Podemos exige a Marlaska la detención de las patrullas ultras de València por “intimidación en el espacio público”

Podemos ha registrado este jueves una iniciativa donde instan al Gobierno a actuar de manera inmediata ante los autodenominados Ángeles de la Noche y cualquier otro grupo organizado que realice patrullas, vigilancia o actuaciones de intimidación en el espacio público, según ha hecho público el partido que coordina la diputada Ione Belarra.

La formación morada considera que se debe actuar de manera inmediata ante toda conducta que exceda las facultades legalmente reconocidas a la ciudadanía, procediendo a la identificación, sanción, denuncia y, cuando corresponda, detención de quienes ejerzan funciones de vigilancia, coacción o intervención reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin esperar a que se produzcan agresiones físicas para intervenir.

Los morados también instan al Gobierno que remita a la Fiscalía General del Estado toda información e indicio que pudiera ser constitutivo de delito de odio, amenazas, coacciones, discriminación o asociación ilícita, garantizando “una investigación integral de las actuaciones de estos grupos y de las personas u organizaciones que pudieran promoverlas, financiarlas o coordinarlas”, han explicado desde Podemos en un comunicado.

Asimismo, solicitan a Grande-Marlaska que comparezca ante la Comisión de Interior del Congreso para informar sobre las actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior. “Con esto se pretende que se garantice que la seguridad ciudadano no sea externalizada de facto a organizaciones políticas o grupos privados de extrema derecha, reforzando la presencia de los servicios públicos de seguridad y prevención en las zonas afectadas”, han denunciado.

En la argumentación de la PNL presentada en el Congreso, Belarra argumenta que según los datos publicados por el Ayuntamiento de València, la delincuencia descendió un 3 % en el conjunto de la ciudad en el último año. Además, en la zona del paseo marítimo en concreto, los delitos leves han bajado este año un 22%. “La utilización de la seguridad como argumento para criminalizar colectivamente a las personas migrantes constituye, por tanto, una operación política de señalamiento que puede alimentar el racismo, la discriminación y la violencia”, defiende la diputada.

“La seguridad ciudadana es un derecho de toda la población y una responsabilidad de los poderes públicos. Ningún partido político, organización o grupo de particulares puede arrogarse funciones de vigilancia, control o intervención que corresponden a las autoridades competentes. La preocupación legítima por la seguridad de los barrios no habilita para perseguir, intimidar o considerar sospechosa a una persona por su origen, nacionalidad, apariencia o pertenencia a un determinado colectivo. La seguridad debe garantizarse mediante servicios públicos eficaces, prevención social, políticas de convivencia y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sometidas al Estado de derecho y al respeto de los derechos fundamentales”, argumenta.