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Envases reutilizables, recogida selectiva y agua del grifo gratis en los bares: los grupos del Pacte del Botànic registran la ley para “transformar residuos en recursos”

Los portavoces de Medio Ambiente del Botànic junto a la secretaria autonómica del ramo, Paula Tuzón y su director general, Joan Piquer.

Laura Martínez

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Los partidos del Pacte del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, aceleran en los últimos días del año dos de sus normas claves y de las más polémicas. Si el martes el Consell presentaba el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova) tras seis años en discusión, este miércoles los grupos parlamentarios registraban la Proposición de Ley de Economía Circular, después de tres retrasos por diferencias internas.

La ley que regula el reciclaje y reutilización de envases, que busca reducir el impacto medioambiental del consumo, en línea con las normativas europeas, quedó pendiente la pasada legislatura por el adelanto electoral y disputas por el sistema SDDR -depósito, devolución y retorno de envases-. La patronal valenciana y las grandes superficies se mostraron contrarias a este sistema que incrementa el precio de los productos envasados y después devuelve su equivalente a la persona que los deposita; un incentivo a la reutilización de envases que en esta norma tendrá carácter voluntario, si el Gobierno central no indica lo contrario. En su lugar, el documento presentado por PSPV, Compromís y Unides Podem establece como obligatorio el SDR, que no incrementa el precio del envase, pero ofrece incentivos económicos para su depósito. En este caso, estará limitado a envases no reutilizables de menos de 3 litros de capacidad y al menos para los plásticos, con idea de mejorar su trazabilidad y reducir la “opacidad” en su tratamiento.

En el marco de la reutilización, la norma obliga a los supermercados a incluir entre sus referencias productos con envases retornables, que el consumidor podrá devolver en la superficie comercial. Las referencias mínimas obligatorias variarán en función del tamaño del comercio y el sistema busca adaptar una práctica extendida en hostelería. En los establecimientos de restauración se introduce el deber de garantizar el derecho del ciudadano a recibir agua potable de grifo sin coste alguno, si así lo demanda. La norma también impide la fabricación de bienes en la Comunitat Valenciana con obsolescencia programada, ya sea en su vertiente técnica, de programación o de diseño.

El proyecto legislativo también provocó algún desencuentro con el Ejecutivo autonómico, que trasladó a los parlamentarios su malestar y pidió revisar la norma antes de presentarla -esto retrasó la última presentación casi un mes- y, según indicó la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, el Ejecutivo hubiera preferido desarrollarla, pese a que la conselleria de Transición Ecológica participara del proceso. La urgencia de los plazos que dicta la Unión Europea para ámbitos como la recogida selectiva de recursos hacía necesario tramitar la norma directamente desde el parlamento, un proceso más ágil.

La recogida selectiva de residuos será obligatoria en los municipios y los grupos parlamentarios prevén obtener con algunos proyectos financiación europea para estas líneas. En este sentido, la proposición aborda el objetivo de mejorar drásticamente la recogida selectiva de la materia orgánica con el fin de elaborar un “compost de calidad que sea devuelto a la tierra”, y para ello incluye la recogida selectiva de biorresiduos obligatoria para todos los municipios de la Comunitat Valenciana, mediante la combinación de diversos sistemas de recogida selectiva de residuos orgánicos domésticos y comerciales -puerta a puerta, contenedores informatizados, recogida selectiva itinerante y otros sistemas con TICs a nivel municipal- en función de la población y la estacionalidad.

En la presentación de la norma han participado los portavoces del PSPV-PSOE, Paco Gil; de Compromís, Graciela Ferrer, y de Unides Podem, Beatriu Gascó, acompañados por la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Paula Tuzón, y su director general, Joan Piquer. Los portavoces destacaron que, además de cumplir con las directrices europeas, la idea de la norma es “convertir los residuos en recursos”.

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