Sanidad deniega la asistencia a 700 inmigrantes desde el decretazo sanitario
El caso de Milagros Villalobos, la mujer que sufrió un aborto tras ser rechazada varias veces en el hospital de Dénia, no es una excepción. Odusalud, una entidad que agrupa a 60 colectivos como Cáritas, Médicos del Mundo o el Colegio de Abogados de Valencia, ha registrado ya más de 700 casos de desatención médica, básicamente, inmigrantes cuya atención sanitaria ha sido rechazada o dificultada en hospitales o centros de salud de la Generalitat.
Odusalud (Observatorio del derecho universal a la salud de la Comunitat Valenciana) tiene un registro que recoge los casos de desatención médica que se producen con la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, el que limita el acceso al sistema nacional de salud a muchos inmigrantes. Ya hay 718 incidencias. Entre ellas, un 25 % afectan a ciudadanos de la Unión Europea, básicamente, rumanos, y habría 79 menores desatendidos, aunque la ley no les excluye del sistema.
Dos de cada tres casos corresponden a personas que no superan la barrera administrativa y que, por tanto, nunca llegan a ser atendidos por personal sanitario. Odusalud es muy crítico con la “ausencia de información”desde la Conselleria de Sanidad, lo que provoca que la interpretación de la norma sea un caos: ante la falta de directrices, cada centro, cada trabajador, la interpreta de una manera u otra. Eso explicaría casos como el del niño inmigrante al que se le quería cobrar la asistencia en flagrante violación de la ley.
Además, la falta de un criterio transparente y unificado “ha generado que las personas afectadas optaran por alejarse del sistema sanitario, ante la sospecha de que se denegaría su asistencia o que se les facturaría en caso de que se les prestara. Esta situación ha impedido la continuidad de la asistencia y la prescripción de medicación en casos de enfermedades graves o con riesgo desde el punto de vista de la salud pública”, dice Odusalud.
La Comunitat Valenciana tiene la peor sanidad de España. El Programa Valenciano de Protección de la Salud, un plan para paliar la desprotección sobre la población desatendida tras el decretazo sanitario del gobierno central, ha tenido resultados modestos. Sólo 4.000 de las 78.000 personas que en 2012 se quedaron sin tarjeta sanitaria la han recuperado.
