Mónica Oltra ante el TSJ

El TSJ la cita a declarar el 6 de julio

La imputación de la vicepresidenta sacude la política valenciana

“Una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (...) o bien proteger la carrera política de la aforada”. Ese es el motivo que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia a imputar a la vicepresidenta Mónica Oltra y llamarla a declarar el 6 de julio, con la finalidad de “investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”. Todo gira en torno a la gestión que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que Oltra dirige, hizo del caso de abusos a una menor tutelada por los que fue condenado su exmarido.

La decisión judicial generó una inmediata respuesta del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que descartó que ponga en riesgo el Pacto del Botánico. Añadió su deseo de que el asunto “se esclarezca y se tome la decisión que sea más justa”. En nombre de Compromís, Águeda Micó expresó su apoyo a Oltra y cargó contra los representantes de la acusación, el líder de España 2000 José Luis Roberto, que es abogado de la víctima de abusos; la agitadora ultra y miembro de la asociación Gobiérnate, Cristina Seguí, y el partido Vox. “No vamos a permitir que una querella de la extrema derecha nos impida trabajar para mejorar la vida de la gente”, señaló.

Por su parte, la oposición insistió en reclamar la dimisión o la destitución de Oltra. El líder del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, pidió el cese inmediato y dijo que la vicepresidenta no puede seguir “ni un minuto más” en sus cargos, “por dignidad, por sentido común y por no perjudicar” a la Generalitat ni al “buen nombre” de los técnicos que a diario se encargan de un asunto tan “sensible, duro y complicado” como la tutela de menores. 

Discrepancias entre los socios del Pacto del Botánico

De derrota en derrota legal: ¿Cómo cerrar el pleito sobre una zona de actividades logísticas que nunca debió construirse?

Hasta dos planes especiales, de 1999 y 2018, han sido anulados por los tribunales. La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València no es legal porque está construida sobre suelo no urbanizable, concretamente sobre un espacio de huerta de especial protección. El último varapalo, en forma de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, confirma pronunciamientos judiciales anteriores en ese mismo sentido.

Los vecinos de La Punta, que fueron expropiados y vieron cómo se derribaban sus casas en el cambio de siglo porque la construcción de la ZAL supuestamente era de una necesidad imperiosa para el funcionamiento del Puerto de València, han ganado todas las batallas de un pleito que, sin embargo, todavía no puede conducir a una solución tras las reiteradas sentencias porque la Generalitat Valenciana ha vuelto a recurrir. Un movimiento del que se han desmarcado dos de los socios del Pacto del Botánico, Compromís y Unides Podem, así como el alcalde de València, Joan Ribó, también de la coalición valencianista.

Mientras los socialistas argumentan que no había otra opción que recurrir, un movimiento que a nadie escapa que conseguirá, más que nada, ganar tiempo, las otras formaciones dan por perdida la viabilidad del recinto, un polígono industrial lleno de rastrojos, incrustado en la huerta, a espaldas de la ampliación sur de las instalaciones portuarias, en cuya vigilancia gasta el Puerto de Valencia 190.000 euros anuales, y buscar fórmulas para restituir, si es que eso resulta posible, todo ese suelo al entorno de huerta.

Mireia Vidal, presidenta actual de la asociación La Unificadora de la Punta, ha contado en una entrevista en elDiario.es la peripecia de los vecinos de ese enclave al sur de València desde el desalojo forzoso y el derribo de las viviendas de 147 familias a principios de siglo para construir una ZAL declarada ilegal por tercera vez y que acumula 16 sentencias en contra. “Hablamos de un territorio que estaba vivo y que todavía hoy deja cicatrices abiertas en las mentes de nuestras familias y en la memoria de la ciudad de València”, señalaba en la entrevista.

Juicio al acusado de la muerte de tres mujeres 

Feminicidio de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela, con ocho supervivientes

Se ha identificado como el caso de Marta Calvo, porque fue la víctima cuya investigación, reclamada con tenacidad por su madre, dio lugar a que se revisaran otros delitos y a la detención del acusado. Pero a José Ignacio P., cuyo juicio con jurado comenzó en Valencia, se le atribuyen las muertes de otras dos mujeres a las que también habría introducido droga, cocaína y puede que algo más, en sus órganos sexuales durante encuentros mantenidos con ellas. Ocho víctimas de prácticas similares que sobrevivieron a los efectos de la droga declaran a lo largo del juicio, sobre el que además gravita la negativa del hombre que se sienta en el banquillo a aclarar el paradero del cuerpo de Marta Calvo.

Uno de los abogados penalistas que ejercen la acusación definió el fondo de la cuestión como un “feminicidio” y la fiscalía considera que existe la agravante de género para los delitos de abuso sexual y los tres homicidios por los que se juzga al acusado. “Me drogó toda (...) Le dije que me estaba muriendo y me dio un beso en la frente y me dijo 'ay, pobre chica, cómo le gusta la droga...'”, explicó una de las víctimas en su testimonio durante el juicio.

Vigilando la viruela del mono con la pandemia de COVID-19 controlada

La incidencia de la pandemia de COVID-19 en España se mantiene “estable”, sobre todo en lo que se refiere a la ocupación hospitalaria y de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Así lo confirmó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebró en València. El organismo, que centró todos los focos mientras el coronavirus era el protagonista, mantiene “monitorizada” la pandemia global mientras orienta ahora la vigilancia sobre los casos de viruela del mono que se van detectando. La ministra cifró en 323 lo contagios detectados a 14 de junio y en 5.000 las dosis de vacunas que se espera que lleguen antes de fin de mes para hacer frente a esa enfermedad.

Un plan para la ampliación de los servicios de salud bucodental y un plan frente a la resistencia a los antibióticos para el periodo 2022-2024 son algunos de los asuntos que se abordaron en el órgano de coordinación de las políticas sanitarias con las comunidades autónomas. Posteriormente se anunció la decisión de administrar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, la cuarta, a toda la población.

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