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El derecho de las lesbianas asturianas a la reproducción asistida, supeditado a su 'impacto económico'
Asturias —
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha mantenido su decisión de limitar el acceso a los tratamientos de fertilidad de mujeres solas y a parejas del mismo sexo, sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que reconoce el derecho de estos colectivos a que la sanidad pública pague la reproducción asistida. ¿En base a qué? La Constitución proclama el principio de igualdad e impide la discriminación por orientación sexual.
El Tribunal de Justicia dio la razón a Silvia García Hernández, la mujer homosexual que se considera “una esteril social”, al que el gobierno asturiano le denegó el tratamiento de fertilidad, en base al decreto ministerial que sólo contempla la reproducción asistida en la Seguridad Social a mujeres estériles. El alto tribunal condenó a la sanidad pública a dar acceso a las reproducciones asistidas a este colectivo y, en este caso, al reintegro de 7.723 euros por los gastos en una clínica privada.
El consejero de Sanidad asturiano, Faustino Blanco, puso en conocimiento de la ministra ese derecho reconocido por la justicia, en el transcurso de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y “la incertidumbre y la inseguridad jurídica” que puede crear a las personas afectadas y a los profesionales las nuevas medidas del Ministerio.
“El inmovilismo y la cerrazón” de la ministra, según Blanco, obliga al Principado “a valorar detenidamente esta nueva situación antes de tomar una decisión, para garantizar a todas las mujeres la reproducción asistida en condiciones de igualdad”.
Lo cierto es que “el impacto económico de la medida”, según reconoció el consejero, tendrá mucho que ver a la hora de que la sanidad pública asturiana financie o no los tratamientos de fertilidad a estos colectivos, por encima de los derechos reconocidos en la sentencia del alto tribunal.
Las discrepancias entre los consejeros de las autonomías, la mayoría gobernadas por el PP, hacen “que no haya acuerdo posible”, aseguró Blanco. Los asistentes a la reunión del CISNS, donde se actualizó la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, no centraron el debate en el derecho que asiste a estos colectivos, sino en “si es un problema médico o sanitario, o si es un problema social y qué cartera de servicios tiene que tener”, añadió, quedando la cuestión sin concretar.
La falta de unanimidad en los criterios favorece la posición de la ministra Mato, que ha dejado que sean las propias comunidades autónomas las que decidan si quieren o no incluir la reproducción asistida a mujeres solteras o lesbianas en su cartera de servicios sanitarios. Para Blanco, el tema no es tan sencillo, “porque no es una decisión unilateral, es necesario contar con el Ministerio de Sanidad”.
