Paz en Colombia, ¿una Pax Romana?

No cabe duda que debemos felicitarnos por la ratificación de los últimos Acuerdos de Paz alcanzados entre las FARC y el Gobierno de Colombia. Para una sociedad que ha sufrido mas de medio siglo de violencia por supuesto que son buenas noticias, pero el acuerdo finalmente logrado no puede dejar otro sabor que el agridulce, así como un profundo sentimiento de preocupación e incertidumbre a cerca del futuro.

Las posibles lecturas del acuerdo final, alcanzado tras el fallido plebiscito del pasado mes de octubre, pasan por aceptar que ha supuesto un triunfo para el Uribismo y el resto de sectores que apoyaron el “no”, que insaciables,  todavía se muestran insatisfechos con los acuerdos definitivos, pese a que se han incorporado gran parte de sus demandas. Por otra parte, las últimas negociaciones que condujeron al acuerdo definitivo fueron un pacto entre élites, prescindiendo de la presencia de los actores sociales que han jugado un rol vital durante el largo proceso de negociaciones en la Habana. Estos últimos comparten la opinión de que el acuerdo de noviembre ha convertido la paz en Colombia en una pax romana: una  paz de  vencedores con unos claros perdedores que son las víctimas –especialmente minorías y grupos tradicionalmente desfavorecidos- que, difícilmente se van a beneficiar en la misma medida que otros sectores de la sociedad colombiana de los progresos que sin duda traerá la pax romana a Colombia.

Este es el primero de una serie de artículos en los que se abordarán, desde esta perspectiva crítica, varios aspectos de los Acuerdos de Paz.

Todo aquel que se haya aproximado a la realidad colombiana sabe que la cuestión del territorio ha sido central durante todo el conflicto: miles de propiedades han sido arrebatadas por la fuerza, coacción o mediando el engaño a sus legítimos propietarios y según los datos con los que cuenta ACNUR, en febrero de 2016 el número de personas registradas oficialmente como desplazadas internas ascendía a 6,9 millones. Colombia encabeza la lista internacional de países con más desplazados forzosos, puesto que desgraciadamente le disputa en la actualidad Siria.

Las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes han sido las más afectadas por la violencia derivada del control del territorio por parte de distintos actores en el conflicto armado como las FARC, el ELN, los paramilitares -en ocasiones ayudados por los militares- o bandas criminales. Ello debido a la gran fertilidad de las tierras y riqueza mineral de su subsuelo, utilizadas en gran medida por estos actores para plantaciones ligadas al narcotráfico y para facilitar la implantación de megaproyectos empresariales agrícolas y ganaderos o de extracción masiva de recursos naturales. 

Alrededor del 3.5% del total de desplazados son indígenas a pesar de que no son más de 1,4 millones en todo el país (alrededor de un 3% de la población total). Estas cifras no son casualidad, y es que las distintas poblaciones indígenas de Colombia controlan un 30% del territorio nacional. Para las comunidades indígenas la tierra no es solo un medio de vida, supone un lazo vital, central en su cosmovisión, y parte fundamental de su propio sistema económico, social y cultural. Desarraigarlos de su territorio pone en gran peligro a estas comunidades, algunas de ellas en riesgo de extinción, al verse privadas del elemento central de su identidad: la tierra.

Al igual que el territorio ha sido uno de los elementos centrales del conflicto también debía serlo en los acuerdos de paz. En ellos, las partes admiten la naturaleza estructural de la violencia del conflicto. Una forma de violencia subyacente  que, como en la pax romana, no desaparecerá con el alto el fuego, seguirá  afectando a una gran parte de la sociedad colombiana y está estrechamente ligada a la cuestión del territorio. El problema se aborda desde una perspectiva doble en los acuerdos: a través de la reforma agraria y de las políticas anti-droga.

