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El origen de las acciones de Ximo Puig: cuando los partidos políticos se compraban periódicos

El expresidente de la Generalitat Joan Lerma y el del Gobierno, Felipe González, en una reunión en Valencia.

Sergi Pitarch

En mayo de 1984 se celebró la primera subasta de los periódicos integrados por UCD en la cadena de Medios de Comunicación Social del Estado. Dos de los tres diarios con que contaba el Movimiento en la Comunidad Valenciana encontraron comprador en aquella ocasión. Mediterráneo, de Castelló, e Información de Alicante. Este último adquirido por el empresario Javier Moll, fundador y presidente del grupo Editorial Prensa Ibérica, que en aquel contaba con dos periódicos en Canarias, La Provincia y El Diario de Las Palmas.

La ausencia de ofertas por Levante en la primera y en la segunda subasta llevaron al Consell de Joan Lerma a facilitarle un crédito de la Caixa d'Estalvis Provincial de València, presidida por el también titular de la Diputación Francisco Blasco, para que lo comprara y evitara el cierre.

Sólo uno de la veintena diarios públicos vendidos en almoneda, Sur, de Málaga, fue adquirido por sus trabajadores a pesar de las ventajosas condiciones que les ofrecía la Administración para adquirir la propiedad de los medios de producción. El comité de empresa de Levante, compuesto mayoritariamente por CCOO y CNT, boicoteó esta opción de compra e incluso convocó una larga huelga para agravar la situación en la que se encontraba. Castelló constituyó una excepción distinta a la de Málaga. Lo que hubo en La Plana fue un movimiento social, impulsado en buena medida por el PSPV, para evitar que Mediterráneo se cerrara o cayera en unas solas manos.

El PSPV-PSOE y esos accionistas minoritarios -muchos extrabajadores de Mediterráneo que habían sido despedidos por los anteriores gestores- se hicieron con el control del periódico invirtiendo cientos de millones de pesetas de entonces. El PSPV-PSOE pasaba así a tener el control de un periódico en 1984 y entre los accionistas minoritarios estaba el actual presidente de la Generalitat Ximo Puig, que en aquella época ya había dejado su corta vida de periodista y trabajaba en el gabinete de Joan Lerma. También uno de los hombres fuertes en la época, Rafael Blasco, ahora en prisión tras sus desmanes como conseller del PP, compró acciones -en concreto dos-, como también otros históricos cargos socialistas. 

El periódico Mediterráneo, en el que Ximo Puig continúa teniendo 210 acciones valoradas en 177.886,8 euros, funcionó más o menos bien hasta que el Grupo Zeta llamó a la puerta de los accionistas para hacerse con el control. 

Algunos pequeños inversores militantes y cargos socialistas se habían aglutinado en una sociedad denominada Eivisa en 1988. En 1999 decidieron ceder sus participaciones en Pecsa, alrededor del 22% del capital, al PSOE federal por una peseta, que utilizó los fondos para mejorar su delicada situación económica tras sus largos años en la oposición. 

Así, el partido vendió el paquete donado por algunos militantes y cargos y Antonio Asensio fue consiguiendo incrementar sus participaciones para controlar el diario.

Zeta continuó adquiriendo acciones de los minoritarios hasta hacerse con el 84,95% del capital de Mediterráneo. Uno de los en otro tiempo socialistas como Rafael Blasco fue de los últimos en vender sus participaciones. En los 90 y primeros años de la década del 2000, así como en 2016 y 2017, el periódico líder en Castelló ha repartido millones de euros en dividendos para los accionistas. 4,5 millones entre 2004 y 2006, por poner un ejemplo.

Ximo Puig nunca quiso vender a Zeta sus 210 acciones que ahora siendo presidente de la Generalitat Valenciana le han puesto en una situación delicada tras la operación de compra del grupo por Editorial Prensa Ibérica. Tampoco hizo caso a los que le recomendaron dejar las acciones cuando llegó al Palau de la Generalitat y a una oferta del propio Javier Moll.

En la actualidad se ha cerrado el círculo. El grupo de Javier Moll que no pudo comprar Mediterráneo de Castelló en los años 80 se ha hecho con el control del 84,95% de las acciones. Con EPI, son ahora accionistas el propio Ximo Puig, con el 1,2%, y los empresarios Gabriel Batalla (Becsa), con el 2%, Enrique Gimeno (Facsa) o Benjamín Casañ, también accionista minoritario de Porcelanosa. Pocos nostálgicos de los 80 quedan en el accionariado con una, dos o a lo sumo 16 acciones.

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