Los datos de la Policía Local de València desmontan la necesidad de la recién estrenada oficina antiocupación de la ciudad. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este lunes este nuevo departamento, una promesa con la que concurrió a las últimas elecciones municipales, y que ha comenzado a operar hace apenas dos semanas, sin demasiada actividad. La edil anunció la puesta en marcha de la oficina a finales de marzo, tras una reunión con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que explicó su modelo para adaptarlo a la capital valenciana, donde los populares y la ultraderecha rechazan la limitación de precios del alquiler y en las Corts han cercenado el decreto que permitía ampliar el parque público con la invervención del mercado. La alcaldesa popular planteó, en su lugar, que los bancos o grandes propietarios instalaran alarmas en las viviendas vacías.
Pese al discurso de la 'inquiocupación' y azuzar el miedo a las ocupaciones de vivienda sin contrato, los datos del Cuerpo apuntan que el problema es prácticamente residual. El Ministerio de Interior apenas registró 876 denuncias por usurpación de inmuebles en toda la provincia de Valencia en el último año y la Policía Local apenas trabaja en un centenar. Y han bajado los casos notablemente.
Las viviendas en las que opera el Cuerpo municipal por usurpación han descendido de 474 a 83 en apenas dos años, según la información facilitada por el cuerpo, que habla de casos activos en los que interviene. En su mayoría las acciones se dan en viviendas vacías y propiedad de grandes tenedores como la Sareb, concentradas en los barrios de Orriols y en el distrito del Marítimo, donde están casi el 70% de los conflictos.
El comisario principal Fernando Giménez Oñate, responsable de la División Territorial Operativa -quien coordina todas las comisarías de barrio-, ha apuntado que “ha habido una rebaja importante” en los casos en dos años, y apunta directamente al problema de la vivienda en la capital. “Hay que pensar en el derecho a la vivienda digna y a la propiedad (...) Sabéis como está la vivienda, disparada, la gente tiene que vivir en algún sitio”, ha reconocido el comisario principal, que apunta que trabajan de la mano de los servicios sociales caso a caso. El delito de usurpación no se da apenas en primeras viviendas, ha apuntado, sino que más bien se produce en casas vacías de grandes tenedores o en viviendas heredadas en las que no se ha producido un acuerdo.
Giménez Oñate ha puesto en valor el trabajo con los servicios sociales para reubicar a quienes acceden a una vivienda, si se da en condiciones de vulnerabilidad, con “empatía”: “Tenemos una herramienta muy potente que es la mediación, la empatía, ver qué está pasando, por qué se está usurpando esta vivienda”. El comisario principal ha insistido en que “hay que buscar una solución habitacional”, y “en caso de que sea imposible, contactamos con el propietario y le informamos de la denuncia que tiene que hacer, sobre el proceso. Pasar de 474 a 83 es un éxito”, ha expuesto.
La oficina se integra en las dependencias de la central de la Policía Local y cuenta con dos agentes que coordinan las denuncias de las comisarías, de la policía de barrio -la UPIC-, un teléfono y un mail específico. La alcaldesa ha insistido en que la oficina “nace, precisamente, de la realidad que vivimos en muchos de nuestros barrios, y de la necesidad de dar respuesta a la preocupación ciudadana ante el fenómeno de la ocupación”, aunque ha reconocido que ha bajado más de un 80%.
“La ocupación ilegal de viviendas es un problema que, desgraciadamente, está ganando terreno en las ciudades y que está generando una preocupación creciente entre la ciudadanía”, ha insistido Catalá, que ha vuelto a indicar que hay propietarios que no quieren sacar al mercado sus viviendas por miedo a la 'inquiocupación'. Según ha apuntado, el barómetro municipal refleja que hay cerca de 10.000 viviendas vacías en la ciudad de Valencia que no salen al mercado del alquiler por miedo a la inquiocupación, “por lo que había que abordar esta cuestión para intentar que salgan al mercado de la vivienda más propiedades, generando esas garantías sobre el propietario, esa seguridad y ese elemento de tranquilidad que le puede dar el tener a la Administración detrás”, ha asegurado. La Policía Local no cuenta con ninguna estadística sobre este asunto, según han apuntado.
“Cortina de humo”
Compromís considera que la medida es una “cortina de humo” de la gestión de los populares. El concejal Ferran Puchades ha registrado varias preguntas formales en la Comisión de Seguridad Ciudadana, exigiendo explicaciones sobre la composición y funciones reales de esta oficina, así como sobre su utilidad práctica. “El equipo de gobierno, hasta ahora, ha sido incapaz de detallar qué personal la integra, con qué funciones concretas y qué aporta realmente la Policía Local en un ámbito que no es de su competencia”, recuerda el concejal de la oposición.
“El PP pretende hacer creer que la Policía Local puede actuar donde no le corresponde. Eso no solo es desinformar, sino también duplicar recursos públicos de manera ineficiente”, ha recalcado.