“El Gobierno quería un conflicto para poner a los mineros como bárbaros, pero le salió mal”

Ni los partidos políticos ni el ejecutivo del Principado ni los trece ayuntamientos mineros comprenden a qué estuvo jugando el Gobierno de Mariano Rajoy con la tensa negociación sobre el futuro de Hunosa, que puso a las comarcas mineras de Asturias al borde del conflicto social. Reuniones estériles maratonianas de doce y diecisiete horas, varias jornadas de huelga en asamblea permanente y movilizaciones en las calles, eran los ingredientes necesarios para caldear el ambiente.

Jaime Martínez Caliero, responsable de Industria de CCOO y de la comisión negociadora con Hunosa, cree que la respuesta está en que “el Gobierno quería un conflicto para ponernos como bárbaros, pero le salió mal, no lo consiguieron”.

Lo primero que hizo la dirección de la hullera pública fue poner sobre la mesa de negociación 197 despidos, que se convirtieron en el punto caliente de las conversaciones y en la imposibilidad de alcanzar cualquier acuerdo.

Con los ánimos encendidos y al borde de perder la paz social, tal como alertaron las propias organziaciones sindicales, SOMA y CCOO buscan implicar a todas las fuerzas políticas e institucionales del Principado en defensa del futuro de la minería y de Hunosa como empresa estratégica de las comarcas mineras y clave en la economía asturiana, antes de plantearse un conflicto abierto con el Gobierno de Madrid.

Por primera vez, ningún representante político e institución se queda al margen. Los trece ayuntamientos mineros firman una declaración institucional en defensa de Hunosa más allá del horizonte de 2018, cuando finalizarán las ayudas públicas a la minería del carbón.

Los grupos parlamentarios suscriben en la Junta General del Principado otra declaración institucional en la que piden a la Sociedad Estatal del Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, que “establezca los mecanismos que permiten la continuidad y futuro de la empresa más allá del 1 de enero de 2019”, entre otros puntos. El PP de Asturias le da traslado como un logro a través de su oficina de información.

El presidente del Principado, Javier Fernández, también baja a la arena y exige al Gobierno de Mariano Rajoy “un compromiso político con el sector del carbón” y a la SEPI “una propuesta sensata, que garantice el futuro de Hunosa. El Gobierno tiene que reconsiderar su posición”.

La respuesta del Ejecutivo central fue una rebaja del 40 por ciento de la masa salarial, un futuro incierto para los 197 despidos y la entrada de capital privado, algo que los representantes sindicales consideran “una torpeza”, porque se trata de un sector estratégico.

En el Congreso, los diputados socialistas asturianos reclaman al Gobierno “como empresario y como político” un acuerdo con los sindicatos. Pero es en el Senado, a raíz de una pregunta del senador por IU, Jesús Iglesias, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, media en el conflicto.

En su intervención, el ministro asegura que “no habrá despidos, queremos trasladar la mayor tranquilidad a los trabajadores. Vamos a dar seguridad a Asturias, a Hunosa, al sector del carbón y especialmente a los trabajadores de esta empresa”.

“El respaldo les ha descolocado y les ha obligado a dar marcha atrás. La presión está surtiendo efecto”, dice Jaime Martínez, después de que finalizara, por el momento, la última de esas reuniones maratonianas, en la que la dirección de Hunosa ha retirado de la mesa de negociación los 197 despidos y plantea propuestas en materia de diversificación, que generarán puestos de trabajo en las comarcas mineras.

La negociación se ha desatascado, pero no está cerrada. Ahora queda el tramo del convenio colectivo y la propuesta por parte de la empresa de rebajar el 10 por ciento la masa salarial, algo que los sindicatos han dicho que no van a pasar por ello, después de los ajustes de 2001, 2012 y 2013 y la supresión de la paga de Navidad. Y otro aspecto esencial, el plan para la reactivación de las comarcas mineras.