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Unides Podem deja al límite la enmienda para salvar el personal de À Punt

El logotipo de A Punt.

Laura Martínez

3 de diciembre de 2020 22:23 h

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El próximo pleno de las Corts Valencianes será de vital interés para la televisión pública valenciana. Entre el 21 y el 23 de diciembre, el Parlamento autonómico decidirá si da un margen de tres años a À Punt para mantener a su plantilla en las condiciones actuales o si el día 1 de enero cerca de un centenar de personas tendrán que abandonar la cadena pública.

La decisión podría haberse resuelto este mismo jueves en la comisión de Economía y Presupuestos, que debate las enmiendas presentadas a la Ley de Acompañamiento, pero la abstención de Unides Podem fuerza que el texto presentado por PSPV y Compromís llegue “vivo” al último pleno del año. Socialistas y valencianistas acordaron ampliar la moratoria a la disposición que establece que À Punt no puede gastar más de un tercio de su presupuesto en personal, una cifra que incumple desde los inicios de las emisiones y que ya se resolvió con una moratoria.

Este entuerto solo tiene dos salidas: o dotar de mayor presupuesto al ente público, o prescindir de los trabajadores hasta cuadrar las cuentas con la fórmula que Ciudadanos introdujo en la ley, con el apoyo de los partidos del Pacto del Botánico. La primera cuestión no entra en las previsiones del Consell y la segunda mancharía la imagen de un Ejecutivo progresista que tuvo como bandera electoral la recuperación del servicio público de información en valenciano.

No obstante, las tres patas del Botánico acordaron en las Corts incrementar los ingresos de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a través de la subvención directa -que emana de presidencia- e introducir algunos contratos de publicidad institucional desde las consellerias de Territorio, Economía Sostenible y Arquitectura Bioclimática, que suman 2,6 millones de euros a las previsiones de la cadena pública.

“La moratoria no es la solución definitiva”

Unides Podem quiere presionar al resto de socios para eliminar la limitación de personal del ente público o aumentarla hasta un punto que consideran razonable, cercano al 40%. Según explican fuentes del grupo parlamentario, “la moratoria no es la solución definitiva” y creen que para evitar la estructura faraónica que alcanzó la extinta Canal 9, el Consell tiene otros mecanismos de revisión. “El personal tiene que consolidar los puestos de trabajo”, actualmente, 469, una cifra que supera notablemente las 376 que ha aprobado Hacienda. Así, Unides Podem apurará el plazo de negociación de presupuestos para que sus socios flexibilicen el gasto en la televisión pública.

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