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Gobierno, formaciones políticas, empresariales y sindicales se someterán al control de los ciudadanos
Asturias —
Los ciudadanos de Asturias podrán controlar a su Gobierno, a sus ayuntamientos, a las formaciones políticas, empresariales y sindicales nada más entren en vigor las leyes de Transparencia y Buen Gobierno. Antes de su aprobación definitiva, el ejecutivo socialista de Javier Fernández abre las puertas a la ciudadanía para que participen con sus propuestas en la mejora de estos dos anteproyectos, que forman parte de la estrategia política con la que el PSOE concurrió a las elecciones autonómicas.
La intención del ejecutivo asturiano es tipificar por ley la participación de la ciudadanía en la evaluación de la política y medidas que se ejecuten. Los asturianos tienen un mes para enviar sus iniciativas y propuestas, que serán examinadas antes de incorporarlas a las futuras normativas que regirán la vida política del Principado
Con esta acción, el ejecutivo de Javier Fernández va un paso por delante de las obligaciones fijadas por la legislación estatal, al abrir a la población la participación activa en las políticas de su comunidad autónoma. De esta forma, los ciudadanos podrán controlar y escrutar las acciones del Gobierno, de las formaciones políticas, empresariales y sindicales y de todos aquellos colectivos que, durante el periodo de un año, perciban ayudas o subvenciones superiores a los 50.000 euros de las administraciones autonómicas.
Bajo el escrutinio de los ciudadanos estarán la Junta General, los ayuntamientos, todas las empresas, las fundaciones y los entes públicos, la Universidad de Oviedo y todos los consejos. A través de una plataforma oficial de Internet, los ciudadanos podrán acceder a la información institucional, económica y financiera, donde se incluye, además del destino del presupuesto, las actividades y bienes de los miembros del Gobierno, así como las indemnizaciones de los presidentes con motivo de su cese. También se informará sobre ordenación territorial y medio ambiente, la atención y participación ciudadana y sobre los convenios, contratos y subvenciones con las entidades privadas.
En la misma línea de transparencia se asienta la futura Ley de Buen Gobierno, que parte de siete principios éticos, la integridad, ejemplaridad, liderazgo, transparencia, honradez, austeridad, accesibilidad y lealtad institucional. Estos principios afectan al presidente y a todos los miembros de su gobierno, incluidos los gabinetes. Los altos cargos no podrán pertenecer a más de un consejo de administración ni recibir retribuciones, si compatibilizan, por ejemplo, su cargo con la actividad docente.
Asimismo, se contempla la destitución del cargo y la inhabilitación de ocupar otro cargo público durante un periodo de cinco a diez años en caso de cometer una infracción muy grave y la pérdida de la indemnización en caso de cese por ese motivo.
Con este paquete de medidas, el Gobierno del Principado quiere demostrar a la opinión pública que, a pesar de haber perdido el apoyo de sus aliados naturales en el parlamento, IU y UPyD, sigue con su agenda diaria y planteando reformas legislativas.
