“Con 89 años me han dejado en la calle al cambiar la cerradura y me aporrean la puerta para que deje mi alquiler de renta antigua”

“El acoso y las coacciones empezaron en 2023 cuando aparece en mi casa, pegada a mi puerta, una carta anónima, que por lo escrito, conoce mi apellido, y que tengo una hija. A partir de esta fecha, empiezo a recibir una serie de diferentes anónimos. Además, conoce que fui desahuciada, y parece conocer la causa. Usa un lenguaje insultante y amenazante, con anuncio de denuncias y costos de las mismas, como si tuviera poder para volver a echarme según pone en una de ellas. Otra de esas cartas pone los nombres y apellidos, así como los D.N.I, de mi hija, mi nieto y mío. Desde entonces, cada vez que veo a P. B. B., le pregunto que cómo es posible que ese vecino conozca datos nuestros personales, si solo él es conocedor de nuestra situación, ya que es el dueño del edificio, y tuvimos un pleito de desahucio”.

Carmen Débora tiene 89 años y explica así el calvario que viene sufriendo desde que en noviembre de 2021, sin previo aviso, cambiaron la cerradura de su casa tras un largo proceso judicial y se quedó en la calle sin muchas de sus pertenencias. Un juzgado ordenó el desalojo de la vivienda ubicada en el barrio de Patraix de València, en la que reside desde 1974 con un alquiler de renta antigua del que actualmente paga 200 euros. El motivo del desalojo fue, supuestamente, incumplir el contrato por tenencia de animales. El día del lanzamiento no se presentó la comitiva judicial, por lo que quedó como procedimiento abierto, es decir, en cualquier momento podían ir y cambiar las cerraduras, una forma de proceder que despierta muchas dudas legales.

Finalmente, fue lo que sucedió. Días más tarde, Débora, que había salido de casa para empezar a llevarse algunos enseres, vio como su cerradura ya había sido cambiada y se había quedado en la calle con la mayoría de sus pertenencias, que ya no pudo recuperar, en la vivienda. Sin embargo, recurrió la sentencia y a las semanas la Audienia Provincial de València le dio la razón y ordenó al propietario de su piso y del resto del edificio que le devolviera las llaves y le volviera alquilar la vivienda con el mismo contrato que tenía anteriormente. “Pese a todo, hasta el mes de julio del año 2022 no me dio las llaves y mientras tanto tuve que estar entre casa de mis hijos y de amigos ya que no quería ser una carga para nadie”, explica.

La hija de Débora, Dolores, quien la está apoyando en todo este proceso junto a la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) de València , comenta que todos los problemas empezaron en 2016 cuando el propietario heredó toda la finca. Empezó alquilando las viviendas como apartamentos turísticos y ahora las alquila por habitaciones, salvo la de Débora y la de otra vecina que también tiene alquiler de renta antigua.

Ahora, junto a la PAH, han denunciado al propietario ante la Conselleria de Vivienda por el acoso que está sufriendo la mujer desde que en julio del año pasado regresó a su vivienda: “Casi todos los días me aporrean la puerta, a las 23.00 horas y a la 1.00, supuestamente porque la tele está muy alta, cosa que es mentira como ha comprobado la policía alguna vez que ha venido. Toda esta situación nos ha ocasionado un gran desgaste psicológico tanto a mí como a mis hijos y nieto, provocándonos un gran estado de ansiedad e insomnio, tanto por las actuaciones de esta persona como por la mala fe del dueño de la finca conocedor de esta situación”. lamenta.

El decreto contra el acoso inmobiliario impulsado al final de la anterior legislatura por el Gobierno del Pacto del Botánico cuenta con al menos seis denuncias en tramitación, la mayoría puestas por la PAH. Este decreto sanciona con hasta un millón de euros el acoso inmobiliario que ejercen los fondos buitre cuando compran un edificio para lograr que los inquilinos acaben por abandonar la vivienda.

El documento define como acoso inmobiliario “toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarle en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generándole un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante, especialmente si dicha conducta se realiza con intención de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada sobre el derecho que pudiere ampararle de uso y disfrute de dicha vivienda”.