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VÍDEO | El desahucio de 13 familias en Montserrat se zanja con seis aplazamientos y el abandono de siete pisos

Alin con su hijo en brazos frente a los agentes de la Guardia Civil.

Carlos Navarro Castelló

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“Nos han dado 10 días hábiles para intentar mover algún papel y que nos dejen quedarnos. Nosotros tenemos dos niños pequeños de uno y dos años y no tenemos donde meternos. Vamos a intentar que nos pongan un alquiler social, no nos negamos a pagar. Estamos aquí por necesidad, no nos agrada estar así, nos da mucha vergüenza todo esto, no sabemos cómo llevarlo. Suerte que los chicos de la PAH nos han ayudado”. Este es el testimonio de Alin, un joven de 26 años afectado junto a su pareja y sus dos hijos por los 13 desahucios que estaban previstos para este miércoles en un bloque de 54 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ubicadas en las calles de la Pau y de Metge Manuel Llombart de Montserrat (València), un municipio de 9.300 habitantes.

Según comprobó in situ elDiario.es, una importante dotación de agentes de la Policía Local y de la unidad de intervención de la Guardia Civil acordonaron la zona a primera hora de la mañana de este miércoles para garantizar la seguridad del operativo y de la comitiva judicial, ante la atenta mirada de una docena de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Numerosos vecinos y vecinas de la zona se acercaron a presenciar el dispositivo y algunos de ellos denunciaron que algunas de las familias que ocupaban las viviendas de forma ilegal increpaban al vecindario cuando se acercaba a los jardines aledaños e incluso traficaban con droga.

Sin embargo, muchas de estas familias abandonaron las viviendas antes de que se hicieran efectivos los desahucios. Fuentes de la Sareb informaron a esta redacción que la comitiva tapió las 12 viviendas que estaban vacías y que de las 13 habitadas con orden de desahucio, siete habían sido abandonadas y desvalijadas por sus ocupantes. A las seis familias restantes se les ha dado un plazo de 10 días para acreditar situación de vulnerabilidad ante los juzgados para poder acordar un alquiler social. Al resto de familias hasta las 54 del bloque se les ha facilitado una venta preferencial o un alquiler social.

Según explica Alin, entraron al piso “hace seis meses pagando 1.000 euros por la apertura de la puerta” y añade: “Luego no teníamos luz, no teníamos agua, no nos daban la llave del patio, nos cerraban el patio. Hemos pasado por muchas cosas y ahora que estábamos más tranquilos nos pasa esto. Yo tengo un contrato de 60 horas que con eso no se cobra mucho y mi pareja tiene una nómina muy bajita, entre los dos no llegamos ni a 800 euros al mes. Me han hecho fijo con esas 60 horas y con el tiempo me pueden ir subiendo, solo espero que esperen un poco y que nos ayuden un poco pagando un alquiler bajito y que nos lo vayan subiendo conforme suban los ingresos. El problema es que hoy en día te buscas un piso y además de que no lo podemos pagar te piden dos meses de fianza más el mes en curso, ¿de dónde saco yo 2.000 euros si tengo que dar de comer a mis hijos?”.

La PAH ha estado acompañando a este grupo de personas y “sí se ha conseguido claramente que la Sareb no las tire y, además, envía a un trabajador social que está estudiando la situación de vulnerabilidad o no que tienen para ofrecer, si hay vulnerabilidad contrato de alquiler y si no, venta (preferente)”.

Desde la PAH instan a la Sareb a “analizar las situaciones”. El problema más grave --sostienen-- es que, desde hace muchísimos años, el planteamiento es que la Sareb tiene como primera prioridad “rescatar a los bancos porque tenían miles de viviendas y esas miles de viviendas no sabían los bancos qué hacer con ellas”.

“Pedimos a la Sareb, pedimos al gobierno actual, al que ha habido y a todos los demás, porque creemos que tienen responsabilidad, tanto comunidad autónoma como ayuntamientos, que cambie el procedimiento de la Sareb”, insisten.

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