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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

El inmovilismo como política de Estado frente al conflicto vasco

ETA dispuesta a iniciar la entrega de sus armas antes de Navidad

La decisión de entrega unilateral de las armas por parte de ETA, por mucho que se pretenda devaluar –por haber sido forzada por el acoso permanente de la policía francesa y española y por ser tardía– debería producir efectos tangibles en relación con el conflicto vasco.

Aunque según el tradicional esquema Rajoy de no ver los problemas, y en todo caso dejarlos dormir a la espera de que se resuelvan solos o en su defecto se los resuelva otro, lo cierto es que afortunadamente la sociedad civil vasca en su mayoría ha sabido salir adelante, ocupando el vacío de un Gobierno central que no asume que nos encontramos inmersos en un proceso transicional, y tomando la iniciativa en distintos frentes para superar los traumas de la división y enfrentamiento agudo y violento del pasado para lograr una paz duradera, sostenible e inclusiva.

Pero es necesario dar más pasos para avanzar y profundizar en la reconciliación y la convivencia pacífica. Caminar para hacer posible la superación de los traumas y emociones íntimamente ligados a los episodios de violencia como el odio o el rencor y que provocaron a lo largo de décadas de violencia la deshumanización del "otro" y sumieron a la sociedad en una profunda polarización. Y es que es la única fórmula para desactivar aquellos factores o elementos que puedan estar permanentemente realimentando el conflicto y el enfrentamiento (aunque ya no sea a los mismos niveles que en otros momentos) y de esta manera cerrar definitivamente el ciclo de violencia.

La entrega de armas, y el desmontaje de toda la estructura militar de ETA son pasos que –junto con su propia disolución–, a pesar de suponer algo más simbólico que real y efectivo, ETA debe dar. Pero también son pasos a dar la solución a la cuestión de los presos –con su normalización jurídica y reintegración social– como también la recomposición de las asociaciones de víctimas, para que reconduzcan su actividad a la estricta defensa de los intereses de las víctimas en los ámbitos en los que sea necesario, pero sin pretender ser actores políticos privilegiados, al servicio exclusivo en muchos casos de los intereses del partido en el Gobierno.

Las declaraciones del presidente Rajoy y del ministro del Interior de su gobierno no pueden ser por el momento más desalentadoras y esperemos que no dejen de ser más que una mera "postura mediática" y que en la trastienda sean más abiertos en la negociación política que, en varios frentes –presos de ETA incluidos–, mantiene el Gobierno central con el ejecutivo vasco, en un momento complicado para la "unidad" España.

Estas manifestaciones de Rajoy y de su ministro parten del común de pretender parapetarse en la ley y exclusivamente en ella, como un mantra, como si las leyes fueran de procedencia divina y por lo tanto intocables. Pero nada más lejos de la realidad, se trata de planteamientos de política criminal y penitenciaria. Siendo esta última especialmente activa después de años de cese de la lucha armada, extraordinariamente dura, intransigente, discriminatoria e injustificadamente excepcional en estos momentos. Las leyes pueden ser modificadas para acomodarlas a los cambios políticos y diseñar otras formas de política criminal más acordes con la evolución de situación actual.

En el ámbito penitenciario, las políticas de dispersión de los presos de ETA, amparadas en razones de seguridad ya inexistentes, suponen en estos momentos un gran palo en la rueda de la paz debido a las implicaciones político-sociales para el proceso en general y personales para los presos y sus familias. Además, dificultan gravemente la implantación de proyectos de tipo restaurativo destinados a la reintegración de los presos y la reconciliación.

Por otro lado, las políticas penitenciarias resultan en la práctica desiguales y discriminatorias en relación con los presos de ETA. La gran autonomía de la que goza la administración penitenciaria, competente para promover la progresión de grado penitenciario, los beneficios penitenciarios y la posibilidad de cumplimiento de la última parte de las penas en libertad condicional, provoca que los presos de ETA cumplan sus penas en su integridad en régimen de internamiento penitenciario, de forma diferente a lo que ocurre con otra clase de presos (que cumplen la última parte de pena en régimen abierto o el libertad condicional para preparar el pase a la situación definitiva de libertad).

