El PP y Vox pasan del informe de calidad del aire de la Politècnica para evitar aplicar la zona de bajas emisiones en València

El equipo de gobierno del PP y de Vox en el Ayuntamiento de València niega el rigor científico de los estudios sobre calidad del aire de expertos de la Universidad Politècnica y, por lo tanto, no los tendrá en cuenta en la hora de poner en marcha la zona de bajas emisiones.

Así lo confirmó el pasado viernes 10 de noviembre el portavoz municipal del PP, Juan Carlos Caballero, después de la junta de gobierno en que anunció que llevarán al pleno del martes una moción para dejar sin efecto la aprobada en la sesión pasada con los votos del PSPV y de Compromís, debido a que quedó el equipo de gobierno en minoría, puesto que parte de sus ediles salieron a almorzar.

Por medio de esta moción aprobada y que quedará anulada el martes, el ejecutivo que dirige la alcaldesa María José Catalá se comprometió a tener en cuenta el informe mencionado en la hora de aplicar la zona de bajas emisiones, después de afirmar el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, que no se aplicarían restricciones de tráfico ni sanciones, “salvo que se superan los umbrales de contaminación, cosa poco probable, puesto que ningún barrio de València llega a los límites estipulados”.

El estudio de la Politècnica, de los profesores José Vicente Oliver i Edgar Lorenzo, del grupo de investigación contra el cambio climático del Instituto de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, está basado en mediciones hechas con una red de sensores de dosimetría pasiva con más de 600 unidades distribuidas por toda la ciudad, en los datos ofrecidos por las estaciones fijas y en la aplicación de sistemas de teledetección satelitaria del programa Copernicus. En base a estos datos, se concluye que “el 49% de las mediciones hechas superaron los límites fijados y esto implica que, hoy en día, la población de 34 de los 70 barrios monitorizados vive en zonas en que la calidad del aire representa un riesgo serio para la salud”.

Ambos expertos advierten que, “claramente y con el máximo rigor científico, no limitar el acceso a vehículos contaminantes en la ZBE es precisamente no implementar una ZBE, siguiendo los límites de contaminación establecidos por la Directiva 2008/50 de la Comisión Europea”, cosa que, además, desde el Ministerio de Transición Ecológico se advirtió que puede implicar la pérdida de 10 millones de euros en ayudas.

Aun así, la moción que llevará el PP al pleno del martes considera que este informe no está actualizado, que no hay ninguna razón para tomar como referencia los valores límite de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como punto de partida, puesto que van más allá de los establecidos en la normativa vigente y que, por tanto, el Ayuntamiento se basará en las mediciones de las siete estaciones fijas del Ayuntamiento (la mayor parte situadas en zonas de baja densidad de tráfico), junto con cuatro más de la red de vigilancia de la ciudad.

Según el equipo de gobierno, la normativa vigente exige definir objetivos que permiten cumplir los valores límite de calidad del aire que fija el Real Decreto 102/2011, así como incluir medidas para lograrlos y la calendarización de estas, pero no exige ningún calendario respecto de los valores guía de la OMS, mucho más drásticos, sino que la ZBE contribuirá a lograrlos.

Por este motivo, el objetivo del PP es cumplir la legislación vigente en los términos estrictos contribuyendo así, por ltanto, a la mejora de la calidad del aire, que se presupone por el hecho de cumplir esta legislación y, por otro lado, no exigir a la ciudadanía sacrificios calendarizados que vayan más allá de este cumplimiento, es decir, que basándose en sus mediciones, en la práctica no habrá restricciones, al menos de manera inmediata, salvo que las estaciones fijas detectan que se superen los umbrales de contaminación.