València embargará a los morosos con cuentas fuera de la ciudad y prevé recaudar 2,5 millones más en multas
Los ciudadanos que tengan alguna deuda con el Ayuntamiento de València en materia de impuestos no podrán librarse del embargo de sus cuentas, aunque estas estén domiciliadas fuera del término municipal de la ciudad.
Así lo han anunciado este miércoles el alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, quienes han anunciado en el transcurso de la presentación de los presupuestos municipales del año que viene que ampliarán a los tributos municipales el convenido puesto en marcha recientemente con la Conselleria de Hacienda para poder cobrar las multas de tráfico a los vecinos de fuera de la ciudad que cometan una infracción y sean sancionados por la Policía Local de València.
Según Vilar, han detectado casos de ciudadanos, que pese a tener inmuebles en la capital, no abonan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y que al tener la cuenta bancaria en una oficina ubicada en otro municipio, no se les puede embargar: “Este mismo mes se va a firmar la ampliación del convenio, momento a partir del cual empezará a funcionar”, ha comentado Vilar.
Por su parte, Ribó ha destacado que en 2018 aumentarán la partida de ingresos en 24,5 millones de euros “sin subir ni un solo impuesto, ni las tasas, ni los precios públicos, sino a base de buena gestión y de eficiencia en la recaudación”.
En este sentido, una de los conceptos que se prevé aumentar es la recaudación por multas de tráfico, pasando de los 6,5 millones presupuestados en este ejercicio a los 9 millones previstos el año que viene: “Históricamente València ha recaudado solo un tercio de las multas puestas, muy por debajo del resto de ayuntamientos, pero con las mejoras que hemos puesto en marcha esperamos poder cobrar entre un 40% y un 45% de las sanciones que se ponen”, ha comentado Ribó.
En cuanto a la grúa, los presupuestos establecen una previsión de ingresos de 3,3 millones de euros, una cantidad que deberá contemplar el nuevo pliego que se aprobará para adjudicar de nuevo el servicio, tras la rescisión del contrato con la actual compañía, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Pavapark y Auplasa.
La concejala de Protección Ciudadana, Annaïs Menguzzato, ya avanzó que el nuevo contrato no tendría en cuenta el número de coches retirados de la vía, sino que se haría un pago único por la prestación del servicio.
El periodo de transición hasta que se saque a concurso y se haga cargo otra empresa se ha visto envuelto en la polémica tras el despido de seis trabajadores, lo que ha llevado al Comité de Empresa a plantear huelga mediante paros parciales.
