La ultraderecha como rémora policial

Más que un partido, es un grupúsculo. Se presenta como portavoz del “auténtico patriotismo español” y su poco exitoso proselitismo se ampara en este lema: “Únete a la resistencia”. Sin embargo, el líder de esa “resistencia” antisistema lleva varias décadas, desde los tiempos convulsos de la Transición a la democracia, demasiado cerca del sistema, concretamente de la Policía Nacional y de algunos de sus mandos. Tanto, que ha recibido varias distinciones y reconocimientos policiales, bien hacia su persona, bien hacia la empresa de seguridad privada de la que es propietario, pese a que un rosario de incidentes xenófobos, homófobos, de odio hacia “rojos”, “catalanistas” inmigrantes y demócratas en general, decoran su trayectoria. España 2000, que así se llama la organización a la que dio forma de partido en los primeros años de este siglo, es una fracción minúscula con base en València cuyo programa consiste en liquidar el Estado de las Autonomías, así como las “instituciones florero” de La Casa Real, el Senado y las diputaciones; expulsar “los excedentes de inmigración”, situando a “los españoles primero”; acabar con la Unión Europea porque, textualmente, “el acercamiento de Rusia a Europa es una oportunidad para mejorar nuestra economía y nuestra independencia”; estimular la natalidad y el modelo tradicional de familia frente a la crisis demográfica, y salir de la OTAN.

España 2000 ha sido y es el núcleo neofascista desde el que se han agitado con gran impunidad la mayoría de los episodios de agresividad de la ultraderecha en las calles de València. Y ha habido momentos en los que esa agitación ha sido muy intensa, desde la manifestación de 2002 contra los inmigrantes en el barrio de Russafa, que acabó en graves enfrentamientos de grupos antifascistas con los antidisturbios, hasta una marcha en el barrio de Benimaclet hace poco más de un año en la que se exhibieron banderas franquistas. En algunas ocasiones, sus provocaciones han llegado a las calles de Madrid, como en la manifestación que en septiembre de 2021 recorrió el barrio de Chueca y en la que se corearon lemas homófobos e insultos contra el colectivo LGTBI, al final de la cual pronunció una arenga su líder, José Luis Roberto.

El personaje que sostiene desde hace tanto tiempo a ese grupúsculo fue detenido en tiempos de la Transición por la colocación de dos explosivos contra un acto nacionalista en València pero nunca fue condenado por ello. Además de negocios con empresarios rusos, ha tenido un gimnasio que fue investigado por promover campeonatos de valetudo, una modalidad de lucha en la que se permite prácticamente todo. En 2004, la Audiencia de València confirmó una sentencia anterior de un juzgado de lo penal por la que fue condenado a un año de cárcel por presentar un testigo falso en un juicio de faltas por un accidente de tráfico. Ha defendido como abogado a algunos de los ultras acusados por las agresiones del 9 d'Octubre de 2017 contra una manifestación convocada por organizaciones valencianistas y de izquierda. Entre 2000 y 2011, ejerció de jefe de los servicios jurídicos y secretario general de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, época en la que protagonizó una polémica con otras formaciones de extrema derecha que lo criticaban por propugnar la concesión de permisos de residencia a mujeres extranjeras para ejercer la prostitución mientras su organización política salía a la calle para denunciar la llegada masiva de inmigrantes a España.

Una figura con ese currículum es el abogado de la acusación particular contra Mónica Oltra en el caso de la gestión de una denuncia por abusos de su marido a una menor tutelada por el que dimitió la vicepresidenta valenciana. En su academia de preparación de aspirantes a entrar en la Policía Nacional ha ejercido de profesor Ricardo Ferris, destituido recientemente como inspector jefe de la comisaría Centro de València por la Dirección General de la Policía después de hacerse públicos los mensajes xenófobos que difundió en un acto organizado por Vox en el que sostuvo, pese a que lo desmienten todas las estadísticas oficiales, que “la práctica totalidad de los detenidos por la Policía y la Guardia Civil son extranjeros”.

La combinación de negocio personal -su empresa, Levantina de Seguridad, factura seis millones de euros al año-, activismo de ultraderecha y proximidad a la Policía no es casual. José Luis Roberto ha puesto siempre mucho énfasis en resaltar las distinciones o supuestas distinciones recibidas de las fuerzas policiales, como la que en 2017 otorgó el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, del PP, a unos de sus vigilantes jurados, o la “mención de honor” que en 2019 entregó el Gobierno de Pedro Sánchez al CEO de su empresa de seguridad por la “larga y laureada trayectoria profesional de la empresa valenciana pionera en seguridad privada desde hace más de 30 años”. Por eso no es suficiente que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reaccionara a la concesión de un premio a Roberto por parte de la comisaría de Paterna, donde reside el dirigente extremista y donde su empresa ejerce la vigilancia privada de una urbanización, asegurando que fue una acción “individual” del comisario que no se corresponde con “los valores y la filosofía de la Policía Nacional, de un cuerpo de seguridad del Estado en un país democrático”. Y resulta francamente decepcionante que el Gobierno responda a una pregunta del senador Carles Mulet limitándose a afirmar que la Policía no ha concedido “ningún reconocimiento oficial” al líder de España 2000 porque se trata de distinciones que no están recogidas ni en la “normativa propia” de la Policía Nacional ni “de manera institucional”.

Ya es hora de aclarar cuáles son las complicidades que revelan tales homenajes, sean “oficiales” o no; si esa rémora ultraderechista adherida al Cuerpo Nacional de Policía se nutre de él y hasta qué punto supone una amenaza para la convivencia democrática. Puede que estemos ante un problema enquistado de orden público.