La reforma agraria ocupó uno de los ejes centrales de las negociaciones entre las FARC y el gobierno. Sin embargo, en el acuerdo definitivo se ha previsto la devolución de tan solo 3 millones de hectáreas de los 8 millones que se estiman fueron arrebatados a sus propietarios durante el conflicto. Se llevará a cabo a través de los llamados terrenos baldíos (grandes extensiones de tierra no titulada y de propiedad pública), cuya adjudicación se gestionará a través del Fondo de Tierras.

Por otra parte, el acuerdo confirma la legalización de 7 millones de hectáreas a través de la formalización de la propiedad. Aunque todo apunta a que no se indagará la procedencia de los títulos de propiedad, y que ésta se formalizará aunque se traten de títulos adquiridos a través del uso de la fuerza u otras formas ilegítimas .

Además, la adjudicación de los baldíos dentro del programa de restitución de tierras entra de lleno en conflicto con el polémico proyecto de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES) del presidente Santos, que cobijándose en el desarrollo rural prevé el uso de los terrenos baldíos por parte de empresas privadas, algo que con anterioridad quedaba prohibido, al reservarse la adjudicación de baldíos tan solo a campesinos. 

Dentro de las soluciones adoptadas respecto de las drogas ilícitas, resulta inquietante ver que lo que había sido aplaudido por suponer un gran avance, como es la eliminación de las fumigaciones dentro de las políticas para la erradicación de este tipo de cultivos, reaparece, si bien tímidamente, en el acuerdo definitivo. El uso de herbicidas como el glifosato, calificado por la OMS de “probablemente cancerígeno”, ha sido utilizado durante décadas en Colombia dentro de la lucha del gobierno contra los cultivos de marihuana y coca. La eliminación de las fumigaciones y el giro hacia políticas de sustitución de cultivos había sido aplaudida por campesinos, indígenas y afrodescendientes, que  han visto como estas prácticas contaminaban la tierra y el agua, lo que  a su vez ha provocado numerosos desplazamientos. 

La lucha feroz del Uribismo contra los acuerdos de paz también deja una gran sombra de duda y preocupación a cerca de la implementación de los acuerdos. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y la popularidad de Uribe en alza en las encuestas muchos se preguntan qué sucederá si éste termina volviendo al poder. Igualmente preocupa el futuro respecto de las negociaciones con el ELN, que es determinante para la consolidación de la paz y que parecen haberse paralizado ante el resultado de las habidas con las FARC.

A este clima de incertidumbre se suma el muy alarmante aumento de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos. Según datos de la Cumbre Agraria – Campesina, Étnica y Popular-, en los últimos cinco años se han multiplicado por siete el número de detenciones arbitrarias, y solo en 2016 se han registrado 94 asesinatos (siendo esta la cifra más alta de los últimos años). El número de amenazas sigue siendo también considerablemente alto (302 amenazas en 2016). Este clima de violencia está íntimamente ligado a su lucha por defender el territorio de las diversas amenazas existentes. Las que suponen distintos grupos armados, pero también  los grandes proyectos de explotación que buscan asentarse en la zona, como es el caso del sector minero-energético, o las multinacionales ligadas a la producción masiva de caña de azúcar o palma.

Ante todo este panorama interno -esperanzador, pero también incierto y preocupante- estos colectivos hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que se respeten los acuerdos de paz y cese verdaderamente la violencia, en todas sus vertientes. Los distintos actores de la comunidad internacional (Estados, instituciones, organismos, sociedad civil, etc.) tienen, sin duda, un importante papel que jugar, pero también nosotros los ciudadanos interesados a través de nuestra solidaridad tenemos nuestro propio rol en todo ello: ayudar a que la voz de los invisibles se oiga alto y claro para que la paz en Colombia no sea una mera pax romana y se convierta, además de una paz sostenible y duradera, también en una paz inclusiva y comprometida con los derechos de las víctimas, de las minorías y de los tradicionalmente desfavorecidos.