Las próximas elecciones catalanas

La comparación de la participación en las elecciones generales y en las elecciones parlamentarias catalanas desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 y del Estatuto de Autonomía en 1980 depara un contraste sorprendente. En las diez elecciones generales celebradas entre 1979 y 2011 la participación media es de algo más del 70% del censo electoral. En las nueve elecciones parlamentarias catalanas entre 1980 y 2010 la participación media está un poco por debajo del 60%.

En las elecciones posteriores a 2011 la participación electoral se mantiene tal como lo había hecho hasta ese momento en las elecciones generales. En Catalunya, por el contrario, en las elecciones de 2012 la participación sube al 67,66 %; en las de 2015, al 77,46 % y en las de 2017 al 81,94 %. Desde 2015, sobre todo, tras la celebración de los referéndums de 9 de noviembre de 2014 y de 1 de octubre de 2017, la participación electoral en Catalunya ha aumentado en 20 puntos su participación electoral con respecto a su serie histórica y se ha situado diez puntos por encima de la participación en las elecciones generales.

Este es el marco de referencia que habrá que tener presente en el análisis de las próximas elecciones catalanas, se celebren cuando se celebren. El tránsito de la autonomía a la independencia por parte del nacionalismo catalán, que empieza a prefigurarse en la consulta electoral de 2012 y que resulta ya inequívoco en las elecciones de 2015 y 2017, ha supuesto un incremento extraordinario en la participación electoral.

En las elecciones parlamentarias en País Vasco y Galicia en julio de 2020 la participación se redujo en diez y cinco puntos respectivamente respecto de las celebradas en 2016. Se pasó del 60% al 50% en País vasco y del 53% al 48% en Galicia. Es la única referencia de que disponemos para unas elecciones en tiempo de COVID-19. Conviene recordar que se celebraron cuando la infección estaba aumentando de manera significativa, hasta el punto de que se tomó la decisión de impedir el ejercicio del derecho de sufragio a un número de ciudadanos indeterminado, ya que solamente conocemos el número de los que interpusieron un recurso contra dicha decisión. La decisión fue avalada de manera poco comprensible por la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero eso importa poco en este artículo.

No parece que los precedentes vasco y gallego sean relevantes para las próximas elecciones catalanas. Ya el punto de partida de 2016 en lo que a la participación electoral en ambas comunidades en comparación con la de Catalunya por esas fechas apunta en esa dirección. Si añadimos que tanto País Vasco como Galicia contaban con un sistema de partidos estable y con un Gobierno asentado, cuya continuidad, por lo que indicaban todas las encuestas, no estaba en juego, se comprende fácilmente que el incentivo para acudir a las urnas no fuera alto. Los resultados electorales fueron los clásicos resultados de lo que se denomina en ciencia política una approval election, que suelen ser elecciones de baja participación. Su repercusión en el sistema político español tampoco cabía esperar que fueran significativos.

En Catalunya ocurre todo lo contrario. Desde hace diez años Catalunya vive en un estado de excitación política permanente del que la participación electoral es un claro exponente. La norma catalana ha pasado del 60 % durante más de treinta años al 80% en poco más de cinco. El subidón de la fiebre ha sido espectacular. Dicho estado de excitación se ha traducido en un auténtico terremoto en su sistema de partidos, que ya no puede ser calificado siquiera de tal. La predictibilidad electoral ha desaparecido en el subsistema político catalán. Hay una línea divisoria entre partidarios de la independencia y partidarios de mantener la integración dentro del Estado que se mantiene estable. Pero en el interior de cada uno de los dos espacios de esa línea divisoria estamos asistiendo a un prolongado 'enjambre sísmico'. En el sistema de partidos español también se han producido notables alteraciones, pero no tienen comparación con las que se han producido en Catalunya. El lector que tenga curiosidad puede mirar los resultados electorales en Catalunya en las elecciones generales de 2011, 2015 y 2019 y en las elecciones catalanas de 2012, 2015 y 2017. El subsistema político catalán se ha convertido en una suerte de montaña rusa.

Los resultados electorales en Catalunya no afectan solamente a la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma, sino que inciden directamente en la gobernabilidad del Estado. Sin autogobierno estabilizado en Catalunya no hay Gobierno estabilizado en España. El último Gobierno 'aparentemente' estable en España fue el de Mariano Rajoy entre 2011 y 2015, que fue un Gobierno 'negacionista', que rechazó aceptar que en Catalunya había un problema de naturaleza constitucional que tenía que ser resuelto políticamente. La 'negación' del problema acabó conduciendo a un 'estado de excepción autonómico', que se lo acabó llevando a él por delante, pero cuyas consecuencias todavía están gravitando sobre la dirección política del país.

Estas próximas elecciones catalanas son las primeras que se celebran con Pedro Sánchez como presidente. Pedro Sánchez no puede olvidar que es presidente por una moción de censura que fue posible porque el nacionalismo catalán en bloque la votó. De no haber sido así, no se habría podido contar con el PNV.

El 'bloque de partidos' que puede garantizar el Gobierno del Estado se va a ver afectado inevitablemente por el resultado de las elecciones catalanas. Puede serlo de manera negativa, lo que nos situaría ante una crisis constitucional de consecuencias imprevisibles. Pienso que no va a ser así.

Pero también pienso que se puede descartar que los resultados electorales incidan de manera inequívocamente positiva en la gobernabilidad del Estado. Se puede evitar una catástrofe, pero poco más. Catalunya, la integración de Catalunya en el Estado seguirá siendo, después de la monarquía, el problema constitucional más importante con que el Estado español tendrá que enfrentarse. Independientemente de la fecha en que se celebren las elecciones.