El resultado es un sistema de cumplimento para los presos de ETA en régimen especialmente severo con mantenimiento indefinido del primer grado penitenciario sin progresión de grados, que implica, además de la dureza de las condiciones penitenciarias, la imposibilidad de disfrute de permisos penitenciarios o posibles beneficios penitenciarios o la aludida liberación condicional; aislamiento de presos en determinados casos; e incluso puesta en práctica instrucciones penitenciarias que empeoran gravemente la situación precedente en relación con presos gravemente enfermos, hasta el punto de que postergan su liberación al momento de su muerte inminente o que revisan retroactivamente los beneficios penitenciarios bajo el régimen del código penal anterior, incluso los ya obtenidos por estudios superiores u otros semejantes, empeorando de forma muy significativa las condiciones para su obtención.

Además, leyes como la Ley Orgánica 7/2003, de cumplimiento íntegro de las penas o la Ley Orgánica 7/2014, de exclusión de cómputo de penas cumplidas en el extranjero a presos de ETA, que expresamente prohíbe tener en cuenta las condenas cumplidas en Francia y que ha causado un gran malestar debido a su falta de reciprocidad, hacen poco probable o casi imposible la reinserción de estos colectivos. Ante este escenario, debemos preguntarnos qué futuro les espera a los penados de ETA si, como es más que probable, decidieran dar el siguiente paso y renunciaran a planteamientos colectivos frente a la legalidad penitenciaria y someter sus situaciones individualmente a ella. Qué reconocimiento tendría este paso de enorme valor simbólico, que implica una clara actitud de sometimiento a la legalidad y de claudicación de las posibilidades de obtención de salidas negociadas para los presos.

Todo esto nos lleva a una única posible reflexión, el Gobierno debe dejar de cultivar el miedo, el odio y la polarización de la sociedad a través de sus políticas criminales y penitenciarias en relación con ETA –que ya no tienen otro sentido ni explicación que la de dar satisfacción a determinados colectivos de víctimas anclados en la revancha y la venganza– para, de forma responsable, dar paso a políticas que propicien la definitiva superación del conflicto, favoreciendo, entre otras, experiencias de tipo restaurativo que permitan alcanzar la reconciliación de la sociedad. Debe dejar de atrincherarse en el pasado y machaconamente acudir a etiquetas tabú como el propio término "terrorista", que se utilizan como pretexto porque parece que impiden normalizar situaciones. En este sentido, la reintegración social de los presos es un elemento clave por su carácter inherente a todo proceso de paz que busque su viabilidad a medio y largo plazo.

Resulta imprescindible generar espacios en los que se puedan expresar libremente los sentimientos de injusticia y agravio de todos así como trabajar las respectivas emociones de manera colectiva utilizando la empatía como componente activo del proceso. En definitiva, proyectos de tipo restaurativo como la Vía Nanclares, en coma inducido por el Gobierno desde hace años. Programas que, a través de fórmulas que no impliquen una mayor criminalización innecesaria, permitan la resolución de crímenes hasta ahora no resueltos, que aporten verdad a las víctimas, reparación y reconocimiento del dolor causado.

No nos encontramos ante una transacción, ni ante ninguna negociación por parte de ETA, que es como lo quiere presentar ante la opinión pública el Gobierno. ETA no tiene condiciones para ello. Sino que se trata de una nueva oportunidad que se le ofrece, de un órdago al Gobierno, para que podamos avanzar hacia la convivencia pacífica. Pero si permanece inmóvil, a lo que ya nos tiene acostumbrados, la esperanza que nos queda es que sea de nuevo la sociedad civil la que termine tomando el liderazgo y busque salidas.

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Publicado el
22 de marzo de 2017 - 20:09 h

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