La empresa del hermano de Ximo Puig defiende la “legalidad” de las ayudas de la Generalitat a la promoción del valenciano

La empresa Comunicacions dels Ports SA ha asegurado que defenderá “la legalidad de las ayudas” públicas recibidas por promoción del valenciano, y perseguirá “en todas las instancias y en los distintos órdenes las acciones difamatorias o denuncias falsas efectuadas por el PP”.

La empresa, de la que Francisco Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, es consejero delegado, se ha referido así después de que un juzgado de Valencia haya citado a declarar como investigados a Francisco Puig y al director general de Política Lingüística del Consell, Rubén Trenzano, en el marco de una causa por malversación abierta tras una querella del PP.

En un comunicado, la firma ha asegurado que desde su constitución hace más de 31 años (1988), ha tenido “como compromiso y uno de sus objetos, el fomento, el uso y el cuidado del valenciano en las comarcas del interior de Castellón, idioma propio de la mayoría de los municipios” de esta zona.

Ha explicado que es el único grupo de comunicación que gestiona medios con licencia administrativa desde la zona, y dispone de licencias de radio y televisión (Els Ports Ràdio y Nordtv), así como medios escritos (semanario comarcal Notícies) y un diario digital (comarquesnord).

Sobre las ayudas para el fomento del valenciano recibidas, ha asegurado que concurrió a las subvenciones “aportando toda la documentación preceptiva y cumpliendo todos y cada uno de los requisitos establecidos en la normativa de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte”.

Ha asegurado que decenas de empresas de comunicación de la Comunitat han recibido estas subvenciones, y ninguna de ellas ha sido cuestionada legal y administrativamente en ninguna de las ediciones realizadas desde 2015, en las que se han otorgado hasta ahora un total de 464 ayudas.

Además, ha destacado que hasta la fecha “no solo no se ha podido demostrar ni acreditar mínimamente ninguna de las afirmaciones difamatorias vertidas a esta empresa”, sino que la entidad “ha sido comprobada y fiscalizada hasta en tres ocasiones sin que haya surgido la más mínima salvedad”.

En este sentido, ha condenado “el uso torticero por parte del Partido Popular de instancias judiciales, administrativas o incluso legislativas, con fines únicamente políticos, difamando a Comunicacions dels Ports SA, así como a su consejero delegado”.

Al respecto, ha señalado que el accionariado de esta empresa lo integran más de un centenar de socios, y que Francisco Puig, con menos del 5% de las participaciones sociales, “en ningún caso tiene el control desde el punto de vista mercantil o societario”.

“En la actualidad ostenta el cargo de consejero delegado a instancias del consejo de administración”, ha informado la empresa, que también ha indicado que desde su fundación en 1988 nunca se han repartido dividendos, lo que demuestra “la falta de interés lucrativo de los accionistas”.

Comunicacions dels Ports ha anunciado que defenderá la legalidad de las ayudas obtenidas “en todas las instancias que sean oportunas”, y perseguirá “en todas las instancias y en los distintos órdenes las acciones difamatorias o denuncias falsas efectuadas por el PP que se viertan hacia esta entidad o cualquier profesional que la integre”.