que afectan a las entidades económico-empresariales. Cómo se encontraron cuando se iniciaron los dos mandatos de los gobiernos del Botànic. Cuánto se ha avanzado y evolucionado a lo largo de los ocho años transcurridos y cuáles son los objetivos para los próximos años si la coalición actual lograra la confianza del electorado para el próximo cuatrienio. Para el ejercicio de análisis económico habría que incluir el fracaso en la culminación de la ampliación norte del Puerto de València perteneciente a la APV que preside Aurelio Martínez, nombrado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Si el Puerto de València es la caja de resonancia de la economía de la C.V. y ha resultado imposible poner de acuerdo a los diferentes actores representados en su Consejo de Administración ni a las entidades cívicas que se ven afectadas por su actividad, alguien tendrá que asumir la responsabilidad de que el diálogo ha sido imposible. En ocho años no se ha podido llegar a consensos y acuerdos que habrían sido beneficiosos para la economía, para la comunidad portuaria, para el entendimiento entre Administraciones –locales, autonómicas y centrales–, para la convivencia ciudadana, para el ecosistema y para el hinterland que inexorablemente acompaña a las instalaciones portuarias.

Alianza contra tensión

Si en el transcurso de dos legislaturas seguidas – de 2015 a 2023– bajo la misma coalición de gobierno, no se ha logrado aclarar el panorama de las instituciones económico-empresariales, la perspectiva para afrontar nuevas singladuras políticas de diferente signo no augura tiempos mejores. No vamos a pensar que se ha trabajado con la intención estratégica de que cuanto peor vaya para las instituciones en los gobiernos del Botànic, sería mejor para posibilitar un cambio de signo político en el Consell de la Comunidad Valenciana. Si los partidos políticos con vocación de gobierno en la autonomía tuvieran suficiente sentido de la responsabilidad, más allá de sus ambiciones de conservar o conseguir el poder, habrían de pensar en remar todos en la misma dirección hacia una posible entente gubernamental de concentración que reuniera a las principales formaciones políticas ante los retos que tiene planteados el País Valenciano a corto y largo plazo. No puede repetirse otra singladura política de disensión y enfrentamiento, en la que el antagonismo impida la oportunidad de afrontar y solucionar los asuntos capitales de los que depende el futuro de los valencianos.

Unidad contra crisis

No pueden convivir posicionamientos ideológicos a favor y en contra de la financiación autonómica justa ni del equitativo reparto de las inversiones en infraestructuras de la Comunidad Valenciana. Ni es soportable el constante enfrentamiento en la implantación y uso de la lengua valenciana, en la urgente regeneración cultural y artística, o en la instrumentación sesgada de los medios de comunicación públicos o la intervención en los privados sin luz y taquígrafos. El conocimiento, la educación y la información son pilares básicos para la convivencia y para la salud democrática de un territorio. De su desarrollo suficiente y regenerador depende el futuro de los valencianos. Ciudadanos que contemplan atónitos las discrepancias estériles y la disparatada carrera por el poder. Tendencia que muy probablemente llevará a reincidir en fracasos pretéritos y en incrementar la desafección de los ciudadanos con resultados erráticos para los comicios que se avecinan.