Derecho y subversión: los trabajadores forzosos de la RDA no estaban solos

Ikea, Aldi, Quelle, Siemens y algunas más; de los trabajos forzados de la RDA se beneficiaron más de 6.000 empresas de la Alemania Occidental y del extranjero. Hasta 30.000 reclusos, entre ellos muchos presos políticos, tuvieron que trabajar para compañías occidentales en cárceles de la RDA. Esto es lo que confirma un informe de investigación que se presentó hace pocos días en Berlín. Ikea encargó la realización de dicho informe después de que hace dos años la compañía de mobiliario sueca se enfrentara a acusaciones ante la opinión pública por este motivo.

El comportamiento de las autoridades de la RDA en realidad no sorprende; porque nadie lo pone en duda: en la RDA se espió a los opositores, sufrieron persecución política y a algunos se les condenó a penas desproporcionadas. A ellos se les unió un considerable número de presos a los que se les puede denominar también como “políticos” en el sentido más amplio de la palabra. Por ejemplo, los pertenecientes a subculturas como la escena gay, los cuales fueron llevados a la cárcel por su llamado comportamiento antisocial.

Pero también a algunos de los que fueron encarcelados por otros motivos se les aplicaron penas que atentaban contra los derechos humanos. Por ello, no asombra que estas prácticas salgan de nuevo hoy a la luz en el contexto de la producción para empresas occidentales. Sin embargo, ello debería constituir una advertencia para los nostálgicos de la RDA, para que no permitan que las críticas justificadas a la situación económica actual vayan acompañadas de una glorificación del autoritarismo de entonces.

Tampoco sorprende que Ikea y otras empresas utilizaran encantadas y sin hacer demasiadas preguntas mano de obra barata procedente de cárceles de la RDA. Todavía hoy funciona el argumento del: “¿Cómo íbamos a saberlo nosotros?”. Hoy como ayer, los consorcios occidentales consiguen extraer materias primas en muchos lugares del mundo sólo a costa de vidas humanas, cooperan con regímenes criminales y explotan a presos en países como Vietnam y China.

Ahora Ikea ha pagado, según informan los periódicos, 120.00 euros por el estudio. Pero, al parecer, el consorcio no piensa abonar indemnizaciones a los que fueron explotados en aquel entonces. En todo caso, dice, estaría dispuesto a pagar si se creara un fondo bajo el paraguas de la República Federal de Alemania en el que participaran también otras empresas.

Se ha de decir a favor de la República Federal que ésta ha rehabilitado e indemnizado a parte de las personas que padecieron graves injusticias a manos de la RDA. Sin embargo, eso no basta. Se debería obligar a las empresas a indemnizar a los grupos de afectados o bien a participar en un fondo tan rápido como sea posible.

De forma simultánea deberían modificarse las normas para las empresas: quien coopere con los responsables de delitos contra los derechos humanos u obtenga beneficios aprovechándose de ellos debería asumir responsabilidades civiles y penales. Todas las compañías tienen la obligación de informarse activamente sobre la situación de las regiones en las que realizan actividades económicas y también de asegurarse de que no están prestando apoyo a sus actos. No deberíamos dejarle pasar a nadie el siempre escandaloso: “Nosotros no sabíamos nada acerca de ello”.

Pero también hoy rige lo siguiente en la aplicación de penas en la República Federal de Alemania: deben abolirse los trabajos forzados en cárceles y aquellos que han de trabajar deben percibir una remunerac