Plataformas digitales, desregulación, precariedad, trabajo no regulado, discriminaciones... Responsables de la inspección de trabajo de 80 países analizan en Valencia los principales retos a abordar en su campo, un espacio clave en la dignificación y el reconocimiento de los derechos laborales. La ciudad acoge el primer foro mundial de estas características, donde los técnicos comparten experiencias en buenas prácticas a nivel internacional. El foro, organizado por el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) discute las nuevas directrices y prácticas para mejorar las inspecciones laborales, en base al documento aprobado por la OIT el pasado marzo.
Pese a la diversidad de casos analizados, los ponentes coinciden en nuevos riesgos a los que hacer frente: la protección de las personas trabajadoras de las plataformas y de nuevas formas laborales como el teletrabajo, la protección de los trabajadores migrantes -incluidos los que se encuentran en situación de irregularidad- y la protección ante otros riesgos como los psicosociales, la salud de los trabajadores y la crisis energética global.
Sobre las nuevas directrices de la OIT, en el panel formado por los responsables de Filipinas, Perú y España, los ponentes recalcan que los inspectores de trabajo no deben de depender de autoridades locales para evitar injerencias, recalcan la necesidad de cooperación y colaboración con otras instituciones e interlocutores sociales para tener una actividad inspectora más eficaz y consideran que las formas voluntarias de autorregulación son un complemento y no un sustituto de la Inspección.
En la apertura de la jornada, que seguirá este viernes con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha puesto en valor que en España la inspección haya conseguido que “más de 51.500 falsos autónomos vieran reconocida su relación laboral; ha provocado que 670.000 contratos temporales se transformaran en fijos y ha conseguido que miles de trabajadoras del hogar vieran regularizados sus trabajos”. El número dos del ministerio ha recordado el cambio que ha supuesto la ley rider y las inspecciones a plataformas, que demostraron una relación laboral entre los repartidores y las apps en las que se ofertaban sus servicios, sirviendo como base para la directiva europea sobre trabajo en las plataformas.
Durante las cinco mesas, los representantes han puesto en común algunos ejemplos de buenas prácticas o cambios legislativos. En Perú abogan por incorporar la tecnología como herramienta de la inspección, facilitando canales de acceso de denuncia, el envío de mensajes disuasorios o aplicaciones para saber si un trabajador ha sido dado de alta en el sistema; en Chile, donde hay una alta tasa de trabajo informal, se aboga por el diálogo social y consejos tripartitos, donde hay representantes de los trabajadores, empresas y organismos locales para resolver conflictos, un enfoque que también emplean los noruegos. En Francia, cada tres años se elaboran planes con prioridades de la Inspección de trabajo, que se presenta a los agentes sociales, destacando los objetivos de salud en el trabajo. En Estados Unidos, los responsables ponen el foco en la protección de los trabajadores vulnerables que no pueden presentar quejas, dado que el equilibrio entre los empresarios y las personas trabajadoras se ha descompensado, en perjuicio de estos últimos, y hay un trasvase de inspectores de trabajo al sector público, con mayor retribución.
La inspección de trabajo, una institución centenaria, trabaja por adaptarse al contexto actual de deslocalización y digitalización del empleo, que en ocasiones esconde trampas y precariedad. El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y ex director de la Inspección de Trabajo estatal, Héctor Illueca, reclamaba una adaptación y renovación de sus servicios, asumiendo más competencias. El dirigente valenciano, también funcionario del cuerpo, destacaba que el modelo español es un referente en iberoamérica y llama la atención en otros países europeos “por su condición generalista, porque asume amplias competencias de control de las condiciones laborales respecto a temas como el salario o la jornada, pero también sobre las normativas de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales”.
Red iberoamericana de inspectores
Este miércoles, representantes de la inspección de Portugal, España y 13 países iberoamericanos se constituían en una red de trabajo estatal, previa al foro, con el objetivo de diseñar estrategias compartidas. La proliferación del trabajo no declarado e irregular, la persistencia de discriminaciones laborales o la tendencia a la desregulación son algunas de las cuestiones prioritarias para la red, según apuntan los representantes del Ministerio de Trabajo del gobierno español.