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El Defensor del Pueblo investiga a València, Castellón y Elche por la “reversión” de restricciones en la zona de bajas emisiones

Contaminación por tráfico.

Carlos Navarro Castelló

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El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio con 33 ciudades, entre ellas València, Castelló, Alicante, Orihuela y Elche, por el retraso que se está produciendo en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), exigidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.

Como ha recordado la institución que dirige Ángel Gabilondo, el artículo 14 de la citada norma establece las medidas y plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera. De este modo, los municipios de más de 50.000 habitantes debían de haber establecido ZBE antes del 1 de enero de 2023.

Respecto a las actuaciones de oficio, la institución ha informado a elDiario.es de que siguen dos criterios. Por razón del número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación, se van a investigar los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE, como es el caso de Aranjuez, y los municipios de más de 300.000 habitantes que aún no las han aprobado pese a estar en trámite.

El segundo supuesto, según la entidad, “se refiere a aquellos municipios en los que se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE, de lo cual esta institución tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, basados en las declaraciones formuladas por los órganos representativos del municipio, por los órganos competentes en materia de medio ambiente, representantes políticos o por otros análogos”. En este grupo están València, Castellón y Elche.

En el caso del Ayuntamiento de València, el bipartito del PP y Vox solo tendrá en cuenta los resultados de las seis estaciones de calidad del aire municipales, ubicadas la mayoría en parques, para evitar aplicar restricciones de tráfico en la zona de bajas emisiones, dejando de lado el informe de la Universidad Politécnica, cuyos autores piden “rigor científico”.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, comentó tras tener conocimiento de la investigación que el Defensor les ha pedido que contesten a una serie de preguntas sobre si vamos o cumplir o no vamos a cumplir con lo que establece la normativa: “Obviamente vamos a cumplir, por lo tanto no tiene por qué haber ningún problema. Estamos con los informes técnicos para decidir las medidas a adoptar y justo me acaba de llegar el informe sobre los niveles de contaminación y a partir de ahí ya puedo elaborar escenarios para poder regular en una ordenanza los diferentes supuestos. La ordenanza estará cuanto antes”, dijo el edil, aunque es casi imposible que pueda estar aprobada antes del 31 de diciembre, puesto que requiere de un plazo de exposición pública para la presentación de alegaciones.

El informe al que se refiere Carbonell aún no se ha hecho público y tan solo se conoce que lo ha elaborado la empresa Suez Air Quality & Climate y que según el concejal “no es necesario aplicar sacrificios relevantes asociados a la normativa de Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, ya que no se superan los umbrales estipulados por la norma”.

La realización de este estudio se ha hecho en base a las estaciones oficiales medidoras de calidad del aire de la ciudad, que pertenecen a la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCCA) y que se encuentran en la Avenida de Francia, en el Bulevar Sur a la altura del cementerio municipal, en la Avenida Pío Baroja, la calle Filipinas, en el Camino de Vera, los Jardines Municipales de Viveros y en la Plaza del Ayuntamiento.

Sin embargo, un estudio de la Universidad Politècnica, de los profesores José Vicente Oliver i Edgar Lorenzo, del grupo de investigación contra el cambio climático del Instituto de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, basado en mediciones hechas con una red de sensores de dosimetría pasiva con más de 600 unidades distribuidas por toda la ciudad, en los datos ofrecidos por las estaciones fijas y en la aplicación de sistemas de teledetección satelitaria del programa Copernicus. En base a estos datos, se concluye que “el 49% de las mediciones hechas superaron los límites fijados y esto implica que, hoy en día, la población de 34 de los 70 barrios monitorizados vive en zonas en que la calidad del aire representa un riesgo serio para la salud”.

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