La Unió de Periodistes pide la creación de una agencia valenciana pública de noticias

La Unió de Periodistes ha señalado la necesidad de la creación de una agencia valenciana pública de noticias, y además ha advertido que la barrera del tercio en el gasto de plantilla perjudica el proyecto de À Punt.

Así lo apuntava la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, que participaba este lunes en las Corts Valencianes en la comisión para la mejora de la ley del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión.

El eje de la intervención se ha centrado en tres peticiones principales que la Unió de Periodistes cree esenciales en esta reforma. En primer lugar, se ha vuelto a poner encima la mesa la demanda, en favor de una mayor pluralidad, de la creación de una agencia valenciana de noticias. “Una agencia Efe valenciana. Independiente de À Punt, pero de carácter también público, con voluntad de dar servicio a los medios de comunicación tanto públicos como privados. Sería una manera de fortalecer el espacio mediático valenciano y de vertebrar el territorio con información de proximidad al alcance de todos los medios (a través de la cesión de contenidos a los medios públicos o de su venta a los medios privados)”, ha explicado Noa de la Torre.

Por otro lado se ha recordado en 2016 cuando la Unió, como principal asociación de periodistas en la Comunidad Valenciana, expuso a las Corts su modelo de sistema comunicativo audiovisual valenciano. Muchas de aquellas aportaciones quedaron recogidas en la ley, “a pesar de la oposición a la redacción final de la disposición transitoria novena sobre el personal de RTVV, que provocó el conflicto judicial con À Punt”. Respecto de esta disposición, la presidenta ha hecho un apunte, “la Unión ya consiguió un cambio significativo en la redacción del punto 3 sobre la provisión definitiva de los puestos de trabajo. Se quitó la consideración como mérito de la antigüedad en RTVV y el hecho de haber superado un proceso de selección -criterios que ya se han valorado para las bolsas provisionales- y se equiparó para los méritos la experiencia en RTVV, À Punt y el resto de medios públicos. Ahora bien, la redacción final también deja claro que la valoración de méritos ‘no puede suponer la exclusión por completo de quien no tiene ninguno de estos méritos, de acuerdo con el que establecen los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución’. Por lo tanto, desde la Unión, esperamos que el baremo para el concurso oposición no vuelva a suponer en la práctica la exclusión de buena parte de la profesión”.

El tercer eje del discurso de Noa de la Torre se ha centrado en la viabilidad económica del ente. “La obligación que el coste de personal no pueda superar el tercio del presupuesto total de la corporación supone un lastre. Ese encorsetamiento de la ley -que, además, es arbitrario- está perjudicando la consolidación del proyecto. Entre ese planteamiento y el derroche de recursos que supuso Canal 9, hay todo un mundo para explorar. Queremos una radiotelevisión pública de calidad y con recursos, austera pero viable económicamente para llevar adelante el servicio público. No puede ser que ya estamos asistiendo al despido de trabajadores por parte de productoras porque À Punt los recorta el presupuesto por falta de dinero”.

Otros aspectos que preocupan a la Unió de Periodistes destacados por de la Torre fueron la necesidad de una reforma seria de la ley para garantizar en la práctica el control interno y la viabilidad económica de la radiotelevisión pública, una industria audiovisual valenciana con condiciones laborales dignas y un sistema comunicativo plural. “Queremos, en definitiva, que À Punt no pueda convertirse en otro Canal 9, con las consecuencias nefastas que ya sabemos”.

Noa de la Torre ha continuado su intervención hablando del control interno de À Punt. En este punto la ley prevé un Consejo de Informativos que tiene que “velar por la independencia, la objetividad y la veracidad de los contenidos informativos difundidos”, mediante la participación de la plantilla, cita textualmente la presidenta. Desde la Unión de Periodistas se considera fundamental, y una prioridad, reforzar los mecanismos de control de este Consejo para hacer cumplir rigurosamente el que prevé la ley, la independencia profesional de los medios públicos. Es decir, puntualiza de la Torre, “el Consejo de Informativos no puede actuar ni como un comité de empresa que se limite a hacer llegar a la dirección general reivindicaciones laborales, ni como un órgano de veto a cargos que han superado un proceso de selección pero que no interesan. Al contrario, sería más interesante que pudiera participar en los procesos de promoción interna de los diferentes cargos editoriales, con el objetivo de garantizar su transparencia e imparcialidad. Dicho de otro modo, es necesario un Consejo de Informativos con herramientas para denunciar públicamente el que pueda pasar al si de À Punt. Tiene que ser la primera voz que alerto sobre los recortes del presupuesto en producción externa, el incumplimiento del libro de estilo en el tratamiento sensacionalista de sucesos, los posibles trapicheos en los procesos de selección y promoción, o la intromisión de la dirección en los contenidos informativos. Tenemos que estar seguros que si pasan estas cosas se denunciará y se actuará en consecuencia. Tenemos ejemplos del que hacen otros consejos de informativos y de su tarea de denuncia sobre el funcionamiento de los medios públicos”.

La presidenta ha hablado también sobre el artículo 5 de la ley donde se señala que la prestación del servicio público tiene que “contribuir a la creación de ocupación, a la dignificación profesional de los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado del audiovisual valenciano y a la dinamización económica de la Comunidad Valenciana”. Esta premisa se está incumpliendo en la hora de asegurar que los trabajadores contratados a través de productoras audiovisuales externas lo hacen en buenas condiciones. En este punto, desde la Unió de Periodistes denunciamos la precariedad de un sector donde las condiciones laborales son infinitamente peores que las de la plantilla de À Punt, a pesar de que son los profesionales de las productoras los que tienen que asumir muchas veces la carga de trabajo que no puede asumir la plantilla de la radiotelevisión pública. Esto quiere decir que no solo se externalizan determinadas prestaciones de servicios públicos sino que además se hace con precariedad y desde la Unión recordamos que la ley obliga al cumplimiento de las cláusulas sociales (artículo 42).

“Por lo tanto, À Punt tiene que poder controlar las condiciones laborales de los profesionales externos que también realizan una tarea fundamental para la prestación del servicio público. El tipo de contratación y los salarios tienen que poder valorarse en las adjudicaciones de los contratos a las productoras, así como se tiene que hacer un seguimiento de esas condiciones laborales en las prórrogas de los contratos. El preámbulo de la ley, de hecho, habla de unos medios de comunicación públicos que sean ”motor de un potente sector audiovisual privado y de una industria cultural propia“. À Punt tiene una gran responsabilidad en ese sentido”, ha concluido Noa de la Torre.