El Gobierno central destina 22,5 millones a la polémica ampliación del Puerto de València que aún no ha aprobado

“En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021 se incluye una anualidad para la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de 121,2 millones de euros, de los que 22,5 millones están relacionados con la nueva terminal de contenedores en la ampliación Norte. La inversión de la APV en esta terminal totaliza 424 millones de euros y está prevista una inversión privada adicional de 1.000 millones de euros”.

Así reza la respuesta facilitada por el Gobierno central al senador valenciano de Compromís, Carles Mulet, en relación a la situación de la infraestructura y a las inversiones previstas en ella.

La importante cuantía que prevé destinar el Gobierno solamente para este año contrasta con las dudas que mantiene con respecto al proyecto Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, que mantiene paralizado el polémico plan desde hace ya un año por las dudas generadas en torno a la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que obtuvo en el año 2007, sobre una ampliación totalmente diferente a la que ahora se pretende llevar adelante.

Según Mulet, el hecho de tener un presupuesto aprobado para un proyecto que carece de una evaluación ambiental, o que al menos no está resuelta, da la sensación de que están “trabajando en la sombra y con opacidad, destinando ya partidas a proyectos que no cuentan con el consenso mínimo necesario”.

En el último consejo de administración celebrado el 18 de diciembre, la APV aprobó la suspensión del procedimiento administrativo para la adjudicación de la construcción y gestión de la futura terminal norte a la compañía TIL, filial de la naviera MSC, mediante una concesión a 50 años. El plazo de la suspensión fue de tres meses, el máximo establecido por la ley de procedimiento administrativo, a contar a partir del pasado 30 de noviembre.

El parón se debe a que Puertos del Estado sigue sin pronunciarse sobre la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007, basada en un proyecto radicalmente diferente al actual. La APV espera tener una respuesta de Puertos del Estado para el consejo de administración de este mes de febrero, justo cuando finalice la suspensión de tres meses aprobada.

Investigación del Tribunal de Cuentas

El proyecto de ampliación se encuentra además inmerso en una investigación. El Tribunal de Cuentas ha abierto una pieza de acción pública para investigar presuntas irregularidades de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en lo operación aprobada para rescatar la concesión de los astilleros de Unión Naval de Valencia S. A. a cambio de otra concesión en unos terrenos de 4.700 metros cuadrados a favor de Boluda Corporación Marítima S. L., donde el empresario y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, tiene previsto construir un edificio de oficinas de 13 alturas.

Como informó elDiario.es en exclusiva, la Comissió Ciutat-Port, integrada por entidades como la Associació de Veïns y Veïnes de Natzaret, Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns y Veïnes Grau-Port, Per l'Horta y Ecologistes en Acció, presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el consejo de administración de la APV el pasado mes de diciembre.

La plataforma vecinal y ecologista considera que no se ajustan a derecho las compensaciones otorgadas a Boluda Corporación Marítima S.L., propiedad de Vicente Boluda, para rescatar la concesión de Unión Naval de Valencia S. A. y ejecutar en esos terrenos la nueva terminal de cruceros, a cambio de otra concesión en otra parcela de 4.700 metros para construir un edificio de oficinas de 13 alturas.

Esta operación viene como consecuencia de los cambios introducidos en la ampliación del Puerto del València con respecto al proyecto original que obtuvo la DIA en 2007. El nuevo plan aprobado por el consejo de administración de la APV que preside Aurelio Martínez implica el traslado de la terminal de cruceros, ubicada actualmente junto a los diques de abrigo, a los terrenos de los antiguos astilleros de Unión Naval de Valencia S. A., cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM) S. L.