La Intervención de la Generalitat de Catalunya descarta que haya “coincidencia” en las facturas de Francis Puig

La Intervención General de Cataluña ha remitido un escrito al juzgado valenciano que investiga un posible fraude de subvenciones públicas por parte de Francis Puig, hermano del presidente valenciano, Ximo Puig, donde descarta la posibilidad de coincidencia en las facturas aportadas para justificar varias subvenciones.

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València había pedido a los servicios de Intervención de los gobiernos valenciano y catalán que realizasen un informe de peritaje sobre posibles indicios de falsedad en los justificantes aportados por los procesados a la hora de solicitar subvenciones públicas.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso EFE, la Intervención General catalana expone que “el alcance de las actuaciones a practicar por la Intervención se limita a verificar las operaciones según constan en la documentación que integra el expediente, de modo que no es objeto de comprobación aquello que no consta en el mismo. La Intervención no tiene competencia para valorar la oportunidad del gasto ni investigar la realidad material de los hechos que se incluyen en el expediente”.

En definitiva, este órgano administrativo de la Generalitat de Catalunya insiste en que no tiene competencia para investigar posibles falsedades de los hechos contemplados en el expediente y, en consecuencia, de la documentación presentada.

Además, señala que “no hay posibilidad de coincidencia” en las facturas aportadas por los beneficiarios de las subvenciones para la justificación de las mismas “porque las ayudas de la Generalitat de Catalunya son ayudas sin costes subvencionables”, es decir, que la cuantía de las mismas no está condicionada a los gastos en los que incurran las empresas, sino que se establecen por módulos referidos a indicadores de actividad, entre los cuales no se contempla el gasto realizado.

Estos indicadores, aclara, son la audiencia potencial, las horas de emisión de programas de producción propia y la cifra de trabajadores en determinadas categorías.

“Aunque las actividades subvencionadas pudiesen coincidir en cuanto a objeto -con las concedidas por otras administraciones-, las ayudas concedidas por la Generalitat de Catalunya se establecen en base a indicadores de actividad, pero no específicamente de gasto”, y estos indicadores son “relativos al año anterior al de la solicitud”.

Por ello, insiste la Intervención, no se exige a los beneficiarios aportar facturas para justificar un determinado volumen de gasto.

La investigación judicial nació de una querella presentada por el PP y se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del president desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón.

En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.