La discriminación al valenciano, camino del Constitucional: los ocho puntos de la ley de Mazón que Compromís quiere recurrir

La coalición Compromís negocia con los grupos del Congreso presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley educativa aprobada por PP y Vox en las Corts Valencianes. Los valencianistas encargaron un informe jurídico de la norma impulsada por el conseller de Educación, José Antonio Rovira, que recorta las horas de valenciano en los centros públicos y establece de nuevo el distrito único escolar. La ley ha provocado una huelga y las críticas de las entidades en defensa de la lengua.

Los valencianistas se basan en ocho puntos para denunciar la inconstitucionalidad de la ley, así como la vulneración de hasta 30 leyes o decretos de rango superior estatal. Según apuntan, la ley invade competencias estatales, vulnera el Estatut d'Autonomia valenciano y plantea un referéndum para escoger lengua base que es incompatible con la ley. La consulta pública, anunciada para diciembre, implica que se vote un proyecto educativo antes de matricular a los alumnos y que los padres vayan a ciegas, según denuncia el diputado Gerard Fullana. Los valencianistas negocian con los grupos parlamentarios en el Congreso y han trasladado el informe al Ministerio de Educación para que valore su contenido. “Las familias no saben donde matriculan a sus hijos”, y van a “participar de un referéndum ilegal”, denuncia Compromís.

Las conclusiones del informe jurídico apuntan que la ley trata de regular cuestiones que son competencia estatal: “Colisiona con la Constitución porque regula la 'libertad educativa' y este es un concepto abordado por los derechos constitucionales”, dice el texto, que reitera que esta cuestión, que además da nombre a la ley, es competencia exclusiva del Estado.

El informe insiste en el recorte lingüístico en varias ocasiones, recalcando que dificulta el aprendizaje del valenciano, incluso lo impide en las zonas castellanohablantes, que quedan exentas. “Su aplicación impedirá que la gran mayoría de alumnas que forman parte del sistema educativo valenciano adquiera un pleno dominio en valenciano”, sostienen los valencianistas.

Asimismo, aseguran que la acreditación lingüística individual “vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución y la autonomía pedagógica de los centros reconocida en la disposición adicional cuarta de la LOE”. La ley no establece de quién es competencia la acreditación lingüística ni en base a qué razones, critica el grupo parlamentario.

Los valencianistas también apuntan que se vulnera la ley educativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en las zonas de predominio lingüístico valenciano. Sospechan de la inconstitucionalidad del procedimiento de elección de la lengua base y del modelo de uso de las dos lenguas vehiculares, por vulneración de la LOE. “Las familias tienen que elegir centros sin conocer cuál será la lengua base que se aplicará porque solo podrá ser determinada cuando finalice el proceso de admisión. Además, la lengua base se fijará atendiendo a la elección realizada por otras familias, incluso por aquellas que no acaban matriculando a sus hijos en los centros”, insiste Compromís, algo hasta la fecha insólito. “El proceso de elección es la matriculación”, recalca Fullana, que lo califica como “un referéndum ilegal”.

Asimismo, ven una posible inconstitucionalidad en las zonas de predominio castellano: en la “eliminación del derecho de los alumnos de la zona de predominio lingüístico castellano a aprender en valenciano”, dado que la ley establece que en esas zonas -las comarcas del sur de Alicante- es el castellano la lengua base.

Sobre la posibilidad de elegir la lengua en los exámenes, el informe es tajante: “La utilización de las lenguas en exámenes mediante su elección por los alumnos vulnera el artículo 3 de la Constitución porque atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos que van vinculados a la lengua oficial en la cual se vehicula una asignatura. Vulnera también los artículos 12 y 91 de la LOE porque margina al profesorado en la evaluación de los exámenes, que está indisolublemente unida a la adquisición de competencias curriculares lingüísticas”, sostiene. Considera también que hay lagunas legales en la supresión del requisito lingüísticos para el profesorado y que fomenta únicamente “al que vehicula en lengua extranjera”

La coalición subraya que la norma “impedirá que la gran mayoría de alumnos adquiera un pleno dominio de valenciano” y que la ley “no justifica por qué se debe realizar una adecuación lingüística individual”. Asimismo, considera que la consulta y el periodo de matriculación serán caóticos dado su planteamiento: “No va a haber ni una sola familia valenciana de las 800.000 que sepan dónde han matriculado a su hijo independientemente de la lengua que hayan escogido”, porque participarán en una consulta y “después se les dirá cuál es su centro”, insiste el diputado, que subraya que “es ilegal porque la ley dice claramente que deben conocer el proyecto lingüístico y educativo del centro antes del periodo de admisión”.